La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió este viernes no promulgar la ley que establece la nueva fecha para las elecciones, y le pidió al Congreso un estudio epidemiológico que demuestre que será seguro votar el día 6 de septiembre.
Mediante una carta enviada a la presidenta del Senado, Eva Copa, cuestionándole la intención de llevar adelante los comicios a la brevedad posible, Áñez le solicitó a la legisladora del MAS un estudio "médico y científico", en el cual se basa su decisión y la de su partido.
"Es comprensible y muy respetable que usted y otros dirigentes políticos quieran elecciones lo antes posible. Pero es aún más comprensible y más respetable que una enorme mayoría de los bolivianos sienta que esas elecciones son un riesgo enorme para la salud y la vida de cada familia en nuestro país", escribió la mandataria, quien consideró que habrá un pico de casos de coronavirus entre julio y agosto.
El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había anunciado que Áñez iba a promulgar la ley que había aprobado el Congreso, y que habían consensuado antes los partidos políticos con el Tribunal Electoral Nacional.
De los 10 candidatos presidenciales que se han registrado, Luis Arce, abanderado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del mandatario depuesto Evo Morales, es quien encabeza las encuestas.
Incertidumbre política
La decisión de Áñez de poner en suspenso la celebración de elecciones, acordada entre el Gobierno de facto y los demás partidos políticos, sume en la incertidumbre a Bolivia, que ya vive una situación irregular desde noviembre del año pasado después del golpe de Estado contra Evo Morales.
Tras la elección general, que Morales ganó con el 47,08 % de los votos, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó informes sobre supuestas irregularidades en el conteo. Según el organismo, el candidato del MAS había ganado de manera irregular y evitado una segunda vuelta, al no conseguir el 10 % de diferencia necesaria con su competidor más cercano.
No obstante, en los meses siguientes, numerosos estudios concluyeron que la auditoría que realizó la OEA fue "deficiente", estuvo basado en "datos incorrectos" y "técnicas estadísticas inapropiadas".
En una declaración conjunta, el Grupo de Puebla, integrado por figuras políticas de la izquierda latinoamericana, solicitó a la OEA que convalidara los resultados electorales del 20 de octubre de 2019 y declare la legitimidad de la elección a la Presidencia de Evo Morales, quien tuvo que exiliarse en México y luego en Argentina, ante la persecución del Gobierno de facto.
En un principio, Áñez dijo que solo sería presidenta interina mientras se organizaban nuevos comicios. No obstante, en enero de este año anunció su decisión de postularse a las elecciones generales, pese a que "no estaba" en sus planes.