La organización juvenil Boy Scouts de EE.UU. (BSA, por sus siglas en inglés) ha presentado una petición de quiebra este 18 de febrero en medio de la polémica debido a las numerosas acusaciones de abusos sexuales que sus líderes, voluntarios y empleados habrían cometido contra menores.
Ese colectivo fundado en 1910 se enfrenta a unas 300 demandas por ataques sexuales, en las que al menos 13.000 de sus antiguos escultistas se presentan como víctimas. Casí 8.000 posibles abusadores están identificados en archivos disciplinarios elaborados desde 1944 y la lista de esos sospechosos incluye a policías, profesores, militares, médicos, un alcalde y un sicólogo infantil.
Los responsables de los Boy Scouts volvieron a disculparse por el daño que sus integrantes infligieron a tantos menores y explicó que el proceso de bancarrota bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras que regula la reorganización de entidades en EE.UU. le permitirá pagar "compensaciones equitativas a las víctimas" y continuar su misión en los próximos años.
La semana pasada, BSA anunció que se había asociado con 1in6, una organización sin fines de lucro que apoya a varones que sobrevivieron a violencia sexual y a James Russell Kretschmer, quien habría sufrido abusos en 1976, le "alegra" que el escándolo haya provocado que "reconozca y asuma la responsabilidad por lo que sucedió", según comentó a The Huffington Post.
El caso bajo el capítulo 11 permite revisar de manera individual las miles de acusaciones de abuso sexual y reorganizar los activos de este colectivo para crear un fondo que permita repartir compensaciones a cada víctima y no solo a los primeros que reclamen antes de que gaste todo el dinero.
También se establecerá una fecha límite posterior al día en que se presentó la petición, que suele ser de seis a 12 meses después, para que todas las víctimas comuniquen antes de que termine ese periodo si desean obtener compensaciones económicas.