Artículo 19 alerta del aumento de las agresiones a periodistas en México y la "estigmatización" de la prensa en el discurso de López Obrador

Un informe presentado este martes por Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, concluyó que las agresiones en contra de periodistas aumentaron en México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que los asesinatos de comunicadores continúan, en medio de un clima de impunidad que sigue siendo la norma.

El informe, denominado "Disonancia. Voces en disputa", fue presentado hoy en la ciudad de México para denunciar que el año pasado se registraron 609 agresiones contra periodistas, una cifra que supera las reportadas anualmente lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, y que tuvieron su récord en 2018, con 516 casos.

Además, en 2009 fueron asesinados 10 periodistas posiblemente por hacer su trabajo, lo que no se puede confirmar ni descartar porque las investigaciones no avanzan de manera eficiente. El dato implica un incremento con respecto a los 8 asesinatos reportados en 2018. Los crímenes de este tipo solo fueron superados en 2016 y 2017, cuando mataron a 11 y 12 trabajadores de prensa, respectivamente.

Uno de los datos más alarmantes es que más del 99 % de los crímenes contra periodistas siguen sin resolverse. De los 1.614 casos iniciados desde 2010, cuando se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, apenas 14 han logrado una sentencia, pero en su mayoría solo en contra de los autores materiales, no de los intelectuales.

La expresión más grave de las agresiones son los asesinatos, pero Artículo 19 también documentó intimidaciones, hostigamientos, amenazas, ataques físicos, bloqueos, alteraciones o remoción de información; casos de uso ilegítimo del poder público; ataques a bienes materiales, privaciones a la libertad, allanamientos, intervenciones o vigilancia ilegal de comunicaciones; desplazamientos forzados y torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Contrario a lo que suele pensar parte de la opinión pública, que adjudica las agresiones a organizaciones criminales, en realidad la mayor parte de los ataques, un total de 256, fueron realizados por funcionarios, mientras que 151 se atribuyeron a desconocidos, 49 al crimen organizado y 13 a partidos políticos.

A pesar de que en muchas ocasiones también se cree que en México es peligroso ejercer el periodismo debido a la guerra contra el narcotráfico, el informe considera que los reporteros corren más riesgos cuando cubren temas de corrupción y política, ya que esos casos suman 339 agresiones, mientras que los vinculados con seguridad y justicia acumulan 133 denuncias. Le siguen coberturas de movimientos sociales, derechos humanos, sector privado y tierra y territorio.

"Hay más voces, pero no hay diálogo"

Al presentar el informe, Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, aseguró que la pandemia confirmó que los gobiernos federal y estatales no tienen voluntad alguna de garantizar la libertad de expresión.

Afirmó que en 2019, primer año de gobierno de López Obrador, las prácticas para controlar la información desde las élites y sus distintos polos se reflejaron en el incremento de las agresiones contra periodistas, en un discurso que considera que "estigmatiza" y busca despojar a la prensa de sus lectores y sus audiencias, en las redes que "vomitan el odio" y la discriminación con desinformación hacia los más vulnerables, y en las conferencias mañaneras que se han convertido, a juicio de Ruelas, en la palestra del presidente para fijar los términos del debate público.

"Es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia", lamentó Ruelas, tras recordar que cuando López Obrador asumió, las expectativas eran muy diferentes, porque el presidente aseguró que respetaría la libertad de expresión, además de que el gobierno ofreció una inédita disculpa pública en nombre del Estado a la periodista Lydia Cacho por haber sido agredida; se creó una Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión y se revisó el Mecanismo de Protección a Periodistas, en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas.

Pero el panorama cambió, dijo, porque además de que los asesinatos continuaron, surgieron nuevas amenazas a partir de la estigmatización al trabajo periodístico que, según la organización, se ejerce de manera cotidiana por la Administración de López Obrador.

"En el intento por ganar la narrativa, el presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las viejas élites, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa. Es así que, contrario a lo que dijo, el derecho a disentir en este gobierno no está garantizado", aseguró.

Ruelas remarcó que durante sus primeros 100 días de gobierno, López Obrador consolidó los apelativos "fifí", "conservadores" e "hipócritas", como expresiones comunes que repite en sus conferencias para referirse a la prensa crítica a su administración.

"Lo peor es que estas declaraciones han terminado operando como detonantes de amenazas cometidas por terceros contra los periodistas que cubren la fuente presidencial. Como nunca antes, el 15% del total de las agresiones en la capital del país sucedieron en este contexto. El discurso estigmatizante sí tiene un efecto perverso en la seguridad de las y los periodistas y medios de comunicación", explicó.

Por eso, en comparación con el año anterior, en 2019 las agresiones del tipo "uso ilegítimo del poder público" se duplicaron y los ataques discursivos en contra de medios de comunicación se incrementaron casi el 100 %.

Al desencanto, señaló Ruelas, también se sumó la denuncia de que persisten las prácticas del sexenio anterior, como el uso de cuentas automatizadas en las redes sociales, particularmente en Twitter, y una articulación coordinada y sostenida de redes para favorecer la imagen de los gobiernos, locales y federal, y reducir el alcance de las voces críticas y disidentes.

Con respecto a la publicidad oficial, si bien el monto erogado en publicidad oficial descendió casi a una décima parte de lo que Peña Nieto ejerció en 2018, Artículo 19 denunció que la concentración del gasto sigue existiendo y se desconocen los criterios por los cuales el 57.26 % de esos recursos se repartieron entre 15 medios de comunicación durante el primero año de gobierno de López Obrador.

"Lo que sí sucedió es que López Obrador encontró herramientas adicionales, más económicas, por cierto, para asegurarse de una sobreexposición constante y más o menos favorable, que incluyen las conferencias de prensa diarias transmitidas por las cuentas verificadas de Twitter, Facebook, YouTube, la web oficial y canales de TV públicos", señaló.

En medio de este panorama, la organización propuso una agenda mínima para combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas, garantizar políticas de protección integral para los reporteros, promover el desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación, garantizar el acceso a la información, combatir la desinformación, eliminar el uso del lenguaje estigmatizante, discriminatorio y de incitación a la violencia, y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio cívico.