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López Obrador, sobre los efectos de la reforma energética: "Estaban conspirando para destruir a Pemex y la CFE; estamos poniendo orden"

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El Gobierno de México emitió un decreto el viernes pasado para garantizar el suministro de la energía eléctrica ante los efectos de la crisis del covid-19, luego de los "privilegios" otorgados a particulares que acusan retroceso en materia de renovables.
López Obrador, sobre los efectos de la reforma energética: "Estaban conspirando para destruir a Pemex y la CFE; estamos poniendo orden"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó las medidas de la Secretaría de Energía, emitidas en un decreto, para devolver al Estado la rectoría del sector energético por encima de compañías privadas, luego de que la epidemia de covid-19 provocase una caída en la demanda de energía eléctrica.

El mandatario afirmó que su administración decidió intervenir para modificar las condiciones en las que sus antecesores dejaron al sector energético, después de que en 2014 los partidos de derecha aprobaran la reforma energética, en la que se otorgaron algunos "privilegios" a la inversión privada por encima del sector público. 

"Se habían apoderado del sector energético, del sector petrolero. Y estaban conspirando para destruir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estamos poniendo orden. Necesitamos poner orden y que no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal", dijo López Obrador.  

En este sentido, el mandatario explicó que tras la aprobación de la reforma energética, el Estado quedaba obligado a comprar de manera preferente la energía eléctrica producida por inversionistas privados. Y ante la baja demanda provocada por la epidemia de coronavirus, esto implicaba que el Estado mexicano detuviera sus plantas para seguir beneficiando a las empresas privadas. 

"En el Sistema Nacional de Energía se tenía que comprar primero la energía a los particulares, y parar las plantas de generación de la CFE. Si nosotros estamos garantizando que no se aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y que los particulares no aporten nada, que sigan con los mismos contratos leoninos", dijo López Obrador.

El mandatario también criticó que algunos de sus antecesores terminaran trabajando para empresas trasnacionales de energía, en una clara alusión al expresidente Felipe Calderón, que en 2016 se integró al consejo de administración de una filial de la empresa española Ibedrola, que fue beneficiada con la apertura del sector eléctrico mediante contratos otorgados por el Ejecutivo de Calderón, incluso antes de la aprobación de la reforma energética. 

"No soy gerente de una empresa, soy presidente de México", afirmó López Obrador.

Una medida que generó críticas entre algunos analistas y ambientalistas, quienes aseguran que dicha medida afectará la inversión privada en energías renovables.

El polémico decreto

El pasado viernes 15 de mayo, el Gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se abroga la 'Política de Confiabilidad' establecida el 28 de febrero de 2017, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

En dicha Política de Confiabilidad, que surgió como consecuencia de la reforma energética de 2014 —aprobada de manera conjunta por los partidos de derecha PRI y PAN— el gobierno de Peña Nieto estableció una serie de criterios para que el Estado mexicano privilegiara la compra de energía eléctrica a particulares por encima de las plantas propiedad de la empresa estatal CFE.

De ahí que, ante la caída de la demanda de energía eléctrica durante la epidemia del coronavirus, muchas empresas privadas seguían recibiendo dinero mientras las plantas del Estado tenían que frenar la generación de electricidad para privilegiar a las compañías trasnacionales.

Esto provocó que el Gobierno de López Obrador (quien antes de ser presidente fue un férreo opositor a la reforma energética) decidiera intervenir mediante un decreto para retomar el control de un sector estratégico, que había sido entregado gradualmente a empresas privadas.

Según datos oficiales, la CFE tiene el 56 % del mercado de electricidad en México mientras las empresas privadas manejan el 44 % restante.

De acuerdo con el Centro Nacional para el Control de la Energía, las empresas privadas de energía eléctrica que operan en México, pasaron de ser apenas seis a 110, de 2016 a 2020.

En octubre pasado, Manuel Bartlett, director de la CFE, señaló ante el Congreso que el Estado mexicano estaba "subsidiando" al sector privado ante los bajos costos que pagan las empresas particulares por la transmisión de la energía eléctrica que producen. 

"El Sistema Eléctrico Nacional no es de interés privado, es de interés nacional", señaló la secretaria de Energía, Rocío Nahle, este lunes en entrevista con Aristegui Noticias

Las reacciones de Europa y Canadá

Tras la aparición del decreto, los Gobiernos de Canadá y la Unión Europea externaron su preocupación por las repercusiones que podría tener este decreto en empresas de dichas regiones.

La Embajada de Canadá en México alertó que la entrada en vigor del acuerdo pone en riesgo inversiones canadienses por 450 millones de dólares. En una carta dirigida a la secretaria de Energía, el embajador canadiense, Graeme Clark, señaló que la implementación de esta nueva política energética altera la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en el país.

La delegación de la Unión Europea (UE) en México indicó que la implementación del acuerdo causará un impacto negativo en 44 proyectos de energía limpia en 18 estados del país. 

Entre las empresas involucradas en el desarrollo de energía eléctrica destacan compañías provenientes de Dinamarca, Países Bajos y España, principalmente.

En este sentido, Nahle señaló que esta semana responderá a las inquietudes de Canadá y Europa.

Asimismo, indicó que el Gobierno mexicano respetará las inversiones privadas realizadas en dicho sector, pero al mismo tiempo, debe garantizar el suministro de electricidad para los mexicanos, por lo cual, era necesario "poner orden" a los vacíos de regulación que existían en México. 

¿Un golpe a las energías renovables?

Otra de las reacciones al decreto fue la crítica de algunos grupos ambientalistas, quienes consideraron que la medida gubernamental representa un retroceso en materia de energías renovables.

"Es indignante que en medio de la crisis sanitaria, mientras la atención está dirigida a otros temas, se aprueben de manera rápida este tipo de medidas, que tampoco ayudan a solucionar la otra crisis, la climática", publicó Greenpeace México, el pasado 15 de mayo, en un mensaje a través de Twitter.

Sin embargo, el decreto publicado y firmado por Nahle afirma apoyar a las energías renovables, de manera "soberana" y ordenada, sin poner en riesgo el suministro eléctrico.

"La Política Energética Nacional considera la construcción de la transición energética de manera soberana y acelerada, mediante una política integral para la utilización de las energías renovables, sustentada en la evolución productiva y tecnológica, y en un aumento ordenado de la generación con energía limpia conectada y no conectada al Sistema Eléctrico Nacional", dice el decreto.

Asimismo, Nahle, señaló que el 31 % de la capacidad instalada para generar electricidad en México proviene de energías renovables: geotermia 1,2%;  solar 4,3 % ; eólica 7,5 % e hidroeléctrica 16 %.

Otro choque con los empresarios

Por su parte, las cúpulas empresariales en México, aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial, denunciaron que es un "ataque frontal" contra la inversión privada.

Por ello, el organismo empresarial pidió revocar el decreto, ya que, en su opinión, "atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia del sector energético". 

"Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como pérdida de empleos, confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30.000 millones de dólares", aseveró el organismo empresarial a través de un comunicado.

Una medida que representa un nuevo choque entre el Gobierno de López Obrador con el sector privado mexicano y extranjero.

Manuel Hernández Borbolla

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