Por qué peligra la prórroga del estado de alarma en España y qué consecuencias tendría para los ciudadanos

Este lunes, el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, la principal fuerza de la oposición en España, ha puesto en duda su apoyo a la solicitud del prórroga del estado de alarma por parte del gobierno por otros quince días. Este estado sustenta las medidas del Ejecutivo de coalición del presidente socialista Pedro Sánchez, como el confinamiento de la población en sus domicilios, las restricciones de circulación o el cierre de ramas de actividad económica.

"El estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene sentido. Con los datos que tenemos hoy, no podemos apoyarlo", ha declarado Casado esta mañana en una entrevista en Onda Cero. El político ha defendido que "ha sido necesario cuando había necesidad de que no colapsaran las unidades de cuidado intensivos" de los hospitales, pero que una vez que se permite la salida de los ciudadanos para pasear o tomarse algo en una terraza no tiene sentido seguir imponiendo a los españoles medidas que van en contra de sus "derechos y libertades".

El líder popular propone bajar los impuestos para afrontar la crisis económica, aunque no ha aclarado como se sufragarían entonces los gastos extraordinarios que está realizando el gobierno en favor de las personas más desfavorecidas, como la flexibilización de los subsidios por desempleo o una renta mínima para las familias sin ingresos. También exige que se realicen test de forma masiva entre la población y que se implementen sistemas de protección frente al contagio para todos los trabajadores.

Aún así, Casado no ha aclarado si el voto de los parlamentarios de su partido (88 en un Hemiciclo con 350 asientos) será negativo o se abstendrán ante la solicitud de prórroga. La diferencia entre ambos casos es significativa, pues una abstención daría luz verde a la propuesta del Ejecutivo bicolor, que con 155 escaños solo podría contar con un máximo de 107 votos en contra. Sin embargo, el voto negativo obligaría al Gobierno a negociar con otros grupos parlamentarios.

El Gobierno insiste en la importancia del mantenimiento del estado de alarma

Por su parte, desde el gobierno de coalición se insiste en que es vital continuar con el estado de alarma. Así, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha replicado desde el Palacio de Moncloa, sede de la Presidencia, que "si el estado de alarma decae, todo el mundo deberá reincorporarse a la actividad, a los estudios, no se podrán plantear restricciones de movilidad y determinados expedientes no se podrán plantear por cuestiones de fuerza mayor".

También el titular de la cartera de Sanidad, Salvador Illa, ha subrayado la importancia del estado de alarma: "Ha sido una herramienta que ha funcionado de forma eficaz, es imprescindible en esta fase de transición", ha dicho, refiriéndose al periodo que enfrenta el país, en el que se espera implementar el plan de desescalada diseñado por el Consejo de Ministros que contempla cuatro fases en las que se irán eliminando paulatinamiento las restricciones impuestas para frenar la pandemia.

La oposición contra el gobierno

Cuando comenzó la propagación del coronavirus en España varios partidos de la oposición exigieron al gobierno la declaración del estado de alarma. Los más vehementes en sus planteamientos fueron la extrema derecha de Vox, dirigida por Santiago Abascal, y, precisamente, los conservadores del PP bajo el mando de Pablo Casado.

Son justo esas dos formaciones las que desde hace unos días han comenzado a oponerse a que este estado se prolongue en el tiempo y han reclamado la reactivación de todos los sectores económicos para paliar la depresión económica que ha propiciado la crisis sanitaria.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, incluso ha pedido que los alumnos de todos los niveles educativos (desde las guarderías hasta la Universidad) vuelvan a las aulas al menos quince días antes de concluir el curso escolar, después de que el gobierno ya haya informado que la reanudación de las clases presenciales se realizará ya el curso que viene, a partir de septiembre. Precisamente, Ayuso decretó el cierre de los centros docentes presenciales el 11 de marzo, sin contar con el Ministerio de Sanidad, y tres días antes de que se decretara a nivel nacional por el gobierno. 

¿Qué medidas decaerían si no se aprueba el estado de alarma?

El estado de alarma ha permitido al Ejecutivo la puesta en marcha de varios paquetes de medidas durante la crisis provocada por la pandemia, muchas de las cuales se encuentran supeditadas a la prórroga de este estado.

España tras el confinamiento: la crisis del coronavirus se ceba con los más vulnerables

Si la moratoria no sale adelante, las regiones españolas recuperarían las competencias en materias como Sanidad, Transportes o Interior, ahora bajo el mando único del comité de crisis formado por ministros del gobierno, de manera que las restricciones de movilidad dejarían de estar vigentes.

Como advirtió este domingo la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Muchas de las medidas decaen si decae el estado de alarma. En mi ámbito, por ejemplo, el pago de tributos". Así, el pago fraccionado de los impuestos de pymes y autónomos descuenta los días del estado de alarma, descuento que no se producirá cuando sea levantado.

Los más vulnerables también se verían afectados, pues durante el estado de alarma el gobierno ha prohibido el corte de los suministros básicos, ha aprobado una moratoria para el pago de hipotecas e importantes ayudas para hacer frente al pago de los alquileres.

Lo cierto es que este lunes las cifras que ha publicado el Ministerio de Sanidad reflejan una sensible mejoría de la situación, con tan solo 164 fallecimientos (los mismos que la jornada anterior) y 356 nuevos contagios en las últimas 24 horas, si bien esta última cifra puede haberse visto reducida de manera desproporcionada por el nuevo método de cómputo de la Comunidad de Madrid, la más afectada del conjunto del país, y por el efecto de las tres jornadas previas no laborales, que siempre conlleva un retraso en las notificaciones de nuevos casos.

En total, desde el inicio de la epidemia, España ha registrado 217.822 casos confirmados por PCR, 25.428 muertes y 121.343 pacientes que han superado la enfermedad.

Nuria López