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Un informe con medias verdades, ceses en la Guardia Civil y judicialización de la crisis sanitaria: ¿fue el 8M impulsor de la pandemia en España?

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Se acusa al presidente Pedro Sánchez y a 17 delegados de Gobierno de tomar una decisión administrativa injusta a sabiendas, al autorizar por motivos políticos las manifestaciones feministas.
Un informe con medias verdades, ceses en la Guardia Civil y judicialización de la crisis sanitaria: ¿fue el 8M impulsor de la pandemia en España?

Esta semana ha estallado una nueva polémica en el escenario político español. La semana comenzaba con la filtración de un informe que la Guardia Civil ha elaborado para una jueza y que ha servido para imputar al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar las manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo. El lunes se conocía el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza; este martes se producía la dimisión del número dos del cuerpo, Laurentino Ceña; y el miércoles era el número tres, Fernando Santafé, relevo natural de Ceña, quien sorprendía con su 'cese pactado'.

La cascada de acontecimientos ha dado lugar a la primera gran crisis dentro del Ministerio de Interior, a la petición de explicaciones a su titular, el ministro Fernando Grande-Marlaska, y a un duro ataque de las formaciones de la derecha.

El informe de la Guardia civil, que actuaba como policía judicial, es decir, a las órdenes de la jueza instructora del caso, da armas a los partidos de la oposición, que desde hace más de dos meses han tratado de situar el origen de la epidemia en España en los actos del 8M y han acusado al Gobierno de poner en peligro a la población por motivaciones políticas.

Las consecuencias del informe

El informe fue elaborado a petición de la jueza Carmen Rodríguez Medel, de un juzgado de Madrid, que investiga un supuesto delito de prevaricación administrativa (que no conlleva penas de cárcel, pero sí de inhabilitación para cargo público) a raíz de una denuncia de un particular contra el presidente Pedro Sánchez y los 17 delegados del Gobierno. Se les acusa de tomar una decisión administrativa injusta a sabiendas, al autorizar por motivos políticos las manifestaciones del 8M a pesar de que supuestamente conocían que supondrían un foco para la extensión de la pandemia de coronavirus.

Con ese informe sobre la mesa, la jueza ha imputado al delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, quien también ocupa el cargo de secretario general del Partido Socialista en la región. La magistrada solo tiene potestad jurisdiccional en la Comunidad de Madrid, por lo que no puede investigar sobre los sucedido en otras Comunidades Autónomas ni sobre las actuaciones del presidente del Gobierno, que está aforado y solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Tras la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia a la que pertenece la unidad que redactó y firmó el informe. En principio ese tipo de documentos que pertenecen a la instrucción de una causa judicial son secretos, por lo que no deberían tener conocimiento de su contenido ni superiores jerárquicos dentro del cuerpo, como el coronel, ni fuera de él, como el ministro.

Grande-Marlaska, en declaraciones en rueda de prensa, ha sostenido que la destitución de Pérez de los Cobos no está relacionada ni con ese informe ni con ninguna otra cuestión, y que su cese se debe a su intención de dar un nuevo "impulso" al cuerpo de la Guardia Civil y de nombrar a personas de su máxima confianza. Pero las críticas desde la oposición arrecian y se acusa al ministro de injerencia en un asunto judicial.

Hay que recordar que el puesto que hasta este lunes ocupaba Pérez de los Cobos es un cargo de confianza, que puede ser nombrado en cualquier momento sin ningún requisito y cesado de la misma manera. 

Inmediatamente después, este mismo martes, se producía la dimisión del número 2 de la Guardia Civil, el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, renuncia que se habría producido, según algunos medios, por estar en desacuerdo con el cese de su colega. Ceña cumplió 65 años hace apenas unas semanas y tenía previsto abandonar por jubilación su cargo al finalizar este mes.

Y 24 horas más tarde, este miércoles, el número tres de este cuerpo, Fernando Santafé, quien era el relevo natural de Ceña, anunciaba su 'cese pactado', después de que Grande-Marlaska promoviera a Félix Blázquez, de menos graduación que Santafé, a la vacante dejada por Ceña.

Las incongruencias del informe de la Guardia Civil

El atestado de la Guardia civil, de 81 páginas, ha sido muy criticado por las inexactitudes de su contenido. Estas son algunas de las principales:

  • Las autoridades instaron a los organizadores de diez manifestaciones a desconvocarlas

El informe recoge caso por caso doce manifestaciones suspendidas y concluye que recibieron una llamada desde Delegación del Gobierno que fue "fundamental" para la cancelación del acto, para argumentar que la decisión de autorizar las marchas feministas tuvo motivaciones políticas y que hubo incongruencia en la autorización de unas y no de otras. Sin embargo, según recoge El País, los promotores de nueve de ellas reconocen que durante la llamada de Delegación no se les instó a suspender el acto. El promotor de otro acto sostiene que ni siquiera recibió esa llamada. Otras personas explican que cualquier convocatoria de este tipo conlleva siempre el contacto desde Delegación.

