El líder social Julio César Hernández fue asesinado por paramilitares en una zona rural del municipio Tarazá, departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia.
El activista era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio, del municipio de San José de Uré, zona colindante con la localidad de Tarazá.
El cadáver de Hernández fue hallado el miércoles, pero fue hasta el jueves 14 de mayo que la policía local confirmó su identidad. Posteriormente, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) dio a conocer el caso a través de un comunicado difundido en redes.
La organización civil afirmó que fueron grupos de paramilitares los que cometieron el crimen contra Hernández, de 47 años de edad.
Hernández era beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos por la vereda San Antonio y representante de esa comunidad, luego de que el anterior líder de la Junta de Acción Comunal fuese asesinado en 2017.
En abril de 2019, Hernández debió salir de la vereda San Antonio, debido a que su hermano fue herido durante un ataque armado y la esposa de éste fuera asesinada.
"Desde entonces, el señor Julio César Hernández se había desplazado de su vereda por miedo a que tomaran represalias en contra de él y no había regresado a la región hasta febrero del año 2020, que volvió a la vereda Santa Clara del municipio de Tarazá, Antioquia", señaló Asocbac.
El miércoles pasado, paramilitares incursionaron en el vecino municipio de Cáceres, Antioquia, en la zona del Bajo Cauca, para asesinar al dirigente comunal Teylor Cruz Gil.
"Otro líder asesinado en Bajo Cauca. Dos en menos de 48 horas", escribió el activista Leonardo González, coordinador del Observatorio de conflictos y Derechos Humanos de Indepaz, en un mensaje difundido en redes sociodigitales.
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), una organización civil que forma parte del Consejo Noruego de Refugiados, Colombia es, después de El Salvador, el país latinoamericano con más desplazados internos por la violencia, tras registrar 139.000 desplazamientos internos en 2019.