El Gobierno de Argentina busca una alternativa a su proyecto de expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin, luego de que la iniciativa despertara el rechazo de sectores opositores de la derecha, y pareció reeditar el conflicto que enfrentó, en el 2008, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las patronales del campo.
El pasado sábado, a pesar de la crisis sanitaria y la cuarentena que rige en el país por el coronavirus, hubo protestas en 80 ciudades del país, con consignas un tanto difusas, pero convocada originalmente en defensa de la propiedad privada y contra el "comunismo" de Alberto Fernández. En el día de la Bandera nacional, flamearon insignias patrias en rutas, plazas y monumentos. Se colaron también duras críticas al aislamiento social, que fue desafiado: si bien algunos se movilizaron en automóviles y camionetas, otros lo hicieron a pie, sin respetar ninguna norma sanitaria para evitar el contagio.
Salvo en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, donde está emplazada la planta de Vicentin, la convocatoria no tuvo un acompañamiento masivo, pero alcanzó para que los grandes medios le dieran una amplia cobertura 'minuto a minuto', y ocupara las principales tapas de los diarios del domingo.
"No hay marcha atrás".
El viernes de la semana pasada, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había presentado el mandatario recibió el primer golpe. El juez santafesino Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso preventivo de la agroexportadora, decidió restituir la administración de la empresa Vicentin a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de "veedores" a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el magistrado se declaró "incompetente" en relación al planteo de "inconstitucionalidad" que denuncian los accionistas de la compañía exportadora de granos, harinas y aceites.
Por la noche, trascendió que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (peronismo), presentó una propuesta para constituir un órgano de intervención mientras dure el concurso de Vicentin, sin expropiación. El proyecto solicita al juez Lorenzini que deje sin efecto la medida de restitución del directorio, al considerar que "no resultan idóneos para conducir la compleja situación".
Horas más tarde, el presidente Fernández calificó la medida judicial como "absurda", defendió el plan ofrecido por Perotti y avisó: "No hay marcha atrás. El Estado se va a hacer cargo de la empresa con la herramienta posible; sea por intervención vía judicial o mediante expropiación".
Las extrañas causas de un "estrés financiero"
Son varias las razones que llevaron al presidente Alberto Fernández a querer tomar el control estatal de la compañía. Por un lado, se trata de un "rescate", en palabras del mandatario, ya que Vicentin, la sexta comercializadora de granos del país, adujo "estrés financiero" y se presentó a concurso de acreedores en febrero de este año. Adeuda unos 1.350 millones de dólares, y una posible quiebra dejaría a 2.600 personas sin trabajo.
Pero además, los últimos movimientos financieros de Vicentin hicieron que el Gobierno pusiera la lupa sobre la firma e iniciara una investigación. A través del Banco Nación, la gestión del expresidente Mauricio Macri le otorgó préstamos a la cerealera por 300 millones de dólares, un monto superior al límite que la ley permite entregar a la banca pública. De ese total, 83 millones le fueron entregados en noviembre de 2019, cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos, y con el macrismo a las puertas de una muy posible derrota electoral, que se concretó en diciembre.
También se supo que Vicentin fue uno de las principales aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio, la alianza que buscaba la reelección de Macri, poniendo a su disposición alrededor de 330.000 dólares. Y se investiga una posible evasión millonaria de impuestos a través de las filiales que la empresa tiene en Uruguay y Paraguay.
El sábado, el macrismo no llamó oficialmente a sus seguidores a salir a la calle a participar del 'Banderazo', pero sí compartieron las imágenes a través de las redes sociales, con un mensaje que pareció alentar la protesta a pesar de las restricciones de circulación: "La vida es nada si la libertad se pierde".
En cierta medida, la manifestación retrotrajo a los argentinos a la pelea por la resolución 125, con la que el kichnerismo intentó elevar, en 2008, la alícuota de retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.
En aquella oportunidad, el kirchnerismo fracasó al toparse con una resistencia feroz, que unió a grupos concentrados, sectores identificados con 'el campo' argentino, la clase media antiperonista y los medios hegemónicos.
Soberanía Alimentaria
Otra de las claves que impulsa al Gobierno de Fernández a avanzar con el control estatal de Vicentin tiene que ver con el mercado de granos en Argentina, fundamental en el país, no solo por su incidencia en la industria alimentaria sino porque es motor de la economía y provee de dólares a través de las exportaciones.
Pero el sector agroindustrial está hiperconcentrado. Unas pocas empresas, algunas multinacionales, inciden directamente en el precio de la soja, y especulan con el ingreso y el valor de la divisa norteamericana, fundamental para afrontar la crisis y la deuda externa con la que lidia la Casa Rosada.
El 8 de junio, al anunciar el envío al Congreso de un proyecto para la expropiación de Vicentin —que por ahora quedó suspendida—, el presidente Alberto Fernández planteó que se trata de un paso hacia la soberanía alimentaria, en un país donde el modelo de maximización del agronegocio se afianza, mientras crecen el hambre y la pobreza. "No vamos a perder la oportunidad de hacer un país más justo", avisó el mandatario.
Emmanuel Gentile
Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos.