La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este lunes su preocupación por el proceso penal iniciado en Chile en contra de Las Tesis, el colectivo artístico y feminista que popularizó a nivel internacional su performance 'Un violador en tu camino' para denunciar la violencia de género.
El organismo advirtió en un comunicado emitido este lunes que las denuncias criminalizan expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
"Diversos medios de comunicación informaron que la Policía de Carabineros de la V Zona de Chile presentó ante la Fiscalía de esa zona una denuncia penal por amenazas, atentado contra la autoridad e incitación a la violencia contra la policía, en la que responsabiliza de la comisión de estos presuntos delitos a un grupo de artistas que conforman el colectivo feminista Las Tesis", señaló.
De acuerdo con la información disponible, agrega la CIDH, la denuncia cuestiona una serie de canciones y performances audiovisuales realizadas por este grupo y que se difunden en redes sociales.
"En particular la Policía menciona la performance denominada 'Un violador en mi camino' que se ha convertido en una forma expresiva emblemática de condena a la violencia de género en distintas partes de la región; y un segundo video en el que este grupo de activistas denuncian el abuso policial en América Latina", añadió.
La CIDH reveló que el Estado chileno le informó a la Relatoría que se trata de una denuncia puntual en relación a hechos específicos y determinados, que podrían constituir delitos comunes, ya que la frase "prender fuego a los pacos (policías)" puede ser considerada incitación a la violencia. De hecho, el propio ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, apoyó la denuncia interpuesta por los Carabineros.
"La Relatoría Especial recuerda que bajo el artículo 13 de la Convención Americana los discursos sobre asuntos de interés público tienen una protección reforzada, en especial aquellos que expresan elementos esenciales de la identidad o denuncian situaciones de violencia y discriminación estructural", advirtió el organismo.
También explicó la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y acceso a la información, como herramienta para combatir la violencia basada en su género.
La Comisión resalta que las manifestaciones por parte de defensoras de derechos humanos, artistas y colectivos de mujeres, que se han expandido gracias al rol que juega la protesta en línea, han sido de gran valor para concientizar sobre la persistencia de un problema que impide el derecho de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia.
No utilizar figuras penales
"La Relatoría Especial también ha insistido en la necesidad de no utilizar figuras penales en blanco, vagas o ambiguas para criminalizar expresiones que, si bien pueden ser ofensivas, chocantes o irritan a funcionarios o a parte de la población, configuran expresiones de interés público que no deberían ser criminalizadas en una sociedad democrática", aclaró.
Aunque reconoció que los discursos que incitan a la violencia contra cualquier persona o funcionarios del Estado no están protegidos por la libertad de expresión, precisó que las expresiones artísticas o de protesta deben ser analizadas en su contexto y requieren que el discurso en cuestión sea un llamado verosímil, real e inminente a producir hechos de violencia.
La Relatoría recordó que, en su reciente informe sobre mujeres periodistas, argumentó que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para asistir a los grupos vulnerables a restablecer el equilibrio de poder entre los componentes de la sociedad.
Además, este derecho es útil para "promover la comprensión y la tolerancia entre las culturas, favorecer la deconstrucción de estereotipos, facilitar el libre intercambio de ideas y ofrecer opiniones alternativas y puntos de vista", sostiene el comunicado.
Por otra parte, la Comisión exhortó a que esta clase de investigaciones ofrezca garantías de imparcialidad y debido proceso, lo que solo puede concretarse si se cuenta con personal capacitado en el impacto de las connotaciones y los estereotipos discriminatorios arraigados en la sociedad, en este caso en contra las mujeres.