  • Transmisión comunitaria el 28 de febrero

El atestado recoge unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien ha actuado durante todo este tiempo como portavoz técnico del Ministerio de Sanidad, realizadas el 28 de febrero, cuando en toda España se habían registrado 32 positivos, y publicadas en Redacción Médica.

Se señala que Simón admitió que había "transmisión comunitaria", aunque las palabras del experto, recogidas en el medio sobre los actos públicos que no habían sido prohibidos, en realidad decían que los pocos casos que en ese momento podían considerarse de transmisión comunitaria se habrían podido transmitir a "un nivel muy bajo", a lo que añadía otro extracto de las declaraciones de Simón: "Si no se verifica con mayor claridad que hay transmisión local en España del nuevo coronavirus no hay razón para cambiar el escenario porque no hay un riesgo poblacional".

  • Se adjunta un video sobre un bulo propagado durante semanas por perfiles de extrema derecha

El informe adjunta un video en el que se ve a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y a la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con guantes de látex durante la manifestación del 8M. Además, en un momento se escucha una voz advertir: "No se besa, no se besa". El video circuló durante los días posteriores a la manifestación desde cuentas vinculadas a la extrema derecha, como muestra de que el Gobierno ya sabía el peligro que acarreaba acudir a ese acto.

El bulo fue desmontado inmediatamente. Los guantes morados han sido usados en anteriores ediciones de esta marcha como símbolo feminista, de hecho, Valerio solo lleva uno. "No se besa, no se besa" era solo una broma, como se constata al visionar el video completo y ver que poco después otra persona se acercaba y besaba a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien además no llevaba guantes, como tampoco la ministra de Economía, Nadia Calviño, o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

  • Prohibición de un Congreso evangelista dos días antes del 8M

El documento de la Guardia Civil señala la prohibición dos días antes del 8M de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas. Se alude a que se informó a sus promotores de las 'Recomendaciones de Medidas Extraordinarias' establecidas el 3 de marzo por el Ministerio de Sanidad, texto del que se extrae la cita: "Los riesgos de transmisión y para la salud de la población de eventos multitudinarios de cualquier tipo", que según los redactores motivó que se recomendase su aplazamiento.

El atestado policial omite como continuaban las palabras citadas: "Eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2". A diferencia del 8M, que se trataba de una cita nacional, el congreso religioso preveía la llegada de personas procedentes de más de 100 países, algunos de ellos con elevada incidencia de coronavirus.

Por su parte, desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (FEDERE) se alega que no hubo prohibición y que la suspensión del congreso fue una decisión propia después de escuchar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

  • Fecha la declaración de pandemia por la OMS un mes y medio antes.

Sobre los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el documento sostiene que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 30 de enero, cuando en realidad esa declaración tuvo lugar casi mes y medio después, el 11 de marzo, tres días más tarde de las manifestaciones del 8M.

El 30 de enero el organismo internacional, con división en el seno de su comité de emergencia, declaró el brote de coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), cuando aún no se había detectado ningún caso del nuevo virus en España. Se trata de la sexta ocasión en que la OMS emite una alerta de este tipo desde 2005, como en 2019 tras el brote de ébola en la República Democrática del Congo, en 2016 con el zika en América o en 2014 con la polio en Oriente Próximo y África. Nunca había provocado la toma de medidas restrictivas en países que en ese momento no habían sido afectados.

¿Cómo estaba la epidemia cuando se celebró el 8M?

El sábado 7 de marzo se contabilizaban en España 441 positivos por coronavirus, 67 más que el día anterior, así como 10 personas fallecidas, 5 de ellas en la Comunidad de Madrid, y todas ellas de edad avanzada y con patologías previas. Madrid aglutinaba entonces la mayoría de los contagios, con 174, casi el 40 % del total.

Ese 7 de marzo el director del CCAES, Fernando Simón, decía en la rueda de prensa diaria sobre las manifestaciones feministas del día siguiente: "Es una manifestación para personas nacionales y no se espera una afluencia masiva de personas procedentes de zonas de riesgo, aunque pueda haber alguna. No es comparable a la maratón de Barcelona", sostenía en relación al evento deportivo que debía celebrarse en la capital catalana y que se pospuso hasta el 25 de octubre por el coronavirus.

Un día después, el 8 de marzo, se notificaba un total de 17 fallecidos y 661 casos, el 60 % de ellos concentrados en tres comunidades autónomas: Madrid, País Vasco y La Rioja. Todavía desde el Ministerio de Sanidad se descartaba una transmisión generalizada. Se produjo un aumento de 159 casos, es decir, alrededor del 20 % con respecto a la jornada anterior.

