Derrame petrolero e inundaciones: las otras afectaciones a comunidades indígenas de la Amazonía de Ecuador, ya en alarma por el coronavirus
Las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana se mantienen en alarma por el coronavirus. No existen cifras oficiales de cuántos ciudadanos pertenecientes a estos pueblos están contagiados o fallecieron debido a la pandemia, puesto que el gobierno no ha desagregado los datos.
La semana pasada, Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), informó que tenían registrados 57 casos positivos y dos fallecidos entre miembros de estas comunidades indígenas amazónicas.
El fin de semana pasado, la ecuatoriana Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos comunicó que una mujer waorani, de 21 años, dio positivo en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Además, había casos sospechosos de la misma nacionalidad, en esa misma comunidad y en Conipare y Gareno, en Napo; y Toñampare, en Pastaza.
El pasado domingo, la misma comunidad informó sobre la muerte de un pikenani (jefe de familia) waorani en la comunidad de Bataburo, en la provincia de Pastaza, con sintomatología asociada al coronavirus.
Mientras, este miércoles 20 de mayo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dio a conocer la confirmación de 12 casos más en las comunidades de Capataza y Charapacocha, territorio de la nacionalidad Achuar, en Pastaza.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron al Estado ecuatoriano a "extremar medidas de protección" a estos pueblos frente a "los altos riesgos" a los que están expuestos ante el coronavirus, considerando que son pueblos aislados y otros de reciente contacto con el exterior, por lo que tienen "alta vulnerabilidad inmunológica ante nuevos patógenos".
"Triple pandemia"
Pero, aparte de las afectaciones por el coronavirus, los pueblos originarios de esta parte de Ecuador enfrentan "una triple pandemia", señala Tapia.
"No solo la pandemia que vivimos por el covid-19, sino que también todo el proceso de las inundaciones que tuvimos en el mes de marzo y que todavía continúan en el mes de mayo, que fueron inundaciones igual históricas, que no se habían visto en las últimas décadas", nombró el dirigente indígena como otra afectación.
Además, habló de "los derrames petroleros" que han tenido también que sufrir en la Amazonía norte y "las propias condiciones de marginación histórica de desatención, sobre todo en temas de servicios de salud".
Derrame petrolero
El pasado 7 de abril, ocurrió el rompimiento de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan el petróleo y derivados desde la Amazonía a Esmeraldas, provincia de la Costa, al otro lado del país.
La ruptura ocurrió en la localidad de San Rafael, en el límite de las provincias Sucumbíos y Napo del país sudamericano, debido a un hundimiento de tierra.
Esto originó un derrame petrolero, que contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo y afectó, según estimaciones de Amazon Frontlines, a 118.617 personas, pertenecientes a 22 parroquias rurales de ocho cantones que lindan con las riberas de estos afluentes en las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.
"Los cantones y parroquias afectadas por el derrame son históricamente zonas de explotación petrolera; sin embargo, esta región amazónica se caracteriza por ser una las más desiguales del país, reportando los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas", señala un informe de esa organización.
De esas casi 120.000 personas afectadas, "35.000 vivirían en entornos rurales y tenían una relación mucho más cercana con el río, para actividades diarias y de supervivencia; y, de esa cifra, 27.000 corresponden a hombres y mujeres indígenas, de la nacionalidad kichwa, fundamentalmente", detalla, en entrevista con RT, Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos y coordinadora legal de Amazon Frontlines.
"Hay alrededor de 105 comunidades kichwas identificadas como afectadas de manera directa por el derrame", indica, la mayoría de ellas en Orellana. En 61 de esos poblados, varias personas han tenido diversos padecimientos de salud, algunos de ellos de carácter dérmico, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, por su contacto continuo con el agua.
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) manifiestan que "las víctimas del derrame enfrentan la peor catástrofe", los habitantes tienen "erupciones cutáneas y malestares que interrumpen, incluso, el sueño" y no han sido atendidos. "Ni OCP ni Petroecuador han establecido un plan de salud", reclama la organización.
Espinosa explica que la gente mantiene el contacto con los ríos "por actividades de aseo personal, de lavado de la ropa, de recreación y porque algunos tienen que seguir saliendo a faenas de pesca, porque de ahí depende su supervivencia alimentaria".
