El juicio por Miroslava Breach que puede quebrar la impunidad de los asesinatos de periodistas en México

Faltaban pocos minutos para las siete de la mañana del 23 de marzo de 2017. Miroslava Breach, corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada, esperaba adentro de su auto a que su hijo saliera para llevarlo a la escuela.

Pero nunca llegaron a su destino. Un sicario que la esperaba la acribilló con ocho disparos.

El crimen conmocionó de nuevo al periodismo mexicano que, desde la guerra contra el narcotráfico que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006, enfrentó el incremento de los riesgos, el peligro y las amenazas por investigar los vínculos entre los poderes políticos y el crimen organizado.

A sus 54 años, Breach era una respetada periodista que había reportado el fortalecimiento del narcotráfico en el norte del país, incluidas denuncias contra candidatos locales o ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua sospechados de complicidad con los narcos, en particular con Crispín Salazar, líder de la banda "Los Salazar" que opera para el Cártel de Sinaloa.

En otros casos, la reacción de las autoridades ante los crímenes de periodistas que se acumulaban era considerarlos actos de delincuencia común. Incluso, sin ninguna averiguación oficial de por medio, acusaban a las víctimas de trabajar para los cárteles.

Con Breach, la venganza de la narcopolítica era evidente. Y es la principal línea de investigación del juicio que comenzó el lunes, casi tres años después de su asesinato, y que tiene que llevarse a cabo en los juzgados federales de Chihuahua por pedido de la familia que exigió la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ya que desconfía de la Fiscalía General del Estado que elaboró un expediente plagado de irregularidades que fueron documentos por otros periodistas en el Proyecto Miroslava.

En el proceso sólo hay un imputado, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias 'El Larry', acusado como coautor material del crimen, ya que llevó a la casa de Breach al sicario Ramón Andrés Zavala Corral, quien presuntamente disparó a la periodista y, a su vez, fue asesinado a fines de 2017. Wilbert Jaciel Vega Villa, un tercer acusado, permanece prófugo.

Hasta ahora no hay políticos involucrados en el juicio, pero la investigación puede profundizarse a partir de los testimonios que se develen en las audiencias.

La víspera, una de los cinco testigos de identidad reservada que participarán en el proceso ya denunció que José Luévano Rodríguez, director del Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Educativa; Alfredo Piñera Guevara, vocero de la bancada del PAN en el congreso del Estado, y Hugo Amed Shultz, ex alcalde de Chínipas presionaron por teléfono y en diversas ocasiones a la periodista para que dejara de investigar la narcopolítica en Chihuahua. Los tres pertenecen al PAN, el partido conservador que gobierna el Estado.

El juicio se realiza en medio de una amplia expectativa porque desde 2000 a 2019, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19,han sido asesinados 131 periodistas mexicanos. En el 99% de los casos, predomina la impunidad. Las causas se aletargan, no avanzan, ni siquiera hay responsables identificados y, si los hay, están profugos y no hay esfuerzo alguno por capturarlos, pero el caso de Breach puede modificar la inercia y conseguir por fin algo de justicia.

Cecilia González