Ingreso básico universal en América Latina: la propuesta de Cepal para paliar el aumento de pobreza por la pandemia

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, propuso este martes que los gobiernos de la región entreguen un ingreso básico de emergencia a la población más vulnerable durante seis meses, con el objetivo de mitigar el previsible aumento de la pobreza que dejará la pandemia del coronavirus y garantizar su derecho a la sobrevivencia.

Al presentar el informe "El desafío social en tiempos del Covid-19", y que es el tercero en su tipo que publica el organismo, la funcionaria precisó el negativo efecto de la emergencia sanitaria, ya que se anticipan caídas de la economía e incrementos de la pobreza y el desempleo que se explican, en parte, a la limitada reacción que han tenido los países por la histórica debilidad que padece el estado de bienestar en esta parte del mundo.

"La Cepal propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para todos los ciudadanos en situación de pobreza, que serán alrededor de 215 millones de personas, el 34,7 % de la población", dijo Bárcena, en conferencia de prensa virtual desde Santiago de Chile, al precisar los alcances de una medida que representaría un gasto adicional del 2,1 % del Producto Interno Bruto.

La visión estratégica a largo plazo, agregó, es crear un ingreso básico universal que garantice a la gente la posibilidad de dedicarse a labores productivas sin la presión de la sobrevivencia, así como la certeza de un sistema de protección social que incluya salud, pensiones y seguro de desempleo.

"Tenemos que avanzar hacia un pacto de bienestar con un nuevo pacto social que incluya lo fiscal, lo social y lo productivo", dijo al subrayar la inequidad que se refleja en los diferentes impactos que tiene la pandemia de acuerdo al estrato social al que se pertenezca, ya que la población más vulnerable es la más afectada.

"Evitar otra década perdida"

Bárcena señaló que, sin considerar todavía el resultado de las medidas adoptadas por los países para tratar de contener las repercusiones de la pandemia, la pobreza crecerá del 30,3 % al 34,7 % este año, lo que implicará 28,7 millones de nuevos pobres, de los cuales 15,9 millones estarán ubicados en la pobreza extrema.

"Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la Cepal reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos (...) Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida", insistió.

En el informe, la Cepal considera que las transferencias monetarias temporales e inmediatas pueden satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida en un escenario más bien pesimista, ya que el propio organismo ha proyectado que una caída de la economía del 5,3 %  en la región para este año, así como un aumento del desempleo de 3,4 %.

Otro dato a destacar, y que hace urgente el diseño de alternativas de apoyo, es que, de confirmarse las tendencias previstas, el índice de Gini (que mide la desigualdad) aumentará entre el 0,5 % y el 6,0 %, con particular impacto negativo en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay.

El documento detalla que los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica están conformados por mujeres, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas; niños, niñas y adolescentes; jóvenes, personas mayores, población rural, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y personas en situación de calle.

También explica que, desde el 13 de marzo, 29 gobiernos latinoamericanos y caribeños han aplicado 126 medidas de protección social, entre ellas transferencias monetarias y alimentarias o médicas, suspensión o exoneración en el pago de servicios básicos y alivios tributarios y controles de precios, que han alcanzado a 90,5 millones de hogares, que representan el 58 % de la población regional.

La propuesta de crear un ingreso básico universal permanente comenzó a tomar fuerza desde que estalló la pandemia y dejó en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran millones de ciudadanos en todo el mundo.

En el caso de la Cepal, en el informe detalla la necesidad de aplicar esta política y pone de ejemplo a México, país en el que ese ingreso rozaría los 73 dólares mensuales, que es el costo de la canasta básica alimentaria de las zonas urbanas y que representaría el 10,3 % del PIB, mientras que una transferencia equivalente a un salario mínimo implicaría el 20,2 %. Por ello, la apuesta es que su aplicación sea gradual y a largo plazo.

Para apoyar la iniciativa, el organismo recordó que la crisis de la deuda externa de los años 80 incrementó la pobreza y la región demoró 25 años en regresar a los niveles previos a la crisis. Ahora, la pandemia equivale a un retroceso de 13 años.