El presidente argentino, Alberto Fernández, señaló este martes en Radio con Vos que la decisión de expropiar la empresa cerealera Vicentín no fue una idea de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y añadió que se trata de una medida "absolutamente excepcional" para garantizar que la empresa siga activa y preservar los puestos de trabajo.
En concreto, indicó que la disposición surgió en un diálogo con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. A su vez, reiteró que esta no será una política de Estado frecuente: "No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas". También expresó que la administración pública "no se puede hacer cargo de la economía privada", pero sí de "una situación como esta".
Vicentín es una de las principales agroexportadoras del país sudamericano, y contrajo una deuda por 1.350 millones de dólares, donde se destacan créditos del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri. Así, desde la compañía declararon el "estrés financiero" al no poder afrontar los pagos. Según sospechan las autoridades, al menos 270 millones de dólares se habrían prestado de modo irregular desde la banca nacional.
"El Gobierno se hace cargo de una empresa en quiebra"
Ante este escenario, durante la entrevista radial el jefe de Estado aclaró que el Gobierno "se está haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera".
Tras la medida anunciada en la noche del lunes, muchos comunicadores compararon la situación de Argentina con Venezuela, e incluso se insinuó que el país del Cono Sur va directo hacia el socialismo. "A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Pero cuando el capitalismo se volvió financiero, se quedó sin contenido ético", indicó Fernández durante el reportaje.
También insistió: "No hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa".
El líder peronista repasó que en el caso de otras firmas alimenticias que tienen dificultades, como SanCor y Cresta Roja, se brindó otro tipo de asistencia, sin éxito: "Hubo auxilios financieros que no terminaron bien ni lograron los objetivos que se habían planteado".
De esta forma, el Estado pasa a obtener el 51 % de la compañía, siendo ahora su accionista mayoritario. Esta situación también se generó cuando el Gobierno expropió la compañía petrolera YPF a la española Repsol, para ser administrada nuevamente por las autoridades locales.
Durante el anuncio del lunes, que generó reacciones encontradas, Fernández sostuvo el motivo de la determinación: "Que los pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que ellos producen".