¿Qué han hecho las autoridades?
La activista comenta que, para subsanar la situación, las autoridades han dejado en manos de las petroleras involucradas la respuesta a este asunto. En el caso del SOTE y el poliducto, de la estatal Petroecuador; y el OCP, un consorcio de petroleras privadas.
"La respuesta fundamentalmente ha sido entregar algunos litros de agua en algunas comunidades, entregar algunos kits de alimentos en algunas comunidades también y, en ambos casos, no existe una periodicidad de la entrega, por lo cual no hay un cubrimiento de las necesidades que tienen esas comunidades", enfatiza.
También, dice, se han empezado actividades que ellos han denominado "de remediación" que "son solo de limpieza". Para estas labores se ha empleado mano de obra local, pero las organizaciones de derechos humanos desconocen cuál ha sido la situación de contratación de ese personal.
"Entonces, consideramos que, en efecto, no hay una respuesta adecuada por parte del Estado ni por parte de las empresas y que la misma no está constituyendo una reparación integral a todos los derechos de las comunidades que resultan afectadas por el derrame", añadió.
Aunque los tubos ya fueron reparados, la situación de emergencia y riesgo persiste, porque la contaminación está presente y porque, además, dice Espinosa "hay varios reportes técnicos que indican que la zona es muy inestable, con una actividad sísmica importante, propensa a deslaves", por lo que podría haber accidentes futuros.
Sobre este caso, la CONFENIAE informó que un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Francisco de Orellana llamó a comparecer a los ministros de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz; del Ambiente, Paulo Proaño; y de Salud, Juan Carlos Zevallos; así como al procurador general, Íñigo Salvador Crespo. También fueron convocados representantes de la OCP y de Petroecuador.
La audiencia estaba prevista para el pasado lunes 18 de mayo, sin embargo, fue pospuesta para el próximo 25 de mayo, a pedido del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Desde Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por este hecho y pidieron al Estado ecuatoriano "guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos en su respuesta a la emergencia causada por el derrame de petróleo" y "asegurarse que las personas y comunidades afectadas estén seguras y proveerles de la asistencia humanitaria requerida, con su participación, en todas las etapas de la emergencia". También, solicitaron que se garantice el debido proceso en la acción legal iniciada por los afectados.
Inundaciones
"Además, este tema del derrame coincide con una época invernal y con un registro muy alto de pluviosidad que hace años no se tenía en la zona", destaca la coordinadora legal de Amazon Frontlines.
En marzo pasado, dos semanas antes del derrame y justo cuando comenzó el confinamiento en todo el país, por la pandemia del coronavirus, fuertes lluvias generaron inundaciones y arrasaron con casas, cultivos y puentes de comunidades indígenas.
En la región Amazónica se desbordaron los ríos Bobonaza, Pastaza, Wapuno y Arajuno y ocasionaron inundaciones en las comunidades de Chapetón, Pakayaku, Sarayaku, Molino, Teresa Mama y Juan Montalvo.
Uno de los pueblos más afectados fue el pueblo kichwa Sarayaku, que quedó bajo el agua en tres oportunidades. Más adelante, hubo una crecida del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos, que ocasionó que la comunidad Ai’Kofan Sinangoe quedara incomunicada.
También hay dengue
Espinosa y la CONAIE han informado que, además, en la Amazonía ecuatoriana, así como en otras partes del país, se enfrentan al dengue, que ya había sido detectado desde antes de la llegada del coronavirus.
Se desconocen cifras exactas de afectados por esta otra epidemia. En entrevista con Pichincha Comunicaciones, Marlon Santi, coordinador del movimiento político e indígena Pachakutik, habló de "una ola de dengue que ha brotado en varias comunidades, en varias poblaciones".
Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2019, Latinoamérica registró 3.139.335 casos de dengue y 1.538 defunciones. La epidemia continuó este año, con más de 155.000 casos confirmados y 28 defunciones en las primeras cinco semanas de 2020, según ese texto, la última actualización que hizo el organismo al respecto, a principios de febrero.
En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública registró, hasta el pasado 12 de marzo, 888 casos, cifra que disminuyó a 257 el 4 de abril.