A un mes de haber registrado su primer caso por covid-19, México ha enfrentado la pandemia del coronavirus mediante una polémica estrategia que contrasta con algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una situación que ha generado comentarios divididos para la administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Hasta el 5 de abril, la Secretaría de Salud en México reportó un total de 2.143 casos confirmados y 94 defunciones confirmadas por covid-19. En esta misma fecha, según la OMS, la tasa de mortalidad se situaba en el país en 0,4 por cada 100.000 habitantes.
El caso mexicano ha llamado la atención durante las últimas semanas debido a la manera en que los estrategas del Gobierno mexicano han cuestionado algunos parámetros de la OMS, al mismo tiempo que la oposición política han acusado que el bajo número de pruebas realizadas podría estar contribuyendo a tener un subregistro importante de casos reportados.
¿Pero cuál es la situación específica de México y qué es lo que hace que su estrategia sea tan particular?
Centinela, la estrategia
En 2009, México fue el epicentro de la epidemia de la influenza AH1N1, experiencia que dejó varias enseñanzas que se han aplicado ahora para contener los casos de covid-19.
De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, principal responsable de atender la pandemia en México, el país ha adoptado un modelo denominado Centinela, que busca detectar brotes epidemiológicos a través de un monitoreo estadístico en los centros de salud.
En dicho modelo, que funciona de manera "semejante a las encuestas" de opinión, lo importante no es conocer el número exacto de casos, sino detener la curva epidemiológica. Y al igual que en una encuesta, el resultado es muy similar con una muestra grande o pequeña, siempre y cuando la muestra sea representativa.
Por ello, el Gobierno mexicano ha defendido la necesidad de monitorear un pequeño número de hospitales, en lugar de practicar miles de pruebas a los posibles portadores del covid-19, lo cual contrasta con lo que hizo Corea del Sur, que logró contener la pandemia aplicando más de 200.000 pruebas.
Un modelo que López-Gatell ha calificado como "una apuesta técnicamente sólida", respaldada en evidencia científica.
El modelo Centinela no funciona en todos los hospitales, sino que "funciona solamente en un grupo de unidades que son representativas para el país en función de su distribución y de donde están efectivamente localizados", explicó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
"No necesitamos, por lo tanto, realizar una prueba confirmatoria a todas las personas que presenten signos y síntomas de la enfermedad, basta con poder confirmar por laboratorio algunas de ellas", señaló el funcionario el pasado 21 de marzo. Eso, explicó, permite obtener una muestra para realizar estimaciones y seguir la evolución de la pandemia.
Una estrategia que, sin embargo, contrasta con la recomendación del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha insistido que la realización de pruebas masivas de detección son un punto clave para detener la pandemia. "Una vez más, nuestro mensaje es: pruebas, pruebas, pruebas", dijo Ghebreyesus el pasado 17 de marzo.
Hasta ahora, en México se han realizado poco más de 14.000 pruebas, de acuerdo con datos oficiales. Una cifra muy por debajo de las casi 918.460 que se habían practicado en Alemania para finales de marzo.
En el caso mexicano, una vez que un paciente sospechoso ingresa a hospitales del sistema de salud, los médicos realizan un diagnóstico a través de un formulario. Si el paciente sale negativo en el examen de influenza, se le practica la prueba del covid-19. Una situación que, al menos en teoría, permite utilizar pocos recursos de manera más eficiente.
Además del monitoreo, el Gobierno mexicano también esperó a que el número de casos del coronavirus dejaran de ser solo importados y pasaran a ser contagios comunitarios, para decretar el confinamiento de la población en sus casas, como parte de la Fase Dos, que entró en vigor el 24 de marzo.
Pero ya desde la Fase Uno se había decretado el cierre de escuelas y parques públicos, que entró en vigor el pasado 16 de marzo, cuando solo había 100 contagios. Una cifra muy por debajo de cuando esta misma medida se implementó en países de Europa como Italia y España.
El subsecretario López-Gatell ha señalado que la principal meta del Gobierno es reducir el número de contagios antes de que México entre a la Fase Tres de la epidemia, para finales de abril o principios de mayo, cuando el número de contagios llegue al máximo.
