El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional (Parlamento) el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, normativa con la que busca paliar la crisis sanitaria y económica en el país por la pandemia.
"Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye al que menos tiene. Que las empresas más sólidas apoyen a las más débiles", dijo el mandatario sobre el proyecto, que envió acompañado de otro, la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
La Ley Humanitaria, entre otras cosas, contempla la creación de contribuciones especiales por parte de personas naturales y jurídicas, con las cuales estiman recoger unos 1.400 millones de dólares, cuyo dinero será manejado por representantes de la sociedad civil, según dijo Moreno.
Para los ciudadanos, la propuesta comprende contribuciones por parte de quienes ganen 500 dólares en adelante, durante nueve meses. Sin embargo, en el Congreso se debate aún la base de ese monto, algunos legisladores proponen que sea desde quienes tienen ingresos netos mensuales de 720 dólares, otros 1.000, 1.500 y hasta 2.500.
Entretanto, las empresas deberán dar un aporte único de 5 % en base a sus utilidades, cuando hayan ganado más de un millón de dólares. Desde el Gobierno propusieron que ese monto se calcule según el año fiscal 2018, pero en la Asamblea Nacional lo llevaron a 2019.
Además de las contribuciones especiales, la normativa incluye la extensión de la cobertura de prestaciones de salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para las personas que pierdan su empleo por la crisis del coronavirus; los acuerdos laborales a los que podrán llegar el empleador y los empleados para evitar el cierre de las empresas —es decir, modificar, de común acuerdo, las condiciones de la relación laboral—; medidas en el sector educativo, como la prohibición de suspensión de asistencia y evaluación a alumnos por falta de pago, entre otros temas.
¿Qué dice el sector exportador?
Desde el sector de exportaciones no petroleras de Ecuador, que reúne a camaroneros, bananeros, plataneros, cacaoteros, pesquero, entre otros, y que proporcionan el 61 % de los envíos al exterior, se han manifestado en contra de la medida.
Su principal reclamo es la contribución especial. "Ecuador lleva 40 años de aportes solidarios", dijo José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, cuyo principal producto de exportación es el camarón.
Mencionó que "cada vez que sucede un fenómeno natural, cada vez que hay una ruptura de oleoducto, cada vez que hay una situación, el Estado se vira al ciudadano". Indicó, además, que "no es el reclamo a un impuesto", sino a "una situación que se ha venido repitiendo de forma sistemática".
"Hay una desconexión de lo que está sucediendo en el país —con la gente, con el sector real de la economía—, con lo que los líderes políticos están haciendo en estos momentos", añadió Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Este empresario y dirigente explicó que la ley busca "ahogar la economía de las empresas y de las familias", ya bastante afectadas con la crisis del coronavirus.
Desde su punto de vista, "son soluciones a corto plazo, soluciones parche, en muchos casos podemos, inclusive, ver que hay mucha improvisación".
Pérdidas en 2020
La queja sobre la contribución especial viene, además, por las pérdidas que este sector exportador estima que tendrá este año debido a la pandemia; tras anunciar que actualmente están operando con el 50 % de su capacidad instalada.
Camposano precisó que calculan que podrían sufrir una caída de 100 millones de dólares mensuales o más. "El país dejaría de percibir entre 1.200 y 1.800 millones de dólares a lo largo del año", comentó; lo que se traduce en entre 10 y 15 % de pérdidas, respecto al año pasado.
Según cifras del Banco Central del Ecuador, en 2019 las exportaciones totales en el país alcanzaron los 22.329 millones de dólares, de los cuales, 8.679 millones correspondió al sector petrolero y 13.649 millones al no petrolero.
En el área camaronera, en particular, Camposano aseguró que calculan pérdidas de entre 450 y 500 millones de dólares, frente a los 3.890 millones obtenidos el año pasado.
Leone señaló que la aplicación de esta contribución especial podría acarrear la "destrucción de puestos de trabajo"; aunque, dijo que las empresas del sector exportador se están esforzando por mantener las actividades, pese a las dificultades: "Puedo decir con certeza que nosotros, todos los gremios que estamos aquí, no hemos despedido a ni una sola persona".
