El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechará el primer día de la llamada "nueva normalidad" en el país para inaugurar las obras en el primer tramo del recorrido del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos de su mandato. Mientras tanto, la iniciativa genera fuertes recelos y reacciones entre las comunidades indígenas afectadas por su trazado.
El Tren Maya aspira a convertirse en la red turística de transporte ferroviario más importante del sudeste mexicano, al conectar los estados de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Yucatán a través de 1.500 kilómetros de vía férrea. La Organización de las Naciones Unidas estimó que el proyecto generará, a lo largo de la próxima década, casi un millón de empleos: 715.000 puestos de trabajo en los 16 municipios con parada del tren; otros 150.000 en la economía rural asociada y 80.000 más con los trabajos de construcción de los cinco primeros tramos.
Para el investigador Gerardo Ceballos, del Instituto de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el proyecto debe contar con tres ejes "muy sólidos", en referencia al ámbito social, al ambiental y al económico. "Si el tren cumple con esas características, es una obra que va a tener beneficios para el país", asegura Ceballos.
"No valoran nuestra cultura más que como un souvenir"
Desde el principio de su mandato, López obrador enfatizó que en el marco del desarrollo del Tren Maya escucharía siempre, de manera prioritaria, a los pueblos indígenas. "Creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable e íntima de México, deben ser escuchados y atendidos primero en sus necesidades básicas fundamentales", dijo en una comparecencia a finales de febrero en Ciudad de México, ante una nutrida audiencia indígena.
Sin embargo, la percepción de las comunidades maya es sensiblemente diferente. "El presidente de la nación ha dicho que el tren va porque va. Entonces, ¿qué dialogo hay con ellos?", plantea Wilma Esquivel Pat, vicepresidenta del centro comunitario U Kuuchil K Chibalom y activista en defensa de los pueblos originarios de la región. "Lo que hacen es promocionar, no están dispuestos a escuchar", añade.
Los propios indígenas son hoy los principales detractores de este proyecto, del que recelan por considerarlo un potencial peligro para su estilo de vida, sus territorios y el medio ambiente. "Nunca hemos dejado de ser un pueblo discriminado", asegura Esquivel Pat. "Pueden comercializar nuestra cultura, pero no nos aceptan por igual, no valoran nuestra cultura más que como un souvenir", añade la activista, convencida de que "esto se va recrudecer con la llegada del tren".
De momento, ya han surgido las primeras acciones. Diversas organizaciones mayas y ambientalistas, tales como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, o el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que tome medidas cautelares contra el proyecto, argumentando que podría dañar de forma irreparable el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, indispensable para el abastecimiento de agua en los territorios del pueblo maya.
Estas iniciativas no han sido obstáculo para que el presidente López Obrador dé luz verde al Tren Maya, bajo la insistente consigna de la creación de empleo y la reactivación de la economía precisamente en los territorios pertenecientes a los pueblos originarios. Ni siquiera la situación de la pandemia en México, con el semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo en la práctica totalidad del territorio, ha logrado disuadirle.