Escándalo en Argentina por el supuesto espionaje ilegal a oficialistas y opositores durante el macrismo

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI), Cristina Caamaño, denunció hoy que durante la gestión de su antecesor, Gustavo Arribas, el organismo espió de manera ilegal por lo menos 86 políticos, funcionarios, escritores, periodistas y líderes sociales, tanto oficialistas como opositores.

De acuerdo con la acusación, el espionaje se realizaba a través de los correos electrónicos de los afectados, y comenzó el 2 de junio de 2016, es decir, seis meses después de la asunción presidencial de Mauricio Macri.

Camaaño contó que las tareas de inteligencia, que se descubrieron en una computadora de la AFI, no fueron ordenadas por ningún juez, por lo que son completamente ilegales.

"En el marco de la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, se procedió al análisis de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en áreas sensibles de esta agencia. Se procedió a analizar el contenido de un disco rígido marca Western Digital. Se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros", señaló en la denuncia.

Además del espionaje en sí, lo que llamó la atención de las autoridades es que no se cometiera solamente en contra de opositores, ya que, por ejemplo, se revisaron de manera ilegal los correos de Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción que fue designada por Macri, y que sigue siendo una de las defensoras más fervientes del pasado gobierno, y del periodista macrista Luis Majul.

En el mismo caso se encuentran Mario Negri, líder de la bancada macrista en la Cámara de Diputados, y Nicolás Massot, quien ocupó ese cargo durante la gestión pasada. Aunque ambos tuvieron cortocircuitos con el expresidente, nunca rompieron con el oficialismo.

Entre los opositores al macrismo que fueron presuntamente espiados se encuentran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el diputado provincial Martín Sabatella; el exministro del Trabajo Carlos Tomada; el escritor y asesor presidencial Ricardo Forster y la diputada Patricia Cubría.

Ahora comenzará una investigación judicial que involucra a Gustavo Arribas, uno de los mejores amigos de Macri. En la denuncia, Caamaño pide la indagatoria tanto del exmandatario como del titular de la AFI y su segunda en el organismo, Silvia Majdalani.

La relación entre el líder opositor y Arribas es tan cercana, que este último alquiló el departamento de Macri cuando el ganador de las elecciones 2015 debía mudarse a la residencia oficial.

El propio expresidente definió de manera polémica al exfuncionario en un libro biográfico. "Pensé: de todos mis amigos ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Tal vez sea uno de los mejores nombramientos que he hecho", dijo para justificar la designación de Arribas, quien no tenía experiencia alguna para ocupar un cargo tan sensible para la seguridad del Estado.

Durante su gestión, la Policía de Brasil reveló que Arribas había cobrado 850.000 dólares de "propinas" por parte de Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato. También quedó involucrado en la investigación internacional "Panama Papers" sobre lavado de dinero y evasión fiscal, pero la justicia argentina decidió cerrar ambas causas.

Al asumir el pasado 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la AFI para transformarla e impulsar una reestructuración del sistema de inteligencia e información estratégica del Estado, proceso que Caamaño puso en marcha.

En medio de ese proceso, descubrió el sistema de espionaje ilegal que funcionaba en el organismo.