El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se paseó el sábado pasado en una moto acuática por el lago de Brasilia, una actitud de aparente despreocupación ante el imparable avance de la pandemia del coronavirus en el país y la batalla judicial que libra contra su popular exministro de Justicia, Sergio Moro.
Con 177.589 infectados y 12.400 muertos, el gigante latinoamericano se perfila como el próximo epicentro mundial de la epidemia, con graves consecuencias sobre su ya golpeada economía, una situación que preocupa mucho a sus países vecinos.
A la crisis sanitaria y económica, se le suma una tercera, la política, después de que Moro acusase a Bolsonaro de interferencia en la Policía Federal (PF), para obtener información de investigaciones que podrían afectar a sus hijos, el senador Flavio y el concejal Carlos.
Estas acusaciones derivaron en una investigación ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF), que entró esta semana en una etapa decisiva.
El caso ha supuesto una considerable pérdida de apoyos para Bolsonaro. Eran muchos los que le seguían por su discurso anticorrupción, una de sus banderas políticas. Un sondeo publicado esta semana indica que la desaprobación del mandatario, muy criticado por su gestión de la crisis del coronavirus y su postura contraria al confinamiento, aumentó desde enero de un 47 % hasta un 55,4 %.
Un video clave de la investigación
Durante su declaración ante la Policía Federal hace unas semanas, Moro citó un video de una reunión del 22 de abril, dos días antes de su dimisión, donde Bolsonaro habría ordenado el reemplazo del superintendente de la PF en Río de Janeiro por razones personales, así como la salida del director general del cuerpo, Mauricio Valeixo. Valeixo fue finalmente destituido por Bolsonaro, lo que propició la salida de Moro.
"No esperaré a que se joda a alguien de mi familia. Cambio a todo el mundo de seguridad. Cambio de jefe, cambio de ministro", aseguró el jefe de Estado, según fuentes de G1 que asistieron al visionado del vídeo el martes.
En esa reunión, clave para la investigación, participaron tres ministros, todos con rango de general, y que, por lo tanto, fueron testigos de la conversación: el ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, el jefe de la Casa Civil, Walter Braga Netto, y el ministro de la secretaria de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos.
Bolsonaro afirmó que en el encuentro no mencionó en ningún momento las palabras "Policía Federal", "superintendencia" o "investigación", y que solo se refirió a los temores por la seguridad de su familia.
Por el momento, la defensa de Moro ha pedido que se divulgue el video porque, según ella, confirma las acusaciones del popular exministro y exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato. Desde Planalto, los asesores del presidente alegan que la grabación no contiene "elementos fuertes con valor legal" para denunciar al jefe de Estado.
¿Bolsonaro retirado de su cargo?
Será el fiscal general de la República, Augusto Aras, el que tenga la última palabra sobre este asunto y decidirá si se interpone una denuncia formal ante el STF contra el presidente. De aceptarse la denuncia, Bolsonaro sería apartado automáticamente del cargo durante 180 días hasta que se resuelva el juicio.
"La posibilidad de que la investigación fuerce a Bolsonaro a dejar la presidencia es muy baja. Y no por una evaluación de las pruebas contra él, sino porque el fiscal general de la República [Augusto Aras] fue una persona elegida por Bolsonaro justamente por ser 'bolsonarista'", explica a RT Thomaz Favaro, director de la consultoría estratégica Control Risks Brasil.
Favaro comenta que históricamente en Brasil, la elección del fiscal general la deciden los propios procuradores, que elaboran una lista con tres nombres para presentar al mandatario, quien elige una de esas opciones.
"Eso ha sido una regla no escrita de los últimos 20 años, pero Bolsonaro, cuando llegó, eligió a Aras, que estaba el séptimo de la lista. Aras era la persona con afinidades más contundentes con el discurso político de Bolsonaro", explica.
El analista es todavía más claro: "Aras está allá para apoyar al Gobierno dentro de la Fiscalía. Es un aliado y, por ende, es poco probable que avance mucho con la investigación. De hecho, el camino más factible es que, una vez hechas las audiencias, decida que no tiene material suficiente para realizar una acusación contra el presidente".
Respecto a Moro, el exministro podría enfrentarse a una acusación por falso testimonio, pero el analista no ve probable que eso ocurra. "Él se jubila, no puede volver a ser juez. Pensará en su próximo desafío y nadie sabe cuáles serán sus siguientes pasos y si seguirá o no su carrera política", concluye.