¿Derecho a la salud o abuso de autoridad? Controversia en El Salvador con la prórroga del estado de emergencia

Finalmente, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves por la noche extender el estado de emergencia por otros 15 días, una medida que vencía ese mismo 16 de abril en caso de no renovarse. Sin embargo, otra vez creció la tensión entre el Parlamento y el Gobierno de Nayib Bukele, porque muchos legisladores pretendían lanzar una ley distinta que limite el rol de las fuerzas de seguridad en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, sin éxito.

El centro del conflicto estaba en el accionar de los uniformados para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria que rige en el país centroamericano. De hecho, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró entre el 21 de marzo y el 13 de abril 471 denuncias por acciones arbitrarias de distinta índole, principalmente detenciones abusivas sobre quienes infringen la norma de aislamiento.

"También se reportan casos vinculados a malos tratos, acoso policial y tratos crueles inhumanos o degradantes durante los procedimientos de retención", alertó su referente, Apolonio Tobar, ante la Asamblea este miércoles.  

La Corte ordenó terminar con las detenciones arbitrarias

En medio de estas acciones represivas ordenadas por Presidencia, se presentaron acciones judiciales de carácter urgente para proteger la integridad física de los implicados, más conocidas como 'habeas corpus'. Así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia publicó una resolución el 15 de abril donde ordena que se respeten los derechos humanos básicos de los salvadoreños. 

En resumen, el fallo determina "que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares".

Además, la Justicia aclaró que el decreto del Estado de Emergencia no tiene sustento legal para "aplicar un confinamiento o internamiento sanitario automático y forzoso a quienes incumplan la cuarentena domiciliar ordenada por el Gobierno". También subrayó que la mera primacía del derecho a la salud es inadmisible "para privar de libertad, sin ley formal, a las personas que incumplan la cuarentena domiciliaria", y prohibió expresamente al presidente y la Policía aplicar estas medidas. 

No obstante, Bukele también entró en cortocircuitos con la Sala Constitucional porque continuaron las detenciones, lo que significa un claro desacato a la máxima autoridad judicial: "Contabilizamos 2.112 retenciones con fines de prevención sanitaria", señaló el jueves el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas.

Esta situación ya fue criticada por la organización internacional Human Rights Watch (HRW): "Las declaraciones del presidente han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su Gobierno". Incluso destacó el caso de Óscar Méndez, fallecido en cuarentena el 1 de abril ante una presunta negligencia sanitaria, tras padecer 12 días de fiebre: "Dígale a los doctores que vengan a verme, por favor", habría sido su último mensaje de WhatsApp, según El Faro. 

En ese marco, la Corte Suprema de El Salvador ordenó a la Policía Nacional Civil, junto a los ministerios de Defensa y Salud, elaborar un registro detallado sobre las personas detenidas en dependencias policiales o "sometidas a confinamiento sanitario forzoso". Además, deben brindar los nombres de las autoridades a cargo de estos centros. Para su cumplimiento, dio un tope de cinco días hábiles.

Aquella sentencia ya fue celebrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insistió al Gobierno local sobre la necesidad de su cumplimiento: "La suspensión de derechos debe de atender a los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no efectuarse en forma contraria a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos", remarcó. 

De hecho, la CIDH ya había emitido una resolución el 10 de abril, titulada 'Pandemia y derechos humanos en las Américas', remarcando este pilar general. 

Por último, la Corte salvadoreña había instado a la Asamblea Legislativa a crear una nueva legislación que regule "las medidas limitadoras de la libertad física" en el contexto de la pandemia global, pero "cumpliendo con los requisitos exigidos por la Constitución y la jurisprudencia de esta Sala". Sin embargo, los legisladores no pudieron cumplir con esta solicitud, mientras persiste una fuerte interferencia de poderes estatales. 

Bukele: "Cualquier otra ley, será vetada"

Frente a la intención de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que habían llegado a un acuerdo para sancionar una nueva normativa que de cumplimiento al pedido de la Corte, Bukele advirtió desde su cuenta de Twitter: "Reitero que cualquier otra ley que trate de contrariar o disminuir este decreto, será vetada". 

La idea consensuada era imponer sanciones económicas para aquellos que violen la cuarentena obligatoria, y así evitar las detenciones. "Señores diputados, lo único que buscan es que salvadoreños mueran, para luego culpar al Gobierno de las muertes", contestaba el jefe de Estado en redes sociales.

Y como si no faltaran actores en este escenario de disputa, la Iglesia Católica también se expresó en contra de los cambios: "Pedimos a los señores diputados que no aprueben leyes atentatorias contra la vida de las personas", manifestó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.  

Así, tras desoír a la Justicia nacional y la Corte Interamericana, el mandatario se mostró orgulloso por hacer desistir a los parlamentarios y lograr que su decreto original se prorrogue, con 65 votos a favor y ninguno en contra: "Funcionó la presión. Ojalá no sea necesaria dentro de 15 días".

Más allá del nuevo coronavirus, esta no es la primera vez que se producen conflictos con la Asamblea Legislativa: a mediados de febrero Bukele irrumpió en el Parlamento con decenas de militares y policías para que los congresistas aprobaran un crédito destinado a luchar contra el crimen organizado. Aquella sesión no se pudo celebrar por falta de 'quórum', y la oposición calificó la secuencia como un "autogolpe". 

Situación del coronavirus

La última actualización del reporte gubernamental indica que aquella nación tiene 177 casos confirmados de covid-19, y un total de siete fallecidos. Entre los muertos, se encuentra un niño de cuatro años, quien perdió la vida en las últimas horas: "Esto es demasiado duro. No me imagino lo que están pasando los padres ahorita. Dios, ayúdanos", manifestó el jefe de Estado.

Por otro lado, las autoridades señalan que hay 132 contagios activos y 38 personas que ya se recuperaron. Del total de afectados, 117 trajeron el nuevo coronavirus desde el exterior, y 60 infectados contrajeron la enfermedad en El Salvador. 

Con ese marco, Bukele gana la pulseada contra los otros dos poderes del Estado, y las detenciones continúan. 

Leandro Lutzky