La CIDH y México acuerdan reinstalar un grupo de expertos para colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de México firmaron un acuerdo para reinstalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), que brindará asistencia técnica internacional para esclarecer "el caso de la desaparición forzada" de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa, estado de Guerrero, informó el jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Según el comunicado de la CIDH, las gestiones para poner en funcionamiento al equipo comenzaron el 3 de diciembre, "a solicitud de los padres y madres" de las víctimas del crimen cometido en de septiembre del 2014. Esto se da "en el marco de la medida cautelar 409/14 emitida por la CIDH para la determinación del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa que, a la fecha, continúa vigente", señala el texto.
De esta forma, representantes de los jóvenes desaparecidos, junto a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), también firmaron el acuerdo, "como testigos de honor".
Sobre el GIEI, ya se dio a conocer quiénes volverán a asumir sus funciones: Ángela Buitrago (Colombia); Carlos Beristain (España); Francisco Cox (Chile) y Claudia Paz (Guatemala). Los expertos desarrollarán actividades por nueves meses, debiendo elaborar un informe inicial en sus primeros tres meses de trabajo.
Responsabilidades de la GIEI
Además de brindar asistencia técnica en el caso, sus atribuciones serán: "La participación en la elaboración de planes de búsqueda, el análisis técnico en las investigaciones y el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Atención y Posibles Reparaciones para las víctimas y sus familiares". Al mismo tiempo, tendrá a su cargo "la identificación de patrones de tortura y el análisis de las garantías de independencia para la investigación".
Por su parte, la Cancillería mexicana agregó que el pacto se corresponde a un decreto local firmado en diciembre del 2018, "por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas" para que los familiares de las víctimas obtengan "la verdad y acceso a la justicia".
Según la versión oficial del caso, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos habrían sido detenidos por policías locales y luego entregados a un grupo criminal, acusado de asesinar e incinerar a los jóvenes en un basurero. Esta hipótesis también señala que los restos de los chicos habrían sido arrojados a un río. Sin embargo, la CIDH, que analizó el expediente entre marzo del 2015 y abril del 2016, cuestionó la investigación y denunció graves irregularidades.