Los homicidios de líderes sociales en Colombia aumentaron 53 % durante el primer cuatrimestre de 2020, de acuerdo con un reciente reporte de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Entre enero y abril de este año, fueron asesinados 49 líderes sociales en Colombia, superando a los 32 ultimados durante el primer cuatrimestre de 2019, según el informe "Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental".
Los departamentos con más homicidios registrados de líderes sociales en este periodo son: Cauca (14), Putumayo (6) y Antioquia (5).
Sobre los autores de los crímenes, la FIP refiere que se desconoce la responsabilidad de los asesinatos en el 67 % de los casos. No obstante, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) "comenzaron a tener una mayor visibilidad en la atribución de las agresiones", según el reporte.
Desplazamientos forzados
Asimismo, los desplazamientos forzados aumentaron un 5 % durante el primer cuatrimestre de 2020, al registrar 58 eventos en este periodo.
En el departamento de Nariño, se registraron 18 eventos de desplazamiento masivo, provocado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
En Putumayo, hubo 17 desplazamientos individuales relacionados con el proceso de sustitución de cultivos, por el que los campesinos se comprometen a destruir cultivos de coca y reemplazarlos por actividades legales. No obstante, son constantemente amenazados por grupos armados ilegales para que no abandonen esos sembradíos.
La FIP también documentó el asesinato de 21 excombatientes de las extintas FARC, quienes dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero.
No obstante, desde el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) acusan un incumplimiento del Gobierno con los acuerdos alcanzados para la desmovilización de los excombatientes.
Este martes, los dirigentes denunciaron un "exterminio sistemático" tras la firma del acuerdo de paz, con al menos 197 excombatientes asesinados desde noviembre de 2016 hasta la fecha. En este contexto, el partido FARC solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuidar a los más de 10.000 exguerrilleros desmovilizados que se están reincorporando a la vida civil.