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Compras irregulares de insumos médicos y alimentos con sobreprecio: la corrupción en América Latina se aprovecha de la pandemia

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Hay investigaciones abiertas en Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia.
Compras irregulares de insumos médicos y alimentos con sobreprecio: la corrupción en América Latina se aprovecha de la pandemia

En América Latina, además de las consecuencias en la salud de los ciudadanos que ha provocado el coronavirus —más de 840.000 contagios y 45.000 fallecidos—, la pandemia ha desencadenado otra situación: una ola de corrupción en toda la región.

A la fecha, relacionado con el manejo de la pandemia, se han abierto procesos de investigación por corrupción de funcionarios estatales en Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Honduras y Guatemala.

La mayoría de los casos están relacionados con la compra de insumos médicos para la atención de pacientes con coronavirus, material para el manejo de los fallecidos y adquisición de alimentos para brindar asistencia a la población vulnerable, cuya situación se ha agravado por las medidas de confinamiento puestas en marcha para detener la propagación del virus.

Desde fundas mortuorias hasta kits de alimentos

En Ecuador, el primer caso que se destapó fue el del proceso de compra con sobreprecios de insumos médicos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la investigación luego que se conociera que esta institución pretendiera adquirir 131.890 mascarillas N95 a 12 dólares cada una, cuando su precio ronda los 4. La compra daba un total de 1.582.680 dólares, cuando debía ser de 514.371, es decir, un perjuicio al Estado de 1.068.309 dólares.

Pero luego vinieron muchos casos más, de los cuales la FGE ha dado algunos detalles:

  • Hospital del IESS Los Ceibos, en Guayaquil: Contrato de 872.000 dólares por la compra de bolsas para cadáveres por 148,50 dólares cada una, cuando su precio es de 11,32.
  • Hospital Docente de la Policía Nacional en Guayaquil: presunta compra de 400 bolsas para cadáveres por 130 dólares la unidad y 500 mascarillas N95 por 10 dólares cada una.
  • Hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda, provincia de Bolívar: adquisición de 100 fundas mortuorias por un monto de 10.000 dólares.
  • Hospital Eugenio Espejo de Quito: presunto sobreprecio para la adquisición de equipos laparoscópicos.
  • Hospital Docente de Ambato, provincia de Tungurahua: adquisición de overoles, cubrecabezas y otros insumos con posible sobreprecio. Se presume una compra de 250.000 dólares.
  • Hospital del IESS de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos: presuntas irregularidades en contratos relacionados con compras de insumos médicos, como mascarillas, trajes de bioseguridad y botas; así como equipos informáticos.
  • Prefectura de Guayas: presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos, como pruebas rápidas para exámenes de coronavirus, guantes quirúrgicos y mascarillas.
  • Secretaría de Salud del Municipio de Quito: presunto sobreprecio en la compra de pruebas PCR.

Uno de los casos más sonados es el de la compra que hizo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) de kits de alimentos para la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria. Se constató que se adquirieron 7.000 kits de alimentos, con 18 productos básicos cada uno, por un valor de 1.055.740 dólares más IVA (12 %); es decir, cada combo salió en 150,82 dólares, sin el impuesto, cuando los mismos productos, a precio de supermercado minorista, suman un total de 85,79 dólares.

Este caso involucra a María Alexandra Ocles, una de las caras más visibles del Gobierno ecuatoriano en medio de la pandemia, y quien renunció a su cargo como directora del SNGRE tras la apertura de la investigación.

Otro caso bajo investigación está relacionado al presunto cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres, cuando se desbordó el sistema sanitario y funerario en Guayaquil.

Los respiradores mecánicos en Bolivia

En Bolivia, recientemente se desató un escándalo por la compra, con presunto sobreprecio, de 170 ventiladores mecánicos para hacer frente a la crisis sanitaria.

Por este hecho fueron detenidos altos funcionarios, entre ellos el ministro de Salud del Gobierno de facto facto, Marcelo Navajas, quien luego fue destituido de su cargo.

También fueron arrestados el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovanni Pacheco.

Los 170 respiradores fueron adquiridos por un contrato de 4.773.600 dólares, de los que se han llegado a abonar casi la mitad, 2.028.780 dólares, según dijo la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Es decir, cada equipo costó 28.080 dólares y posteriormente se conoció que se comercializaban entre 10.360 y 12.000 dólares.

Además, se demostró que esos respiradores no son adecuados para atender a los pacientes de covid-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos.

Colombia, alcaldes y gobernadores

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación (FGN) informó que verificó más de 3.000 contratos suscritos desde la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país, ocurrida a principios de mayo.

En algunos documentos se constató el sobrecosto en insumos, equipos médicos y material de bioseguridad para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Por ello, la FGN solicitó la captura de 10 alcaldes, imputados por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, establecimiento de convenios sin los requisitos legales y diversos tipos de peculado. También se llamó a interrogatorio a otros tres burgomaestres y a tres gobernadores.

Además, junto a estos burgomaestres, serán imputadas otras 32 personas por hechos de corrupción durante la pandemia. También hay abiertas indagaciones contra 14 gobernadores, por múltiples casos.

Previamente, la Procuraduría General de la Nación informó la apertura de un proceso disciplinario contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntos sobreprecios en la compra de kits alimentarios para 33.437 familias vulnerables del departamento, que se pagaron en 4.463 millones de pesos (1.200.221 dólares).

La Contraloría General de la República anunció un proceso de responsabilidad fiscal contra Castillo por el presunto detrimento de 1.050 millones de pesos (282.373 dólares) por los sobreprecios de ese contrato.