"Estamos haciendo mayores esfuerzos por sostener, por un lado, el esquema monetario, que es la dolarización; y por otro lado, que es lo más importante, para nosotros como empresarios, el empleo", manifestó, por su parte, Camposano.
Leone insistió en que continuarán peleando "con las uñas y con los dientes para seguir operando y no tener que despedir a nadie". Sin embargo, mencionó que deben sostener reuniones con los organismos estatales para determinar "como inyectar liquidez al sector exportador".
Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), señaló que, contrario a lo que ocurre en Ecuador, sus competidores afuera "están hoy recibiendo créditos blandos, subsidios, fondos de estabilización de precios, muchas prebendas que les dan mejoría competitiva contra la producción ecuatoriana".
Juan José Pons, representante del sector bananero, mencionó que, de concretarse la ley, se sentirán duras consecuencias: "Se va a reducir el consumo, se sigue generando desempleo, porque en el mercado interno no habrá negocio para el comercio local; en el caso de las empresas, el costo tributario va a terminar siendo insostenible".
Obreros convocan protesta
Este sector de empresarios no es el único en oponerse a al proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, puesto que también lo hacen varios sindicatos de trabajadores.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión General de Trabajadores (UGTE) y otras centrales obreras convocaron a un plantón —cumpliendo las normas de distanciamiento por la pandemia—, para el próximo viernes 8 de mayo en los exteriores de la Asamblea Nacional, en Quito, donde pedirán el archivo del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.
Estos trabajadores rechazan que la normativa da paso a la precaridad y flexibilización laboral, puesto que incluye mecanismos como el contrato emergente o la suspensión emergente de la jornada de trabajo, el goce de vacaciones por devengadas y por adelantado.
José Villavicencio, presidente de la UGTE, señaló que el Parlamento tiene dos opciones: "Allanarse a la política neoliberal presentada por el presidente Moreno o acoger las propuestas alternativas de los trabajadores".
"La situación es extraordinaria, es decir, pensar que la salida, por ejemplo, es una negociación sin ley entre empresarios y trabajadores es sencillamente delirante, es entregarles carta abierta a los empresarios para que hagan lo que les de la gana de aquí en adelante", opina el sociólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador David Chávez.
Villavicencio recordó que desde las centrales obreras han planteado no pagar la deuda externa, cobrar moras en impuestos por más de 1.500 millones de dólares a grandes empresas, establecer un impuesto a las 235 familias que tienen un patrimonio por más de 30.000 millones de dólares, y que los grandes grupos económicos, como la banca, aporten de manera progresiva. Con este plan, dijo, el Estado podría contar con 15.000 millones de dólares anuales para resolver el problema sanitario y económico por el que atraviesa el país.
Políticas de regresión
"Creo que somos uno de los pocos Estados del planeta que, en lugar de utilizar políticas de protección social, siguen utilizando políticas de ajuste y de regresión de derechos sociales", opina el economista Erik Mozo.
Señala que desde el Gobierno se han presentado, incluso, medidas inconstitucionales, como la reducción de salarios del personal fijo del sector público; medida que, no obstante, respaldan los empresarios del sector exportador.
"Hay argumentos legales en la propia Constitución donde se puede, por el bien común y por defender un bien mayor, que es la estabilidad, donde se pueden tomar medidas para bajar la masa salarial, reducir el costo de los salarios, en un 20 a 25 % (del sector público)", opinó Leone.
Al respecto, Mozo manifiesta que con ello "no solamente están yéndose en contra de la Constitución y de la lógica económica, que ya hasta ahí son dos cosas claves que se están pasando por alto, sino, sobre todo, de los derechos de las personas".
Chávez, por su parte, menciona que, "mientras, en otros países se está discutiendo la necesidad de una renta humana básica, de la ampliación de un seguro de desempleo, de la estructuración de sistemas de provisión de alimentos para que la gente no salga de sus casas, acá estamos discutiendo cómo precarizamos aún más las condiciones de trabajo".
El proyecto de ley fue enviado a la Asamblea Nacional la noche del 16 de abril y deberá ser tratado como "económico urgente", es decir que el Parlamento tiene 30 días para su debate y aprobación; en caso de no hacerlo, se pone en marcha automáticamente tal como lo envió el Ejecutivo.
Edgar Romero G.
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