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Venezuela tras la pausa política por la pandemia: vuelve la pugna por nombrar el ente electoral

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Oficialismo y oposición habían creado una zona de despeje institucional que estaba permitiendo la instalación del comité de postulaciones, compuesto por diputados de ambos bandos políticos. Sin embargo, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia podría cambiarlo todo.
Venezuela tras la pausa política por la pandemia: vuelve la pugna por nombrar el ente electoral

La flexibilización de la cuarentena supuso un veloz recalentamiento del choque institucional entre el Tribunal  Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN) por el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las parlamentarias que deben realizarse este 2020, según dictamen constitucional.

El pasado 5 de junio, el TSJ declaró la omisión legislativa con relación al nombramiento del CNE y se abrogó la decisión de hacer los nombramientos respectivos para adecuar el órgano electoral, ya que algunos de sus miembros tienen los plazos vencidos, especialmente su presidenta, Tibisay Lucena, que está en el cargo desde 2006.

El choque institucional data de 2016, cuando el TSJ declaró en desacato a la AN después de que esta institución permitiera el acceso y participación de tres diputados cuya elección había sido considerada fraudulenta. Luego de eso, se han visto más de 60 sentencias del TSJ contra la AN y esta ha respondido con igual intensidad.

Oficialismo y oposición habían creado una zona de despeje institucional que estaba permitiendo la instalación del comité de postulaciones, compuesto por diputados de ambos bandos políticos, donde se había comenzado a tomar decisiones consensuadas desde el mes de marzo de este año.

La decisión del TSJ deja en el limbo los avances de oposición y oficialismo, que buscaban conformar el ente electoral en común acuerdo como un primer paso para rescatar la confianza de todos los actores en el sistema electoral venezolano

Dicho comité fue compuesto de manera tal que su presidencia quedara en manos del diputado opositor Ángel Medina, de Primero Justicia, y su vicepresidencia en las del oficialista Julio Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que significó un acuerdo inédito tras varios años de ruptura política tajante entre ambos sectores, especialmente desde las presidenciales de 2018, en las que la oposición decidió no participar.

El comité de postulaciones es una figura dispuesta en la Constitución y se encarga de presentar a la plenaria del Parlamento los nombres de los posibles integrantes del CNE para su votación final, luego de un amplio proceso de selección y consulta a diversos sectores de la vida nacional. 

La constitución del comité y el visible adelanto de su trabajo se mostró como una luz, tenue pero probable, al final del túnel de pugnacidad política que tiene al país sumido en una crisis en todos sus ámbitos.

La decisión del TSJ deja en el limbo los avances de oposición y oficialismo, que buscaban conformar el ente electoral en común acuerdo. Este era el primer paso para rescatar la confianza de todos los actores en el sistema electoral venezolano, que se vio impactado por la histórica abstención (54 %) de las presidenciales de 2018, donde salió electo el presidente Maduro. Sin embargo, su triunfo no fue reconocido por ningún partido opositor ni tampoco por unos 50 países, lo que ha sumido a Venezuela en un aislamiento internacional impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump. 

Esta medida intrusiva puede tener una razón lógica: la situación interna en la AN es muy complicada puesto que desde el mes de enero dos directivas se disputan el control, ambas de la oposición. Una presidida por Juan Guaidó, también autoproclamado en 2019 presidente interino de Venezuela, y la otra por Luis Parra, del partido Primero Justicia. Desde ese momento cundió el descontrol interno, no ha habido sesiones y es bastante probable que este conflicto impida culminar el proceso de nombramiento de la junta directiva del CNE.

Superar la desconfianza de la oposición en el árbitro electoral es imprescindible para que el país retome la senda de la normalidad y vuelva a rescatar la política como esfera de discernimiento público.

El reciente incidente relacionado con la Operación Gedeón, donde fueron capturados a comienzas de mayo un grupo de exmilitares venezolanos y dos norteamericanos, todos armados, intentando entrar al país para promover un cambio violento de gobierno –y cuya implementación fue asumida por Jordan Goudreau, fundador de la contratista militar estadounidense Silvercorp–, implicó una derrota para la oposición radical y especialmente para Guaidó, quien fue ampliamente relacionado con la preparación del hecho, lo que hizo llover críticas de buena parte de sus aliados tanto a lo interno del país como del exterior. Otros acontecimientos, como el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019, se suman a la lista de fracasos que ha recogido el camino violento decidido por actores extremistas, pero que han arrastrado al resto de la oposición.

Estos descalabros, diseñados e implementados desde la oposición radical, obligan a la oposición política a realizar un giro estratégico hacia la consecución de victorias electorales y pacíficas como la obtenida en diciembre de 2015, cuando los partidos opositores se hicieron con el control de la Asamblea Nacional después de una abrumadora victoria.

