La Fiscalía General de Ecuador (FGE) anunció este lunes la creación de una "fuerza de tarea multidisciplinaria" para investigar los actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
A través de un comunicado de prensa, la dependencia informó que la entidad —a cargo de la fiscal general, Diana Salazar Méndez— tiene como objetivo "fortalecer las capacidades técnicas, investigativas y operativas" de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
"La mencionada fuerza de tarea [...] conocerá, a escala nacional, los casos de derivados de actos de corrupción producidos durante el actual estado de emergencia", informó la Fiscalía General en un comunicado de prensa.
La entidad contará con la participación de analistas en contrataciones públicas y finanzas; tres fiscales de la Unidad de Transparencia; cinco de la Unidad de Lavado de Activos; cuatro procuradores provinciales; y 24 fiscales de apoyo de cada una de las provincias ecuatorianas.
"La FGE reitera a la sociedad ecuatoriana su compromiso de seguir luchando contra la corrupción, con transparencia y efectividad, para no permitir la impunidad", señaló la dependencia.
Recientes escándalos
Los escándalos de corrupción en Ecuador florecieron durante la actual crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora 3.394 muertes confirmadas y 2.135 "probables".
Uno de los primeros casos destapados fue la compra que hizo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 131.890 mascarillas N95 a 12 dólares cada pieza, cuando el precio ronda los 4.
A este caso le siguió la compra de bolsas para cadáveres por 148,50 dólares cada una, cuando su precio era de 11,32. Esta gestión se dio además en medio de una crisis sanitaria y funeraria en la provincia más afectada del país: Guayas.
Las irregularidades en la compra de insumos médicos se repitió en hospitales de las provincias de Bolívar, Quito, Tungurahua y Los Ríos.
En medio de estos escándalos, el presidente Lenín Moreno anunció la desaparición de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. El cierre de la entidad llegó después de que la fiscal Salazar denunciara un presunto entorpecimiento por parte de la entidad en las investigaciones de estos casos.