El Senado de Argentina ha aprobado este jueves de forma virtual la Ley de Alquileres, lo que convierte a la nación latinoamericana en la primera de la región que se dota de una legislación que regula estrictamente el sector y confiere mayor protección a sus nueve millones de inquilinos.
La iniciativa fue votada en ausencia del bloque de Juntos por el Cambio y sus aliados, que, tras votar favorablemente la ley de Educación a Distancia, se desconectaron de la sesión virtual en protesta por la inclusión de temas que consideran ajenos a la pandemia del coronavirus. Con la retirada de la oposición, la Ley de Alquileres salió adelante con 41 votos afirmativos del oficialismo y ninguno en contra.
Además, los legisladores dieron media sanción al proyecto que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), creadas durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017.
Por otro lado, aún con 70 legisladores presentes, la Cámara alta también avaló, por unanimidad, la modificación de la Ley de Educación, para habilitar las clases a distancia en situaciones excepcionales, como una pandemia.
La Ley de Alquileres: puntos clave
Entre sus puntos principales, el proyecto estipula:
- El plazo mínimo del contrato dejará de ser por dos años y será de tres. El objetivo es brindar mayor estabilidad y reducir los gastos que conlleva cada renovación. Aquellos inquilinos que quieran rescindir antes el pacto, también pueden hacerlo.
- Los aumentos del precio ya no serán semestrales, se aplicarán una vez al año. El cálculo se realizará considerando el índice de inflación y el promedio de los salarios. Hasta ahora, propietarios e inmobiliarias imponían una suba fija, que en los últimos años era proporcionalmente mayor que la inflación y los incrementos de sueldo, complicando la capacidad de consumo de muchos argentinos.
- Los contratos deberán quedar registrados. Es un clásico nacional que estas operaciones se concreten 'en negro' y que el alquiler mensual se abone en efectivo, evadiendo impuestos.
- Para ingresar a una vivienda, antes se podía abonar, en concepto de 'depósito', el equivalente a un mes de alquiler por cada año de contrato. Muchos inquilinos debían ahorrar bastante para cumplir este difícil requisito, necesario para mudarse. Lo peor, es que si el inmueble está en buenas condiciones al finalizar el vínculo, se devuelve el dinero, pero sin contemplar la inflación que hubo en esos dos años. Osea, que el monto devuelto vale poco y nada, y aveces ni siquiera se reintegra, aludiendo a daños del hogar de dudosa verificación. La nueva ley estipula un valor del depósito menor —equivalente a un mes de alquiler—, y la devolución tendrá el mismo aumento que tuvo la renta.
- Los arreglos de la casa continuarán estando a cargo del dueño. Si el caso no es urgente, el propietario tiene diez días para hacer la reparación, caso contrario, el inquilino puede solucionar el problema por su cuenta y se le deberá descontar el gasto en su próximo pago mensual.
- Habrá más opciones para presentar garantías. En Argentina, es típico que los dueños exijan a los inquilinos que pongan la vivienda de algún pariente en concepto de garantía, y conseguirlo es toda una epopeya. Es decir, si ocurre algún problema con la casa alquilada, el dueño tiene que tener otra propiedad a su disposición. A los migrantes que no cumplen este requisito, a veces se les cobra un monto mayor. Con la Ley de Alquileres, los inquilinos también podrán presentar un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal, a modo de alternativa.
¿"Puntapié inicial" para debatirse en otros países de Latinoamérica?
Gervasio Muñoz, referente de la agrupación Inquilinos Agrupados, una de las asociaciones que impulsaron la normativa, señala que esta "es una ley peleada por mucho tiempo". Y añade: "El Congreso empieza a regular una necesidad fundamental, el acceso a la vivienda, que estaba en manos exclusivamente del mercado inmobiliario".
Por otro lado, el entrevistado es optimista y cree que estas discusiones parlamentarias podrían generarse en otros lugares: "Esperamos que sea el puntapié inicial para seguir profundizando la protección de los derechos, y para que surja el debate en otros países de Latinoamérica".
A su vez, Muñoz comenta que "en Argentina se vive hace muchos años una situación muy grave con respecto al acceso a la vivienda en alquiler". Al respecto, alerta que "se destina la mitad de los ingresos del hogar" para abonar la mensualidad. Y concluye: "El abuso por parte de inmobiliarias es muy grande, y en un contexto de pandemia, esa situación se agrava".
El 49 % de los inquilinos tiene conflictos o no puede pagar
Una encuesta de esa agrupación revela que en junio el 49 % de los inquilinos argentinos tiene problemas para pagar el alquiler, o directamente se ve imposibilitado de hacerlo. En efecto, el 68 % de este colectivo redujo notablemente sus ingresos, o ya no los tiene, mientras la emergencia sanitaria del coronavirus se traduce en crisis económica para millones de personas.
Ese estudio también indica que el 67 % está endeudado o recibiendo ayuda familiar para poder cumplir con los pagos mensuales. Además, "el 33 % sufrió algún tipo de violencia u hostigamiento por propietarios o inmobiliarias, al no poder pagar, e intentos de desalojos violentos", subraya Muñoz.
Con ese contexto, en algunas situaciones se destaca el incumplimiento del decreto presidencial que prohíbe desalojos durante la pandemia. Al respecto, Inquilinos Agrupados insiste en la necesidad de extender la medida, para que no aumente la indigencia.
Entre tanto, la emergencia habitacional es un viejo problema argentino, que está mostrando su peor cara en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores ante la llegada del covid-19. En ese marco, el Gobierno de la capital registró hacia mediados del 2019 unas 138.000 viviendas desocupadas, que representan el 9,2 % del total, mientras los precios de los alquileres no paran de subir.
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