Cómo el alza de impuestos a la soja en Argentina amenaza con revivir el conflicto entre gobierno y patronales agropecuarias

Los productores agropecuarios de Argentina ya hablan de "traición" y anticipan protestas, desabastecimiento de alimentos y un paro nacional.

Es su respuesta a la propuesta del gobierno de aumentar un 10 % los impuestos a la exportación de soja, uno de los productos argentinos con mayor demanda en el extranjero.

La alerta de los productores se encendió la tarde del miércoles, cuando la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios cerró el registro de ventas al exterior a partir de los primeros minutos de este jueves. De esta manera, ya no pueden adelantar operaciones que les permitirían evadir el aumento impositivo que Fernández anunciará el domingo, al inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

El plan todavía no se conoce con detalle, pero el gobierno filtró a los medios de comunicación que las retenciones a la soja aumentarán del 30 % al 33 % y eso bastó para reavivar las críticas del sector.

En diciembre, cuando el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Económica propuesta por Fernández apenas asumió como presidente, este impuesto aumentó del 25 % al 30 %, en tanto que para el trigo y el maíz pasó del 6,7 % al 12 %.

La inconformidad de los productores fue evidente. Desde entonces en varias ciudades se han realizado medidas de protesta como bloqueo de carreteras y asambleas. Han propuesto, incluso, el cese de comercialización de alimentos en el mercado interno. Es decir, desabastecer a los argentinos.

El conflicto estaba latente y se intensificó con el nuevo aumento de retenciones a la soja con el que el gobierno espera obtener recursos que necesita para paliar las urgencias sociales derivadas de la crisis económica.

La tensión, ahora sí, se disparó.

La organización Confederaciones Rurales Argentinas denunció en un comunicado, titulado 'Una nueva traición', que la decisión del gobierno les deja a los productores "una profunda sensación de engaño". Aunque reiteró su voluntad de diálogo, también advirtió que no permitirán dilaciones porque la presión fiscal "es ya insostenible".

En el mismo tono de reclamo, la Federación Agraria Argentina lamentó que la medida se haya filtrado en vísperas de una reunión que las patronales que participan en la Mesa de Enlace tenían pactada con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

"El campo" y las protestas en el gobierno de Cristina Fernández

Las entidades afectadas con la iniciativa aludieron al conflicto que mantuvieron en 2008 con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que casi terminó con su gobierno.

La crisis comenzó en marzo de ese año, cuando el gobierno anunció la llamada Ley 125, un nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de granos que fue rechazado por los productores y que desató un debate nacional sobre el papel de un sector que representa casi el 10% de la economía argentina.

A lo largo de cuatro meses hubo "cacerolazos" en las ciudades y paros del agro contra Fernández de Kirchner, quien recién había asumido en diciembre de 2007. Las posiciones del gobierno, de los productores y los medios de comunicación se radicalizaron y se generó un clima de polarización que se mantiene a la fecha.

El conflicto representó también el inicio de la pelea entre la expresidenta y la prensa tradicional y más influyente, la misma que desde entonces ejerció como opositora al kirchnerismo y que se refirió a los empresarios del agro con el idílico mote de "el campo".

Los aumentos a las retenciones se convirtieron en la crisis más grave del kirchnerismo, que gobernaba el país desde 2003 y le costó a Fernández de Kirchner el desplome de su popularidad, la renuncia de su primer ministro de Economía, Martín Lousteau, y la ruptura con su vicepresidente, Julio Cobos, quien terminó definiendo en el Senado la votación en contra de la iniciativa de la presidenta.

Al perder esta batalla política, Fernández de Kirchner amenazó con renunciar a la presidencia pero finalmente se mantuvo en un cargo en el que, tres años más tarde, fue reelecta con el 54 % de los votos.

Otro de los saldos negativos que le dejó la disputa por la Ley 125 fue el enfrentamiento con Alberto Fernández, quien renunció a seguir siendo su jefe de Gabinete. La pelea duró una década, hasta que ambos optaron por unir al peronismo y postularse como candidatos a presidente y vicepresidenta.

Pero ahora, en sus nuevos cargos, están por revivir de nuevo juntos el fantasma de una nueva crisis con las patronales agrarias.

Cecilia González

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