España ha contabilizado en la última jornada 849 muertes de pacientes con covid-19. De este modo, los fallecimientos por la epidemia en el país dejan ya un cómputo de 8.189 personas. Además, hay 94.417 casos positivos, 5.607 enfermos ingresados en unidades de cuidados intensivos y 19.259 pacientes curados y dados de alta.
La portavoz del ministerio de Sanidad, María José Sierra, ha afirmado que existe un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y Madrid, pero opina que es debido "a un acumulo de casos del fin de semana", que se reportaron el lunes por la noche. Así, sostiene que "la tendencia general se mantiene" después del cambio notado el pasado 25 de marzo, cuando los incrementos bajaron desde el 20 % al 12 % diario.
Sierra ha desgranado el perfil de edad de los fallecidos por la nueva enfermedad. Así, ha comunicado que el 85 % de los decesos corresponden a pacientes de más de 70 años, el 60 % a personas de más de 80 años y que las víctimas mortales de menores de 30 años no alcanzan el 0,2 % de las muertes totales.
Por su parte, la Policía ha informado de que en las últimas 24 horas ha detenido a 53 personas, por lo que el cómputo total desde el pasado 14 de marzo es de 876 detenciones y 70.928 actas de denuncias a personas que han incumplido las restricciones de circulación.
Ante la situación que vive el país, este martes el Consejo de Ministros se encuentra de nuevo reunido valorando nuevas medidas para paliar los daños económicos provocados por la paralización de todas las actividades económicas no esenciales que ha entrado en vigor en esta jornada para luchar contra la extensión de la epidemia.
Situación crítica del sistema sanitario
La situación del sistema sanitario español es crítica en todo el país, con seis comunidades autónomas al borde del colapso y otras tres que están cerca de llegar a ese límite. Entre los trabajadores de la salud son ya más de 12.000 los infectados por coronavirus y las unidades de cuidados intensivos, a pesar de haber doblado su capacidad en todo el territorio nacional, se encuentran saturadas.
Además, en los últimos días se están produciendo quejas de los sanitarios que trabajan en el hospital levantado en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, con capacidad para 5.500 camas. Los médicos que trabajan allí, algunos provenientes de otras comunidades autónomas y otros de los 46 centros de salud de la región de Madrid cerrados para desplazar los recursos humanos, denuncian, sobre todo, la falta de material de protección y de coordinación.
En esas circunstancias, el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el que tiene más representación entre los trabajadores públicos, ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del Ejecutivo en la crisis del coronavirus. El sindicato cuestiona su gestión de la pandemia, y considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que se ha dotado a los trabajadores del sistema público de salud podrían constituir un delito contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.
La medida más esperada: ayuda al pago del alquiler
Hoy se espera que el Consejo de Ministros anuncie nuevas medidas para paliar las consecuencias económicas de esta crisis. La medida más esperada es la aprobación de ayudas al pago del alquiler para quienes han perdido su trabajo o han visto considerablemente reducidos sus ingresos mensuales. Así, está previsto que se apruebe una línea de microcréditos a interés 0 % para los inquilinos. Además, si el arrendador es un fondo de inversión o tiene más de 8 pisos en propiedad, existiría la posibilidad de una moratoria o una quita de hasta el 50 %.
Otras medidas que el Ejecutivo estaría valorando, aunque aún o se conoce si finalmente saldrán adelante esta semana, son la posibilidad de alojar en hoteles a mujeres víctimas de violencia machista, el establecimiento de una renta mínima para personas vulnerables, la moratoria del pago de las cuotas a la Seguridad Social de trabajadores autónomos y pymes de hasta seis meses, o la ampliación de las ayudas a las trabajadoras del hogar.
Parón económico
Desde que el 14 de marzo se declaró el estado de alarma, la actividad económica se ha visto enormemente reducida. Desde esa fecha se prohibió la apertura al publico de comercios y negocios que no fueran de primera necesidad. Pero esta semana se ha dado un paso más.
Así, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció el sábado nuevas medidas restrictivas que han entrado en vigor este martes. Desde hoy hasta el próximo 9 de abril (víspera de tres jornadas festivas en todo el país) están prohibidos los desplazamientos para realizar cualquier actividad económica no esencial.
Los trabajadores disfrutarán durante estos días de un permiso obligatorio retribuido por las empresas, cuyas horas deberán recuperar antes de finales de año. Este decreto solo afecta a empleados por cuenta ajena, por lo que los trabajadores autónomos quedan excluidos.
El amplio gasto público que conllevan todas las medidas aprobadas por el Gobierno de España para luchar contra los efectos económicos de la epidemia de coronavirus y la reducción de los ingresos del Estado que se prevé durante los próximos meses hacen que las miradas se vuelvan hacia Europa.