Condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina piden prisión domiciliaria por temor al coronavirus

Alrededor de 70 represores argentinos implicados en torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos y robo de niños durante la última dictadura militar (1976-1983) solicitaron el beneficio del arresto domiciliario por temor a ser contagiados de coronavirus, ya que la mayoría de ellos, por su edad, forma parte de la población de riesgo.

Fuentes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad confirmaron que hasta el momento ya se fueron a su casa 15 represores, en tanto que una veintena de solicitudes han sido denegadas y decenas de trámites más continúan en los juzgados.

De acuerdo con las cifras oficiales de la dependencia, de las 3.315 personas acusadas en los juicios de lesa humanidad hay 968 condenadas, 156 absueltas, 637 procesadas, 70 indagadas, 544 imputadas, 28 prófugas, 639 fallecidas, 91 sobreseídas y a 182 se les dictó falta de mérito.

Del total de los investigados, solo 913, que representan el 28%, se encuentran detenidos, pero 637 de ellos gozan de arresto domiciliario. Así, apenas 195 permanecen en las cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal y 81 más en sitios especiales como el predio militar de Campo de Mayo, que está ubicado en las afueras de Buenos Aires y que es exclusivo para represores.  

A pesar de que Campo de Mayo cuenta con espacios abiertos y no registra hacinamiento, como las prisiones comunes, los juzgados avalaron las peticiones de varios represores para irse a su casa y no contagiarse de coronavirus, como fue el caso de los expolicías Juan Nazareno Risso, Ramón Carlos Velasco y Walter Omar Ale, quienes fueron capturados en noviembre del año pasado. Se les acusa del asesinato de Horacio Alberto Benavides, un joven militante de 22 años fallecido durante un operativo realizado en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata.

En la provincia de Mendoza fueron beneficiados el excoronel Mario Guillermo Ocampo, quien permaneció prófugo durante siete años hasta que fue capturado en febrero de 2019; los exagentes penitenciarios Oscar Bianchi y Pedro Linares; el exsubcomisario Juan Carlos Ponce; los exagentes de Inteligencia Segundo Héctor Carabajal, Omar Navarro Moyano y Oscar Simone, y el expolicía Carlos Ledesma.

Por el contrario, fue denegado el pedido de prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz, uno de los personajes más temibles de la última dictadura. El expolicía fue condenado a cadena perpetúa en múltiples juicios en los que se demostró que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a cientos de personas. A sus 90 años, se encuentra recluido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, en donde el Tribunal Oral Federal 6 consideró que no corre mayores riesgos de contraer el coronavirus.

El represor Alfredo Astiz, tan temible como Etchecolatz, está a la espera de que la justicia decida si le permite o no irse a su casa. Durante la dictadura fue ascendido a capitán de fragata, pero adquirió otra identidad para infiltrarse en las organizaciones de derechos humanos que surgieron en esa épocas para reclamar por los desaparecidos.

Astiz, de 69 años, ha sido condenado a cadena perpetua en diferentes juicios en los que se demostró el papel protagónico que ejerció en la operación de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención más importantes de América Latina y en donde se calcula que unas 5.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. El ex militar fue bautizado como "El ángel de la muerte" porque piloteaba los aviones desde donde los detenidos eran tirados vivos al mar. Hoy permanece detenido en un pabellón especial del Centro Federal de Detención de Mujeres ubicado en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

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Además de él, han tramitado la prisión domiciliaria con el argumento de la pandemia otros represores como los ex capitanes de fragata Jorge "Tigre" Acosta y Antonio Pernías, y el ex marino Ricardo Cavallo, quienes ya cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad.

¿Pretexto de los represores?

Representantes de organismos de derechos humanos consideran que el coronavirus es un nuevo pretexto de los represores, ya que en los últimos años han intensificado las campañas para victimizarse con el fin de poder irse a su casa, ya sea por considerarse presos, por su avanzada edad o ahora por la pandemia.

"No queremos domiciliaria para los genocidas por el coronavirus. Quieren producir lástima, hacerse los viejos.  Son viejos pero peligrosos. No se arrepienten, lo volverían a hacer si fuera necesario. Son presos más peligrosos que los otros presos que están sin condena en cárceles que no dan abasto", afirmó en una entrevista radial la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La dirigente de derechos humanos agregó que los represores no cambian y que sería ofensivo para el resto de los presos que a ellos sí se les otorgara el privilegio de pasar la cuarentena obligatoria en la comodidad de sus hogares y acompañados por sus familias.

Cecilia González