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Pagos millonarios, escándalos de corrupción y condenas: el saldo de las expropiaciones peronistas en Argentina
La intervención e intento de expropiación de una de las mayores empresas agroexportadoras revivió el debate sobre los resultados que han tenido otras estatizaciones.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, desató una polémica al anunciar la intervención del Grupo Vicentin, la sexta mayor empresa agroexportadora del país, así como el envío de un proyecto de ley para su expropiación.
La noticia recrudeció la polarización política que se reflejó en los mensajes de orgullo nacionalista de los simpatizantes oficialistas y el repudio opositor que denuncia que este es apenas el primer intento de una ola estatizadora de empresas privadas, lo que ya ha sido negado por el gobierno.
El debate también involucra los balances de las expropiaciones realizadas en el país durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), quienes contrarrestaron la oleada de privatizaciones neoliberales que predominaron en los años 90.
Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo.Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía. pic.twitter.com/0Ubz0GR5Yd
— Alberto Fernández (@alferdez) June 8, 2020
Las estatizaciones se realizaron en medio de intensos debates políticos y provocaron juicios internacionales que obligaron al país a pagar compensaciones millonarias. Y en uno de los casos de mayor gravedad institucional, incluso un exvicepresidente fue condenado.
Correo Argentino
En noviembre de 2003, cuando apenas llevaba seis meses como presidente, Kirchner rescindió la concesión del Correo Argentino que el Grupo Macri tenía desde 1997.
Sin mayor polémica, la decisión se justificó porque la empresa ya llevaba dos años en concurso preventivo y no había pagado el impuesto que debía cubrir al Estado por llevar a cabo las operaciones de servicio postal.
Para el 2001, la deuda del Correo con el Estado era de 296 millones de pesos, que entonces equivalían a 296 millones de dólares porque en el país regía la ley que equiparaba ambas monedas. Desde entonces comenzó una causa judicial que se fue alargando sin que el kirchnerismo presionara a una resolución, y sin que el Grupo Macri cubriera su adeudo.
En febrero de 2017, una investigación periodística reveló que el gobierno de Mauricio Macri había firmado un acuerdo para que el Correo Argentino, propiedad de su familia, pagara por fin lo que le debía al Estado y recuperar la empresa.
El problema fue que el acuerdo se firmó con plena discrecionalidad, en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, y permitía que la empresa familiar pagara en cuotas 300 millones de pesos por el capital de su deuda, más 300 millones de pesos de intereses.
Al investigar el caso, la fiscal Gabriela Boquín consideró que esta cifra, equivalente entonces a unos 37 millones de dólares, en realidad era una condonación y no un pago, ya que implicaba una rebaja del 98,8 % de la deuda original debido a los 16 años transcurridos. Es decir, Macri había beneficiado a la familia Macri.
Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que, en valores actualizados, la deuda equivalía a 4.277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares en ese momento) y crecía hasta los 70.000 millones de pesos porque ese sería el monto real en 2033, año en el que se pagaría la última cuota acordada.
El escándalo creció de tal manera que el presidente fue imputado judicialmente y su popularidad se vio afectada, por lo que tuvo que anunciar la cancelación del acuerdo y el reinicio de las negociaciones para resolver la deuda del Grupo Macri con el Estado.
Por esta causa actualmente están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad; el exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa; el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Se les acusa de haber participado en una negociación abusiva y perjudicial para el Estado.
Hasta ahora, la familia de Macri sigue sin pagar la deuda y la empresa sigue intervenida.
Aguas y Saneamientos
En 2006, el presidente Néstor Kirchner reestatizó Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), después de retirarle la concesión a las empresas que la manejaban desde los años 90, entre las que se encontraban la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona.
La expropiación marcó el inicio de un juicio en contra del Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), ya que las empresas privadas reclamaban una compensación de 506 millones de dólares.
En 2019, 13 años después de que se reestatizara el servicio, el CIADI falló en contra de Argentina e impuso un pago único de 380 millones de dólares a los exaccionistas.
Aerolíneas Argentinas
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en 2008 la reestatización de Aerolíneas Argentinas (AA), la empresa aeronáutica nacional que había sido privatizada durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Aerolíneas Argentinas había sido creada en los años 50, pero en 1990 fue cedida a la firma española Iberia y 11 años más tarde a Marsans, otra firma española que en 2008 tenía a la empresa al borde de la quiebra, con una deuda de 870 millones de dólares.
