De los 26 estados brasileños, más el Distrito Federal, una decena de ellos están siendo investigados por corrupción y uso fraudulento de los fondos públicos de emergencia para hacer frente al coronavirus. Los gobiernos estatales de Sao Paulo, Río de Janeiro, Amazonas, Santa Catarina, Paraíba, Amapá, Pará, Pernambuco o Minas Gerais son objeto de investigaciones judiciales.
El mundo atraviesa "la tormenta" perfecta para abrir una brecha para la malversación de fondos públicos, según considera Bruno Brandão, portavoz de la organización Transparencia Internacional en Brasil.
Con motivo del decreto de calamidad pública aprobado por el gobierno de Jair Bolsonaro a finales de febrero, algunas medidas de control de gastos públicos pasaron a ser más flexibles con el objetivo de acelerar la compra de material médico, así como la contratación de más personal sanitario para hacer frente a la urgencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En Brasil, las adquisiciones de respiradores para tratamientos de covid-19 fluctúan desde los 3.300 euros hasta los 33.000 euros (20.000 reales y los 200.000 reales). El valor máximo de mercado registrado, incluso en los periodos de mayor demanda, no debiera exceder los 16.000 euros (100.000 reales) por cada unidad.
"El aumento de gastos públicos ahora está justificado. Es necesario gastar mucho para dar respuesta al problema y gastar rápido porque es una emergencia. Pero, al mismo tiempo, es necesario gastar bien", alega Brandão, que subraya la importancia de los trabajos de transparencia de gestión de los gobiernos, para que "tanto la sociedad, la prensa y los órganos de control puedan evaluar la calidad de la integridad de los gastos".
Por este motivo, la organización Transparencia Internacional, desde su sede en Brasil, está realizando un Ranking de transparencia en el combate a la pandemia con evaluaciones periódicas sobre la gestión de los recursos públicos en cada estado brasileño. En la última clasificación, publicada este 29 de junio, el estado de Roraima aparece como el peor parado en términos de transparencia. Este gobierno estatal está siendo investigado por comprar 30 respiradores a una empresa china a principios de mayo a uno de los precios más elevados hasta el momento: más de 35.000 euros cada uno (215.000 reales). El valor fue abonado sin esperar la recepción de los aparatos. "La corrupción se está revelando en su forma más sórdida, es decir, en el desvío de recursos que pueden salvar vidas. Quitar dinero de respiradores es robarle a las personas sin aire los equipamientos que les dan oxígeno", afirma Brandão.
Río de Janeiro figura como el tercer estado peor clasificado en ese mismo ranking y el gobernador Wilson Witzel enfrenta una demanda de impeachment que deberá ser votada próximamente por los diputados estatales. A principios de la pandemia, en marzo, el gobierno de Río firmó un acuerdo con la organización social Iabas para la construcción y la gestión de siete hospitales de campaña para atender la crisis sanitaria en el segundo estado más afectado del país después de Sao Paulo. Solo uno de ellos ha abierto sus puertas hasta el momento, el que se encuentra en la capital cerca del estadio de fútbol del Maracaná, y todavía no ha sido concluido. Aún así, la empresa recibió más de 40 millones de euros (256 millones de reales) del total del presupuesto, que asciende a 128 millones de euros (770 millones de reales). Ante las acusaciones, el contrato con Iabas fue anulado y la gestión pasó a las autoridades públicas de salud.
El gobierno de Witzel también está siendo investigado por fraude en la adquisición de equipamientos sanitarios: compró 300 respiradores a 31.000 euros cada uno (187.000 reales) a la empresa MHS. Esta, a su vez, terciarizó el servicio con la distribuidora SKN, la misma compañía que entregó respiradores inoperables al estado de Pará. Una parte del contrato fue abonada incluso antes de que se entregase el primer lote de unos respiradores que nunca llegaron; debido a los retrasos y a las acusaciones, el gobierno del estado anuló el contrato. Los representantes de ambas empresas están en prisión, así como dos vicesecretarios de Salud del estado de Río, como resultado del avance de las investigaciones. La Policía Federal autorizó a finales de mayo la aprensión de bienes de los sospechosos, entre los que figura el gobernador Witzel y su esposa Helena Alves Brandão, que vieron sus teléfonos móviles confiscados. El gabinete de abogados de Alves también está siendo investigado.
