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El Banco Central de Argentina investiga la deuda asumida durante el Gobierno de Macri

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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el informe para conocer el destino que se le dio a esos fondos estará listo en 15 días.

El Gobierno de Alberto Fernández está investigando la deuda que Argentina tomó durante la administración de Mauricio Macri, y ya se adelantó que no descartan plantear acciones legales contra exfuncionarios en caso de encontrar irregularidades en el destino de esos fondos. 

Inicialmente, el anuncio sobre la revisión fue pronunciado por el propio presidente durante la ceremonia por el inicio de labores parlamentarias, este domingo en el Congreso: "Nunca más al endeudamiento irresponsable", sostuvo el dirigente peronista.

Asimismo, criticó: "Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda".

En otras palabras, el objetivo actual es determinar si los préstamos contraídos se utilizaron para colocar activos en el exterior, término conocido localmente como 'fuga de capitales'

"En puentes e infraestructura, no está"

Al respecto, este lunes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, precisó que "ese informe va a estar en 15 días", según publica El Destape. Al mismo tiempo, añadió: "Los argentinos deben saber qué es lo que pasó con la deuda que se tomó. En puentes e infraestructura, no está".

La indagación está a cargo del Banco Central del país sudamericano, entidad que debería realizar un trazado para identificar de qué forma se utilizó el dinero. "Cuando estén los informes, veremos si hay medidas judiciales para tomar", sostuvo Cafiero.

Según la Secretaría de Finanzas del Gobierno macrista, la denominada Deuda Bruta de la Administración Central pasó del 53,1 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2016 al 91,6 % en el tercer trimestre del 2019. En esos años, Argentina se endeudó con varias entidades, pero el préstamo más resonado fue el contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.000 millones de dólares. Sobre ello, Fernández intenta renegociar el pago correspondiente.  

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