El juez Daniel Obligado pidió este martes un informe de salud de Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece desde hace un año en Cuba debido a un tratamiento médico que lleva a cabo en medio de las causas por corrupción que se siguen en su contra.
Obligado, presidente del Tribunal Oral Federal número 5, emitió la solicitud en medio de las especulaciones que se desataron después de que la cineasta de 29 años abriera la semana pasada su cuenta en Instagram y comenzara a publicar fotos en las que posa con su madre o sostiene libros que reseña.
Fuentes judiciales aclararon en distintos medios argentinos que el pedido no tiene que ver con la apertura de su cuenta en redes sociales y sólo es para actualizar la información sobre la evolución y asistencia médica de Kirchner, ya que los últimos datos disponibles son del año pasado.
La joven padece un linfedema, una enfermedad que obstruye el sistema linfático y que la expresidenta atribuye al injusto acoso judicial del que, considera, ha sido víctima.
A partir de diciembre de 2015, cuando Fernández de Kirchner dejó la presidencia, se aceleraron las causas judiciales en contra de ella y de su familia y a mediados de 2016 alcanzaron a su hija, a quien el juez Julián Ercolini le embargó cinco millones de dólares que tenía guardados en cajas de seguridad y en cuentas bancarias.
Conforme avanzaron las denuncias, la joven quedó procesada en dos causas por corrupción que ya están elevadas a juicio, pero que todavía no tienen fecha de inicio, por lo que aún no se requiere su presencia en el país, lo que le permite permanecer en La Habana, en donde vive desde febrero del año pasado.
En ambos casos se investiga el delito de lavado de dinero en "Hotesur" y "Los Sauces", sociedades inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner con las cuales, según las acusaciones de los jueces Ercolini y el fallecido Claudio Bonadío, Fernández de Kirchner encabezó una asociación ilícita que otorgaba millonarios contratos de obras públicas a empresarios amigos a cambio de sobornos, que eran "lavados" a través de operaciones financieras en las empresas familiares.
La expresidenta, quien insiste en que ni ella ni sus hijos cometieron delito alguno y que todas las causas en su contra forman parte de un "ensañamiento" y una "persecución", tiene que pedir permiso a los tribunales cada vez que quiere ir a ver a su hija, quien puede permanecer en la isla también gracias a una autorización judicial.