El Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, negó el pedido de libertad bajo fianza que hizo el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ante el temor de contagio de coronavirus en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde se encuentra actualmente.
"Tal como están las cosas hoy, esta pandemia global todavía no proporciona motivos para la liberación del Sr. Assange", determinó la jueza Vanessa Baraitser, citada por Independent.
De acuerdo a la magistrada, durante la pandemia del coronavirus, que en Reino Unido ya alcanza los 8.077 contagiados y 422 muertos, la prisión de Belmarsh tiene la responsabilidad de mantener a los detenidos a salvo.
Asimismo, la jueza señaló que tomó en cuenta para su decisión la "conducta pasada" de Assange —sin dar mayores explicaciones— que, según ella, "muestra hasta dónde está dispuesto a ir para evitar los procedimientos de extradición".
"Si lo liberara hoy, no volvería a enfrentar estos procedimientos de extradición", añadió.
"Peligro inminente"
Sus abogados presentaron la solicitud de libertad bajo fianza, argumentando que el activista australiano "está en peligro inminente" ante el coronavirus, debido a las condiciones de salud preexistentes y la sobrepoblación que existe en la prisión de Belmarsh.
"Las propias autoridades británicas ya han advertido del riesgo que va a existir de que se produzcan contagios masivos e, incluso, fallecimientos, dentro de las prisiones", dijo su abogado Aitor Martínez, en entrevista con RT.
Recordó que Assange está en un "delicado estado de salud", tras los casi 7 años que estuvo confinado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Martínez también señaló que no había razón para la negativa, puesto que el activista australiano "no está condenado formalmente en Reino Unido", sino que "está, simplemente, afrontando un proceso de extradición".
Actualmente, Assange está siendo procesado para su posible extradición a EE.UU., donde es acusado de 18 delitos, 17 de ellos por presunta violación de la ley de espionaje estadounidense, por la filtración de documentos sobre actividades de EE.UU. durante las guerras de Irak y Afganistán, la base de Guantánamo y otros asuntos.
En caso de ser extraditado, el activista podría afrontar hasta 175 años de cárcel por esos delitos.