El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este jueves que su administración tiene el objetivo de realizar el plebiscito constitucional en el mes de octubre, aunque ello dependerá de cómo siga la crisis sanitaria por el coronavirus.
El mandatario se refirió al tema durante una rueda de prensa en La Moneda, casa de Gobierno, en la que dio detalles de las políticas llevadas a cabo en Chile por la pandemia, mediante las cuales pretende ir flexibilizando la cuarentena.
"Tenemos una Constitución que mandata un plebiscito para el 26 de abril. Nuestro Gobierno respeta la Constitución y las leyes, y por lo tanto trabaja para la realización del plebiscito el 26 de octubre de este año", dijo Piñera al ser consultado sobre la jornada democrática.
No obstante, aclaró: "Tenemos que estar atentos a cómo evolucionan la pandemia del coronavirus y la pandemia de la crisis social".
¿Por qué un plebiscito?
El plebiscito constitucional, con su fecha de realización, fue establecido por ley tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en el marco de la serie de protestas que se desarrollaron en Chile desde octubre del año pasado, con el eje puesto en la desigualdad social y la falta de garantías en los derechos fundamentales, como la educación y la salud.
La consulta popular determinará si la mayoría de los chilenos quiere o no cambiar la actual Carta Magna, proclamada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. El cambio constitucional fue una de las demandas en las manifestaciones que se sucedieron a lo largo de seis meses porque el texto actual no garantiza algunos de los derechos básicos.
Durante todo ese período de ebullición social, el Gobierno de Chile fue denunciado por organismo de derechos humanos, debido a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas, principalmente en la capital, Santiago.
De acuerdo a un informe de la Fiscalía de Chile, fueron presentadas 5.558 denuncias, de las cuales 285 fueron por daño ocular, 4.158 por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, 1.038 corresponden a abusos contra particulares y 134 por casos de torturas.