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Fiscalía de Colombia interrogará al exjefe del Ejército por el escándalo de espionaje masivo a periodistas, políticos y activistas
A pesar de otras investigaciones que se le han abierto al general retirado Nicacio Martínez Espinel, iba a ser nombrado agregado militar de Colombia ante Bélgica.
La Fiscalía de Colombia anunció que citará a Nicacio Martínez Espinel, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, para ser interrogado sobre su presunta relación con una serie de interceptaciones y escuchas ilegales a unas 130 personas.
El fiscal general Francisco Barbosa Delgado informó que se tomó esta medida ante las recientes "revelaciones" sobre "presuntos perfilamientos ilegales" a periodistas, a defensores de derechos humanos, al entonces secretario general de la Presidencia, a un asesor del Alto Comisionado para la Paz y a personas de confianza del presidente Iván Duque.
Un reportaje publicado recientemente en la revista Semana develó que ciertas unidades del Ejército colombiano espiaron durante meses a estas personas usando, supuestamente, parte de los recursos de la cooperación estadounidense.
Según esta denuncia, entre febrero y diciembre de 2019, mientras que Martínez Espinel se encontraba en funciones, estas unidades se valieron de herramientas informáticas y de software para buscar y recolectar "masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar".
Reacción de Martínez Espinel
El general retirado dijo en un comunicado, difundido por su abogado Jaime Granado, que mientras fue comandante del Ejército todas sus actuaciones ocurrieron "dentro del marco de la ley" y que "nunca" había dado una orden de "seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, políticos, magistrados, miembros el alto gobierno o cualquier otra persona que represente una institución del Estado", recoge El Colombiano.
Martínez Espinel agregó que "jamás" había considerado a los medios de comunicación como "enemigos" y aseguró que "las acusaciones" son "de personas que se mantienen en el anonimato" y que buscan afectarlo a él, a su familia y a las instituciones del Estado.
En el texto manifestó que su renuncia de la comandancia del Ejército, en diciembre de 2019, se debió a las "múltiples calumnias y atropellos mediáticos" en su contra. En esa oportunidad Duque dijo que era por "motivos familiares".
Acción de la Fiscalía
Barbosa Delgado adelantó que "los nuevos hechos, revelados el fin de semana, que darían cuenta de otros actos ilícitos, serán incorporados a la investigación que adelanta la fiscal delegada ante la Corte Suprema".
Afirmó que desde el 16 de enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía abrió indagación por los delitos de "violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores".
El fiscal general aseguró que esa institución está a la espera de los resultados de los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército en diciembre de 2019 y que ha ordenado "entrevistar a las personas que se consideren necesarias para esclarecer lo ocurrido".
De igual modo, expresó que haber hecho "perfilamientos contra personas cercanas al presidente denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de derecho".
En estas actividades habrían participado algunos batallones de ciberinteligencia, pertenecientes a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), adscritos al Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y al Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
Fuera de la OTAN
Martínez Espinel iba a ser nombrado agregado militar de la Embajada de Colombia en Bélgica, por lo que sería interlocutor del país suramericano ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a pesar de que tanto la Fiscalía como la Procuraduría le han abierto otras investigaciones relacionadas con el supuesto encubrimiento de la muerte de civiles a manos de militares, hace más de diez años, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, según una investigación de AP.
Por otra parte, el New York Times (NYT) realizó un trabajo periodístico que reveló que generales y coroneles del Ejército de ese país suscribieron un acuerdo para incrementar los operativos y "ser efectivos operacionalmente", con el objetivo de "matar, capturar o forzarla rendición de los grupos criminales y rebeldes".
La Procuraduría de ese país informó en esa oportunidad que había abierto una indagación al comandante del Ejército y a otros funcionarios por "presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados de las operaciones", tras la denuncia del NYT. Aún no ha habido resultados.
Martínez fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006, donde habría firmado pagos irregulares por el testimonio de informantes que aportaban datos para realizar las operaciones militares. La Fiscalía colombiana abrió investigaciones sobre 23 ejecuciones de esa brigada en 2005, según un informe de Human Rights Watch.
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