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La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al rey Juan Carlos de Borbón por presuntas comisiones ilegales en la construcción del Ave a La Meca

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Por su condición de aforado, el monarca emérito solo puede ser juzgado por el Alto Tribunal, que trata ahora de aclarar las condiciones en las que se adjudicó el contrato.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de España se encargará de la investigación de la posible implicación del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, en el cobro de comisiones ilegales en el proyecto de construcción del llamado 'AVE del desierto', el tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudita.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público aclara que esta investigación "se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal" de unos hechos acontecidos después de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I, al abdicar, deja de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española reconoce al jefe del Estado.

Para ello, la Fiscalía pondrá en marcha "nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien –como es sabido– se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Indicios "extremadamente débiles"

A finales de 2018, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar el presunto pago de comisiones ilegales en la obra del mencionado AVE a La Meca.

Las sospechas sobre Juan Carlos I nacen de la grabación de una conversación mantenida en 2015 entre el excomisario de Policía José Manuel Villarejo y la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En este encuentro, la mujer se refiere al supuesto pago de comisiones "para el tren", que habrían consistido en algo más de 80 millones de euros en total, de los cuales al menos una parte habrían terminado en manos de Juan Carlos de Borbón.

No obstante, ya entonces la Fiscalía señaló que los indicios de la "eventual intervención" del rey emérito eran de momento "extraordinariamente débiles", pues su único fundamento era "la mera referencia que hace una persona (Corinna zu Sayn-Wittgenstein)", pero consideró oportuno iniciar la investigación para esclarecer en todo caso los pormenores de la adjudicación de la obra.

Juan Carlos I sigue aforado, pero ya no es "inviolable".

Mediante su artículo 56.3, la Constitución Española protege a la persona que ocupa el cargo de jefe de Estado con la figura jurídica de la inviolabilidad, que consiste en la completa exención de responsabilidad penal. En el momento en que Juan Carlos abdicó y dio acceso a su hijo Felipe VI a la jefatura del Estado, perdió con ello dicha prerrogativa. 

Sin embargo, mantiene otra condición especial frente a la Justicia: la de aforado, que establece que, en caso de ser juzgado, tendría que ser puesto a disposición de un tribunal jurídicamente superior al ordinario. Se trata de una ventaja procesal de la que también gozan los diputados, senadores, miembros del gobierno y hasta la propia cúpula del poder judicial.

Por ello, en este caso, la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene plena potestad para abrir estas diligencias e investigar un presunto delito en el que podría estar implicado el exmonarca español.

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