Después de que el Congreso aprobó la reestatización, Marsans inició una demanda en contra del gobierno argentino por supuesto incumplimiento de acuerdos ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI).
El 29 de mayo del año pasado, el CIADI le ordenó al Estado argentino pagar una compensación de 320,7 millones de dólares por la expropiación a tres empresas españolas, Teinver, Transportes de Cercanías y Urbanos del Sur, que se quedaron con la representación de Marsans.
YPF
En abril de 2012, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró de utilidad pública y sujeta de expropiación el 51 % de acciones de la española Repsol en la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Presentó la decisión como una política de soberanía energética.
YPF había sido la firma estatal de hidrocarburos de Argentina desde 1922 hasta 1992, año en el que se privatizó y se convirtió en una sociedad anónima. En 1999 el español Grupo Repsol compró casi la totalidad de las acciones.
Durante la década de gestión española, Repsol YPF pasó de representar el 60 % al 30 % del mercado energético argentino por la abrupta baja de su producción, pese a las millonarias ganancias que obtuvo. Entre 1999 y 2011, la empresa ganó utilidades por 16.450 millones de dólares, de los cuales se quedó con 13.246 millones de dólares. Al mismo tiempo, su producción de gas se derrumbó en un 54 % y la de gas, en un 57 %.
Por eso la expresidenta calificó el manejo de Repsol como "un virtual vaciamiento" que justificaba la expropiación, lo que dio inicio a un largo conflicto que culminó, en parte, en noviembre de 2013 con un acuerdo a través del cual el gobierno le pagaría a Repsol una compensación de 5.000 millones de dólares a cambio de que la firma retirara los juicios internacionales en su contra.
Hoy, las acciones de la empresa valen 2.258 millones de dólares, menos de la mitad del pago que se acordó a Repsol y que puede ser todavía mayor, porque están en marcha otros juicios internacionales en los que el Estado podría perder por lo menos 3.000 millones de dólares.
La semana pasada, la jueza Loretta Preska determinó que el juicio que el fondo Burford Capital sigue en contra de Argentina por la estatización de YPF se mantendrá en los Estados Unidos. El gobierno esperaba trasladar el litigio a tribunales locales.
Ciccone
En 2012, el gobierno expropió, con el aval del Congreso, a Ciccone Calcográfica, la única empresa privada autorizada en el país para emitir papel moneda.
En ese momento ya había estallado un escándalo por una investigación periodística que aseguraba que el entonces vicepresidente, Amado Boudou, había comprado esa empresa a través de un prestanombres, lo que dio inicio a una causa judicial en su contra.
Ciccone estaba en quiebra en 2010, cuando fue adquirida por la firma The Old Found, encabezada por Alejandro Vanderbroele, el supuesto prestanombres de Boudou, quien en ese momento todavía era ministro de Economía del primer gobierno de Fernández de Kirchner.
En los dos años siguientes, la empresa obtuvo contratos millonarios por parte del Estado, entre ellos uno para imprimir las boletas de las elecciones presidenciales de 2011, en las que Boudou fue elegido como vicepresidente.
La causa revistió una gravedad institucional que culminó en agosto de 2018, cuando Boudou se convirtió en el primer vice de la historia argentina en ser condenado por la justicia. Un tribunal le impuso una pena de cinco años y 10 meses de prisión al encontrarlo culpable del delito de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces también lo inhabilitaron de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
La condena todavía no está firme, pues en febrero de este año los abogados de Boudou solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre el caso, ya que es la última instancia judicial a la que pueden apelar.
Los abogados buscan la nulidad del juicio luego de que se descubriera que el gobierno de Mauricio Macri financió con un 1,5 millones de pesos (alrededor de 40.000 dólares de hace un año) un negocio hotelero de Vandenbroele, el presunto prestanombres. Sospechan que fue un pago para que el empresario testificara en contra del exvicepresidente.
Boudou, quien siempre ha negado los cargos en su contra, cumplía su pena en el Penal de Ezeiza, pero el pasado 6 de abril se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a la pandemia de coronavirus.
Cecilia González
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