En ese evento la oposición logró revertir por primera vez de manera contundente la correlación de fuerzas, imponiéndose con 56 % (7.728.025 votos). En esa ocasión el chavismo obtuvo 40 % (5.625.248). De 167 escaños, la oposición consiguió 112 y el chavismo 55. La primera barrida en 15 años de profunda diatriba. Todo ello con el mismo "ventajismo oficial" que utilizó de argumento central la oposición para su posterior política abstencionista.

Este triunfo de 2015 es lo que está en juego en 2020. La importante conquista opositora se puede perder por falta de acuerdo a lo interno de ella misma, lo que dejaría al gobierno en una situación de hegemonía institucional jamás vista.

Todavía no está claro si la oposición participará en la contienda y es muy probable que sus sectores radicales llamen a la abstención como en comicios anteriores. Con más ahínco después de esta decisión del TSJ.

Todo un verdadero enredo político cada vez más difícil de desmontar.

¿Se alcanzará una solución?

Como modo de reconocer el trabajo del comité de postulaciones, el TSJ ha pedido a la AN el 10 de junio que presente en 72 horas una lista de los nombres estudiados para su posible elección, lo que salvaría parte del trabajo consensual adelantado.

Pero Angel Medina, presidente del comité, ha respondido que no reconoce el plazo fijado y planteó que mantendrá el cronograma pautado para la designación del CNE por parte de la AN, lo que abre la posibilidad de que sean nombrados dos entes electorales diferentes.

Mayor enredo todavía.

La estrategia oficialista se basa en contar con algunos líderes y partidos de oposición que son débiles y pequeños, que se han concentrado en una mesa de diálogo con el gobierno, y que estarían dispuestos a asistir y competir el espacio a los partidos tradicionales. Con ello, intentaría restar importancia a una hipotética decisión abstencionista de los principales partidos opositores, mientras cuaja una oposición más política y pacífica.

Lo que vive la oposición venezolana estos días es un laberinto. El mismo de hace años, solo que ahora las fuerzas para dar un golpe violento exitoso parecen extinguidas. Súmese que resta escaso tiempo. Los factores de poder que la controlan deben tomar una decisión cuyo resultado va a ser recordado históricamente: o participa en las legislativas del 2020 para conservar el único poder que ha arrebatado al oficialismo, o se impone su línea abstencionista y le entregará en bandeja de plata la totalidad de la institucionalidad, lo que le llevará largos años recuperar. Quizá signifique la primera vez en la historia que el monopolio del poder se consigue no por avasallamiento al contrincante, sino por el retiro de este.

Resulta inminente el nombramiento de los nuevos rectores del CNE por parte del TSJ, por lo que la oposición tendrá que tomar una decisión conjunta y estratégica. De lo contrario, terminará dividida y débil por el resto del mandato de Maduro (2018-2024) y puede que sentando las bases para una nueva reelección de este.

Puede decirse que la oposición está dividida en tres fracciones que necesita unir en torno a esta decisión. Por un lado, la oposición radical, que en su mayoría se encuentra fuera del país y tiene un enorme poder mediático y financiero (dirigida por María Corina Machado y Leopoldo López). Luego, una oposición política donde se encuentran los principales partidos pertenecientes a una derecha moderada y a la socialdemocracia (compuesta por Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otros), que aunque se han plegado a los designios de la oposición radical dan muestras de quererse desprender de ella. Y finalmente, una oposición que abiertamente pide diálogo y negociación con el gobierno (liderada por Henry Falcón, Claudio Fermín y el partido evangélico Nuvipa, entre otros) y que es considerada entreguista y enemiga por el primer sector. 

Si los partidos opositores deciden no participar estarían otorgando todo el poder al oficialismo. Si por el contrario deciden participar caerá una lluvia de críticas por parte de los sectores que apuestan al abstencionismo y que tienen un enorme poder financiero y mediático, incluyendo los gobiernos de Colombia y Estados Unidos

La tercera corriente ya ha decidido su participación y buscará disputar espacio electoral a las otras dos, especialmente si no participan. Sin embargo, su peso electoral ha sido débil para constituirse como oposición con peso suficiente para disputar poder al chavismo.

Si los principales partidos opositores deciden no participar estarían otorgando todo el poder al oficialismo. Si por el contrario deciden participar caerá una lluvia de críticas por parte de los sectores que apuestan al abstencionismo y que tienen un enorme poder financiero y mediático, incluyendo los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, así como los financistas internacionales. También estarían reconociendo que la vía abstencionista, que cedió el poder a Maduro, fue errada y responsable tanto de su triunfo como de las operaciones de bloqueo y amenaza contra el país desde el exterior.

Ahora, participando, incluso en situación de desventaja, estaría rehaciendo una propuesta política que no solo podría reunificar el voto opositor, sino que incluso podría sumar al chavismo descontento, cuya fuerza puede observarse en la merma de votos que ha tenido este sector.   

Esta decisión tendrá que tomarla los próximos días y marcará si el futuro del país está signado por el choque violento o la tendencia hacia la normalización política.

Ociel Alí López

Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

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