En este caso en particular, se descubrió un sobreprecio en el atún que se incluyó en las bolsas que serían entregadas a la población. En un primer documento, se especificó que serían latas de 370 gramos, a un costo de 12.150 pesos (3,27 dólares) cada una; sin embargo, en un segundo texto se cambiaron a latas de 160 gramos, manteniendo el mismo precio.

Una situación similar se registró en la alcaldía de Floridablanca, en el departamento de Santander; y en el municipio de Medellín, Antioquia. Además, se abrió un proceso contra dos oficiales de la Fuerza Armada por la compra, con 100 % de sobreprecio, de tapabocas.

Perú, alimentos y mascarillas

En Perú también se abrieron varias investigaciones. La Contraloría General de la República informó sobre indagaciones en la Municipalidad Distrital de Incahuasi, en el departamento de Lambayeque, al norte del país, por la adquisición de arroz, con sobreprecio y sin registro sanitario, que fue entregado a familias de extrema pobreza durante la emergencia sanitaria.

La institución constató el registro inexacto de productos en las actas de entrega de la canasta básica familiar, en las municipalidades distritales de Ocobamba y Rocchacc, en la provincia de Chincheros; y encontró rubros vencidos en los kits de alimentos de la alcaldía de Independencia, en la región de Áncash.

Previó, la Contraloría informó sobre el hallazgo de un presunto sobrecosto de 4,3 millones de soles (1.249.455 dólares) en la compra de 1.200.000 mascarillas N95 por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

Paraguay, renuncias y empresas de maletín

En Paraguay estalló un escándalo tras las denuncias de corrupción en el proceso de compras de equipos médicos para la lucha contra el coronavirus.

Según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, siete funcionarios de la cartera que dirige están involucrados en este caso, por lo que se les abrió un sumario.

Mazzoleni señaló que, además, se rescindió el contrato de la mayor partida de materiales médicos que se pretendía importar desde China, mediante las empresas Imedic y Eurotec.

La compra incluía 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 1,7 millones de tapabocas N95, 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 80.000 trajes de protección y 50 camas.

El titular de Salud precisó, también, que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía paraguaya para que realice una mayor investigación en este caso.

En abril pasado, el Ministerio Público comenzó las investigaciones en la estatal Petróleos del Paraguay (PETROPAR), por la presunta compra sobrefacturada de insumos relacionados a la lucha contra la covid-19, que incluyó 5.000 unidades de agua tónica. En las pesquisas, la Fiscalía descubrió que los bienes pasaron por una posible cadena de empresas de maletín, antes de llegar a la compañía estatal.

En el inicio de la investigación de este caso, renunció a su cargo la titular de PETROPAR, Patricia Samudio. Ella se convirtió en la segunda alta funcionaria en dejar su cargo por escándalo de corrupción en medio de la pandemia, antes lo hizo Édgar Melgarejo, quien estaba a cargo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), involucrado en la presunta compra con sobreprecios de mascarillas.

La compra de ventiladores en Honduras

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras ha publicado varios informes, titulados "La corrupción en tiempos de covid-19". El pasado 12 de mayo dio a conocer el tercero.

En ese último texto, estima en más de 19 millones de lempiras (unos 800.000 dólares), las pérdidas por procesos irregulares en el manejo de la emergencia sanitaria.

En el informe, por ejemplo, se habla de la adquisición de cuarenta ventiladores mecánicos de transporte Breas Vivo 65, que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para tratar un paciente positivo de covid-19. También se evidenciaron incumplimientos contractuales en las obras civiles dentro del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP)/Hospital del Tórax, por lo que actualmente esta institución no cuenta con las condiciones propicias para la atención y manejo de personas contagiadas por el virus.

Guatemala, "plazas fastasma"

En abril, Rodolfo Galdámez y Héctor Marroquín, viceministros técnico y administrativo, respectivamente, del Ministerio de Salud de Guatemala, fueron cesados de sus cargos, luego que la Comisión Presidencial contra la Corrupción denunciara irregularidades en la adquisición de medicamentos y material sanitario para enfrentar el nuevo coronavirus.

Junto a ellos, otras seis personas fueron denunciadas ante el Ministerio Público por este hecho.

Actualmente, esa comisión y la Fiscalía adelantan investigaciones por la contratación de "plazas fantasma" en el Ministerio de Salud. Concretamente, indagan sobre 15 guatemaltecos empleados en esa entidad, que cobran entre 11.000 y 30.000 quetzales (1.429 a 3.897 dólares) sin contar con la formación para desempeñar un cargo en el sector salud, reseñó Prensa Libre.

Brasil, investigaciones en varios estados

Brasil, el segundo país del mundo con más casos de contagios de coronavirus, también hace frente a hechos de corrupción en medio de la pandemia.

En Río de Janeiro se investigan irregularidades en la compra de respiradores y el levantamiento de hospitales de campaña. El caso involucra al gobernador de la entidad, Wilson Witzel.

En Santa Catarina, se indaga en la compra de 200 respiradores, por los que se pagaron anticipadamente, y sin garantía, 33 millones de reales (más de 6 millones de dólares).

Entretanto, en Sao Paulo, el estatal Tribunal de Cuentas puso el ojo sobre la adquisición de 3.000 respiradores de China por el valor de 560 millones de reales (más de 104 millones de dólares), de los que se han entregado hasta ahora solo 150.

En Fortaleza, capital de Ceará, hay averiguaciones por presuntas irregularidades en la compra de unos respiradores, por la que habría un perjuicio al Estado de 25 millones de reales (más de 4.600.000 dólares).

Edgar Romero G.

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