El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró "emergencia energética de la industria hidrocarburos" y nombró una comisión plenipotenciaria para emprender el proceso de reestructuración dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), severamente afectada por las sanciones unilaterales de EE.UU.
"Ha llegado una nueva etapa para la defensa, reorganización y recuperación integral de la industria petrolera, por eso procedo a firmar el decreto que declara la emergencia energética de la industria de hidrocarburos, a los fines de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad energética nacional y proteger la industria de la agresión imperialista", anunció Maduro.
El mandatario detalló que la Comisión Presidencial, denominada "Alí Rodríguez Araque" en honor al fallecido político venezolano que presidió PDVSA (2002-2004), tendrá como propósito la efectiva recuperación del sector petrolero, gasífero y petroquímico.
Maduro precisó que la Comisión estará dirigida por el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, y el ingeniero químico Asdrúbal Chávez, quien se desempeñó como presidente de Citgo, filial de la petrolera venezolana en EE.UU.
La primera instrucción de Maduro este miércoles para la naciente comisión fue realizar un mapa de soluciones para elevar la producción petrolera. "Venezuela debe ser una potencia petrolera mundial ¡O producimos, o producimos!", exclamó.
De acuerdo con el Jefe de Estado venezolano, PDVSA posee un portafolio de inversiones que supera los 25.000 millones de dólares. "Ha llegado el momento donde no podemos perder el tiempo", afirmó.
Maduro precisó que en la comisión también estarán presentes el Ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos, quienes quedan encargados de configurar un nuevo esquema de seguridad para la empresa.
Una reacción ante los nuevos ataques
Estas decisiones surgen en medio de las nuevas medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Departamento de Estado de EE.UU. contra la filial suiza de la empresa rusa Rosneft Trading, por sus vínculos con la industria petrolera venezolana.
Al mismo tiempo, el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, anunció esta semana que en los próximos meses habrán más "medidas de presión" contra el gobierno de Nicolás Maduro, que contemplan a PDVSA como principal objetivo de ataque.
Según datos proporcionados por Caracas, las sanciones de EE.UU. sobre Venezuela han causado pérdidas por el orden de los 40.000 millones de dólares. Asimismo, la actividad petrolera del país retrocedió 19,1 % en los primeros tres meses del 2019.
Ante esto, el Estado venezolano interpuso esta semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por "crímenes de lesa humanidad".
La fiscal Fatou Bensouda solicitó a la Presidencia de la CPI la asignación de la denuncia a una Sala de Cuestiones Preliminares, que será la encargada de decidir si se abre una investigación, al determinar si hay fundamento suficiente para iniciar la indagatoria, según el artículo 15 del Estatuto de Roma de la CPI.