Oponerse a las empresas mineras, velar por especies en peligro de extinción y defender territorios son motivos para ser asesinados en México.
Eso les ocurrió a los tres primeros activistas ejecutados aquí durante este año, y quienes engrosan la lista que, de acuerdo con informes internacionales, ha convertido al país en uno de los más peligrosos para los defensores ambientalistas.
El caso más reciente fue el de Adán Vez Lira, un activista al que le dispararon el pasado 8 de abril, mientras viajaba en una carretera de Veracruz, un estado ubicado en el oriente de México. Hacía más de dos décadas que militaba contra las mineras a cielo abierto. También organizaba el Festival de las Aves y Humedales que cada año, según su convocatoria, se proponía fomentar una cultura de amor y respeto por la naturaleza, y de la Cabalgata por la Ecología.
Otra de sus principales trabajos se centraba en "La mancha en movimiento", una cooperativa que buscaba la participación ciudadana en la defensa ambiental, ya que la región veracruzana conocida como La Mancha es rica en recursos naturales, pero en los últimos años se multiplicaron los proyectos de minería a cielo abierto que utilizan sistemas de operación contaminante y que son resistidos por organizaciones ambientalistas en todo el mundo.
Contra ese mismo mecanismo de explotación de recursos luchaba Paulina Gómez Palacio-Escudero, una activista de 50 años que fue secuestrada el pasado 19 de marzo. Tres días después, su cuerpo fue encontrado tirado en una carretera. Había sido asesinada a balazos.
La campesina era conocida como amiga del pueblo wixárika, (o "huichol" en idioma español, es una de las culturas indígenas ancestrales que prevalecen en México) y guardiana del territorio sagrado de Wirikuta. Ya hay un sospechoso detenido por el asesinato, y aunque la pista de investigación que se sigue es el robo de alrededor de mil dólares que la activista acababa de sacar del banco cuando fue secuestrada, otras organizaciones piden no descartar su trabajo social como motivo del crimen.
El 23 de marzo, un grupo de hombres armados llegó a la casa de Isaac Medardo Herrera Avilés, un reconocido defensor ambientalista del estado de Morelos. En cuanto abrió la puerta, lo masacraron a tiros. El activista militaba por la protección de la reserva natural "Los Venados", que estaba amenazada por la construcción de un proyecto habitacional, y era el abogado de los 13 pueblos que defienden el manantial Chihuahuita.
A principios de año causó conmoción la muerte de Homero Gómez González, conocido por sus campañas de protección de la mariposa monarca en el estado de Michoacán, lo que incluía el combate a la tala ilegal e indiscriminada de árboles. Apenas en noviembre pasado había abierto un santuario de mariposas. El 13 de enero no llegó a dormir a su casa y su familia reportó su desaparición. Su cuerpo fue encontrado 16 días después, ahogado en un pozo.
Hasta ahora, ninguno de los cuatro asesinatos registrados este año se ha resuelto, como la mayoría de los crímenes que ocurren en México.
Peligro para activistas
De acuerdo con el informe "Análisis Global 2019" de la organización Front Line Defenders, México es el cuarto país más peligroso para los activistas ambientales, ya que en número de agresiones y asesinatos solo es superado por Colombia, Filipinas y Honduras. En quinto lugar se ubica Brasil.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó, por su parte, que el año pasado se registraron 39 ataques contra activistas ambientales. En 15 de esos casos, se llegó al asesinato. Si se contabiliza la última década, las agresiones suman alrededor de 500.
"México continúa siendo un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente y del territorio, ya que éstas siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones, entre otras", advirtió la organización.
Otro dato a destacar, según la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF), es que el 80 % de los activistas ambientales asesinados en México son indígenas que defienden los recursos naturales de sus comunidades.