En este sentido, el objetivo de la estrategia mexicana se centra en "aplanar la curva" de contagio con el fin de que los casos no saturen los hospitales.
Pruebas rápidas, poco convenientes
Sin embargo, algunos especialistas e integrantes de la oposición política en México han cuestionado que el número de pruebas para detección de coronavirus ha sido bajo, situación que podría contribuir a tener un subregistro importante de casos.
Entre los críticos se encuentra el investigador y epidemiólogo Alejandro Macías, excomisionado en la atención de la crisis de la influenza AH1N1 de 2009, quien ha reconocido que la complejidad técnica y el elevado costo de la prueba estándar de detección de coronavirus, ha elevado la dificultad para practicar dichos controles de manera masiva.
Las pruebas estándar identifican el ARN del virus a través de una muestra tomada de la garganta o fosas nasales. Posteriormente, se extrae el ARN y se amplifica en una máquina especial mediante la técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR), para luego identificar si la cadena de material genético corresponde al virus que genera la enfermedad de covid-19.
Cada prueba tiene un costo cercano de 150 dólares. "Es técnicamente muy complejo y por eso algunos países no lo tienen", señaló el experto a través de un mensaje en redes sociales.
Por otro lado, las pruebas rápidas tienen un alto porcentaje de error. Esto se debe a que detectan la producción de anticuerpos (inmunoglobulinas G y M) generados para combatir al covid-19, lo que puede demorar varios días luego de que la persona sea contagiada. Esto genera que muchos pacientes infectados con el virus puedan dar negativo a la hora que se les practique el examen.
"Las pruebas rápidas pueden causar más caos de lo que pueden ayudar. La mayoría de los pacientes que tienen síntomas leves buscan la prueba rápida, ya que si fueran pacientes graves estarían hospitalizados, se les practicaría la prueba normal", explica en entrevista Eduardo Girón, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Río de la Loza.
De ahí que hasta el momento, el Gobierno mexicano haya descartado el uso de pruebas rápidas dentro de su estrategia.
Crisis en medio de la reestructuración
Para Girón, quien vivió de cerca la epidemia de la influenza AH1N1 de 2009 atendiendo a pacientes contagiados, el Gobierno mexicano actuó de manera oportuna a la hora de frenar el crecimiento en el número de contagios.
"Fue una respuesta oportuna. México tiene mucha experiencia en pandemias, desde la de 2009. El gobierno fue muy criticado porque países que estaban en otras fases ya tenían toques de queda, pero nosotros no teníamos los casos suficientes para decidir acciones tan fuertes, pues esto implica un deterioro económico fuertísimo", señala Girón.
De ahí que el médico considere que otro acierto del Gobierno ha sido manejar una estrategia de comunicación basada en datos científicos, con conferencias de prensa diarias, y tratando de no generar pánico entre la población.
El experto también apunta que los principales retos que enfrenta el Gobierno mexicano para mitigar la crisis se encuentran en la falta de ventiladores para atender los casos graves de enfermedades respiratorias derivadas del covid-19, al mismo tiempo que se resuelven otras carencias de un sistema de salud débil, ante el "retraso y saturación que padecen muchos hospitales a la hora de atender a la población".
Ya desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha señalado que resolver la crisis del sector salud representa uno de los principales desafíos de su administración, tras recibir un sistema de salud con hospitales a medio terminar y con un bajo número de médicos.
Por ello, explica Girón, el Gobierno federal ha puesto en marcha una serie de incentivos para contratar un ejército de médicos que pueda ayudar a contener la crisis del covid-19.
En este sentido, la administración de López Obrador anunció sueldos competitivos, prestaciones y puntos extras en los exámenes de residencias médicas para atraer a 6.000 doctores y 12.000 enfermeras.
De este modo, el mandatario mexicano busca frenar la pandemia y la crisis económica, al mismo tiempo que ha puesto en marcha una reestructuración en el sector salud, mediante una serie de medidas enfocadas a garantizar el abasto de medicamentos y la unificación del sistema hospitalario a través del Instituto de Salud para el Bienestar.
Una carrera a contrarreloj que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos mexicanos afectados por el covid-19, mientras los médicos y enfermeras luchan para evitar que la crisis termine desbordando los hospitales.