"No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje": la polémica que alteró al Gobierno de Argentina en medio de la pandemia

El anuncio de la ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, acerca de que las fuerzas de Seguridad realizan acciones de "ciberpatrullaje" para detectar "el humor social" desató una oleada de repudio de tal intensidad que, en cuestión de horas, la funcionaria tuvo que retractarse.

A una semana particularmente complicada para la gestión del presidente Alberto Fernández, se le sumaron las críticas a una estrategia que llevó a cabo el pasado gobierno de Mauricio Macri, y que derivó incluso en detenciones de tuiteros acusados de delitos por publicar determinados mensajes en las redes sociales, algunos de ellos bromas que fueron interpretadas como amenazas o frases que fueron sacadas de contexto, lo que generó múltiples denuncias por violaciones al derecho a la libertad de expresión.

La polémica comenzó el miércoles, durante una reunión virtual de Frederic con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en la que explicó las medidas que se estaban llevando a cabo desde el ministerio durante la crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus.

"Las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales, para ver el humor social y prevenir situaciones. Eso nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones. No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje", explicó.

Luego detalló que se hace un rastreo de los mensajes públicos en las redes, ya que Twitter, Facebook e Instagram tienen la opción de que los usuarios establezcan si sus posteos son abiertos o privados. "Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no a todo", afirmó.

Frederic explicó que la intención es estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos. "Incluso, es necesario prevenir el 'grooming' (acoso sexual a menores de edad), si observamos que en el mundo se registran cada vez más delitos mediante estos dispositivos es necesario que el ministerio analice cómo se alientan o producen", dijo.

La oposición cuestionó de inmediato las afirmaciones de la funcionaria al considerar que la pandemia no puede ser pretexto para violentar derechos consagrados en la Constitución argentina y en múltiples tratados internacionales ni para controlar o criminalizar de ninguna manera la libertad de pensamiento y expresión.

Una de las posiciones que más llamó la atención fue la de la exministra de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich, quien criticó a su sucesora a pesar de que ella misma ordenó la captura de usuarios de redes sociales por publicar mensajes en contra del expresidente. Uno de los casos más escandalosos lo protagonizó una mujer que publicó amenazas contra la hija de Macri y que fue detenida a pesar de que se demostró que estaba internada en una clínica siquiátrica porque padecía problemas mentales.

Durante su gestión, Bullrich acumuló denuncias por su accionar represivo, xenófobo y discriminatorio, ya que, por ejemplo, dos ciudadanos venezolanos, un turco y un paraguayo fueron detenidos y acusados de provocar disturbios frente al Congreso durante una protesta, aunque luego la justicia cerró la causa porque nunca hubo pruebas de que ellos hubieran participado. O la detención de los hermanos Axel Ezequiel y Kevin Gamal Abraham Salomon, quienes fueron acusados de tener vínculos con Hezbollá. Los imputaron por casos de terrorismo y las autoridades aseguraron que poseían un arsenal que resultó inexistente. Cuatro meses después, los jóvenes fueron liberados porque no había prueba alguna en su contra. Por otra parte, las detenciones o denuncias siempre fueron contra tuiteros que cuestionaban al gobierno de Macri, no a quienes atacaban a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los dichos de Frederic le provocaron un nuevo dolor de cabeza al gobierno de Fernández, quien esta semana tuvo que dar marcha atrás a la compra de alimentos por parte del Estado, ya que varios medios descubrieron que se habían realizado con sobreprecios, lo que desató sospechas de corrupción. Además, todavía no amainaba la crisis que estalló el viernes pasado cuando las y los jubilados acudieron, en masa y bajo el sol, a cobrar sus haberes en los bancos que no estaban preparados para atender a este segmento de la población que está en mayor riesgo de contraer el coronavirus.

Este jueves, la ministra reconoció que se había equivocado en la manera en la que trató de explicar los operativos frente a la crisis de salud e incluso le dio razón a los cuestionamientos de la oposición.

"La frase 'medir el humor social' no fue la mejor frase y dio lugar a interpretaciones que son lógicas", precisó en una entrevista radial, aunque enseguida aclaró que "es una práctica que vienen realizando hace tiempo tanto las fuerzas federales como el Ministerio, el uso que le estamos dando es un monitoreo sobre lo público, el objetivo es hacer una supervisión del espacio digital, identificar la posibilidad de delitos y dar lugar a la justicia".

Estas acciones, agregó, también ayudan a identificar casos de violencia institucional, ya que se suben videos de policías que hostigan a los ciudadanos. "Nos sirve para anticiparnos a posibles delitos; en ningún caso, porque es ilegal, hacemos investigación sobre personas, estamos a favor de la expresión de las diferencias o posicionamientos políticos", aseguró.

Cecilia González