La Guardia Civil española ha detenido a 34 personas en las islas de Tenerife y Gran Canaria por su participación en el traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos a diversos países africanos, sirviéndose de documentación falsa para validar los envíos en la aduana.
Los detenidos están acusados de cargar grandes contenedores marítimos con artículos usados u obsoletos –entre los que se encontraban principalmente electrodomésticos y piezas de vehículos–, para su posterior exportación y venta en África, donde eran desguazados para extraer algunos materiales como aluminio y cobre y posteriormente destruidos sin garantías medioambientales.
Los objetos trasladados se obtenían en la vía pública, en los llamados 'puntos limpios' de recogida municipal de residuos, en mercadillos informales o directamente de particulares que los entregaban para deshacerse de ellos.
2.500 toneladas en dos años
La investigación, llevada a cabo por el equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil (Seprona), desveló que durante los años 2018 y 2019, esta organización realizó 138 traslados desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife a distintos países de África, como Senegal, Ghana, Gambia, Togo, Guinea Conakry, Sierra Leona y Nigeria.
Las autoridades estiman que la cantidad total de residuos tóxicos trasladados en estas operaciones asciende a unas 2.500 toneladas.
La organización contaba con una persona –que regentaba un negocio de exportación de mercancías a África– encargada de preparar la documentación necesaria para los trámites aduaneros. Aprovechando su conocimiento del sector, falsificaba certificados de funcionamiento de los aparatos electrónicos para poder exportarlos, y obtenía así un beneficio económico en cada operación.
A los detenidos se les acusa de un delito continuado de traslado ilegal de residuos peligrosos y otro de falsificación de documentos
Peligro para las personas y el medio ambiente
Muchos de estos residuos ilegalmente exportados contienen sustancias nocivas (tales como cadmio, mercurio, plomo, arsénico o fósforo) que, aunque son necesarias para garantizar el funcionamiento de los aparatos, pueden ser altamente contaminantes y perjudiciales para la salud humana si no se gestionan adecuadamente como residuos.
Tal como denuncia la Guardia Civil en una nota informativa, en muchas ocasiones estos peligrosos deshechos acaban en países con escasa o nula legislación sobre reciclaje o gestión de residuos, donde llegan incluso a ser tratados por niños, sin la mínima protección necesaria.
Para su destrucción definitiva, en muchos de los citados países los materiales se queman en fogatas al aire libre, liberando polvo y humos altamente tóxicos.