Ese mismo día Italia, tenía ya más de 6.000 afectados y 233 muertos, Francia 1.000 contagiados y 16 fallecidos y Alemania más de 800 casos positivos. Durante ese fin de semana Italia decidió aislar a 15 provincias del norte del país.

El lunes, 9 de marzo, al día siguiente de las manifestaciones del 8M, los infectados superaban los 1.200, con un aumento de casi un 100 % de los casos en apenas 24 horas, y se extendían a todas las regiones españolas, además se notificaban un total de 30 defunciones. Madrid registraba 578 casos (casi triplicando la cifra de la jornada anterior, cuando se informó de 202 positivos) y 17 fallecidos.

Es en este día cuando la OMS dice que considera "muy real" la amenaza de pandemia por el coronavirus, aunque no sería hasta dos días más tarde cuando la declararía. Así, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconocía ese lunes que se trataba de "una epidemia desigual a nivel mundial", pero "todos los países deben adoptar una estrategia combinada integral", basada en "contención" y "mitigación", para "controlar la epidemia y hacer retroceder este virus mortal".

También ese lunes Sánchez anunciaba un "plan de choque" para hacer frente a la crisis del coronavirus, mientras que la Comunidad de Madrid prohibía las visitas a los centros de mayores y suspendía las clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del 11 de marzo. Así, el salto cualitativo se producía apenas unas horas después de la celebración de las manifestaciones del 8M, el 9 de marzo, fecha en que se duplicaron las notificaciones de contagios a nivel nacional y se triplicaron en la Comunidad de Madrid.

De la batalla sanitaria a la batalla política

La unidad política en la lucha contra la epidemia del coronavirus ha brillado por su ausencia en España casi desde los primeros momentos en que el virus comenzó a propagarse por el país. Prácticamente todas las medidas tomadas por el Gobierno han sido duramente criticadas desde la oposición, destacando la actitud adoptada por la formación de extrema derecha Vox.

Así, esta fuerza política, liderada por Santiago Abascal, ha sido la más crítica con el Ejecutivo. Desde el primer momento acusó al Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez de actuar tarde y le ha censurado por no haber declarado el estado de alarma y el confinamiento de la población antes del 14 de marzo, fecha en la que entraron en vigor las medidas restrictivas y de limitación de la circulación.

Vox también ha sido la organización política que más ha puesto el foco en las manifestaciones del 8M como núcleo de contagio, a pesar de que ese mismo día el partido organizó un congreso en Madrid al que asistieron alrededor de 9.000 personas, incluido Javier Ortega Smith, diputado y secretario general de Vox, que hacía unos días que había viajado a Lombardía, el epicentro de la epidemia de coronavirus en Italia, y que acudió al acto con síntomas visibles para, dos días después, dar positivo en coronavirus.

Paradójicamente, la formación dirigida por Santiago Abascal, hace dos semanas que alienta a la población a salir a las calles para manifestarse contra la gestión del Gobierno de esta crisis sanitaria y, además, exige el término de la aplicación del estado de alarma y de todas las restricciones que conlleva, aduciendo que limita la libertad de los ciudadanos.

Así las manifestaciones que se iniciaron hace alrededor de dos semanas en uno de los barrios más ricos de la capital del país, bautizadas en algunos medios como las 'caceroladas de los Cayetanos', han dado lugar a otras animadas por dirigentes de la formación ultraderechista hasta confluir en una manifestación convocada por Vox, el pasado 23 de mayo, que reunió alrededor de 6.000 vehículos en Madrid y una cifra mucho más modesta en Barcelona, cercana a las 500 movilidades.

Entre el 5 y el 14 de marzo –cuando se declaró el estado de alarma– se registraron 177 notificaciones de manifestaciones o reuniones en la vía pública, de las que 130 se llegaron a celebrar. En Madrid, además del acto de partido de Vox, el fin de semana del 8 de marzo se celebró un concierto de Camela y otro de Isabel Pantoja en el Wizink Center, que llenaron una instalación con capacidad para 15.000 personas; un partido de baloncesto entre el Estudiantes y el Barcelona; un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Sevilla F.C.; la mayor feria de orientación académica de España, Aula, que reunió alrededor de 174.000 personas del 4 al 8 de marzo; y un sinfín de otros actos.

Mientras, independientemente de los actos convocados que tuvieron lugar ese fin de semana, durante los días laborables la red de transportes públicos de la Comunidad de Madrid transportaba más de 5 millones de viajeros diarios, casi la mitad de los cuales viajaban en metro, en instalaciones donde la aglomeración era la norma en horas puntas y donde era imposible mantener cualquier tipo de distancia entre personas.

Nuria López

Covid19