"Nunca se gastaron tantos recursos públicos como ahora. Al mismo tiempo, como son gastos de emergencia, los controles nunca fueron tan relajados como actualmente. Esto genera un contexto con un altísimo riesgo de corrupción", explica Brandão. Entre estas flexibilizaciones gubernamentales destaca la anulación de la exigencia de la fase de licitación pública para elegir a la empresa a la que se le compra el material, lo que se ha traducido en varios actos ilícitos.
El gobierno del estado de Amazonas, uno de los más afectados tanto en número de contagios y muertes como en la alarmante incidencia sobre las poblaciones indígenas, está siendo investigado por un supuesto fraude en la compra de respiradores a una empresa registrada como tienda de vinos. Además, de acuerdo con las acusaciones del Ministerio Público del estado, la transacción de los 24 respiradores podría responder a un caso de sobrefacturación por un valor total de casi 500.000 euros (2,9 millones de reales). Cada aparato fue facturado por 17.000 euros (104 mil reales), un valor muy por encima de lo que las autoridades estimaban como el precio promedio de 4.000 euros (25.000 reales) en el mes de abril, cuando se realizó la transacción.
El vecino estado de Pará, compró a un distribuidor chino 400 respiradores, junto con otros equipamientos médicos, por un total de 16 millones de euros (100 millones de reales). Los primeros 152 respiradores recibidos en mayo estaban defectuosos y nunca funcionaron, lo que motivó la apertura de la investigación de este transacción donde cada respirador se pagó por un valor de 20.000 euros (126 reales).
Los escándalos están brotando de norte al sur del país. El Ministerio Público de Cuentas (MPC) del estado de Pernambuco también está investigando tres contratos del gobierno estatal para la compra de 500 respiradores a la empresaria de la autónoma Juvanete Barreto Freire, registrada como vendedora de colchones y material para mascotas. El servicio de salud pública de la capital del estado, Recife, aprobó un presupuesto total de casi dos millones de euros (11,5 millones de reales) con esta micro empresa, creada en 2019, que tiene un límite de facturación máximo anual de 13.500 euros (81.000 reales). Además, el MPC considera que es una "cantidad muy expresiva" de respiradores, considerando que se trata de "una pequeña empresa individual sin ninguna experiencia anterior en la venta de equipamientos médicos". Por su parte, el ayuntamiento de Recife alegó que "existe una disputa internacional por espiradores, (…), el ayuntamiento ya realizó 10 procesos de compras en distribuidores diferentes". Además justificó que la empresaria que está siendo investigada actúa como representante comercial de Bioex, fabricante de los respiradores, y que estos fueron adquiridos a precios menores al valor de mercado.
Otra estrategia para enriquecerse ilícitamente con los fondos públicos emergenciales destinados a la crisis del coronavirus han sido las compras fantasma, como es el caso de los 200 respiradores que nunca fueron entregados al gobierno del estado de Santa Catarina. Cinco sospechosos, entre ellos empresarios y cargos públicos, están en prisión y entre los sospechosos figura inclusive un antiguo jugador de fútbol de la selección brasileña, André Santos. El caso, revelado a mediados de mayo, mostró que se gastaron 5 millones de euros (33 millones de reales) de fondos públicos en un contrato fraudulento de equipamientos que nunca existieron. Se abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación especial para rastrear estas gestiones y, a principios de junio, se destapó otro caso similar de compra de 100 respiradores, también fantasma.
En Sao Paulo, el estado de Brasil más afectado con un número total de contagiados y de fallecidos superior a toda España, las sospechas de corrupción también ensombrecen al gobierno estatal. Las cifras de los contratos sospechosos ascienden a 91 millones de euros (550 millones de reales) para adquirir 3.000 respiradores de una empresa china que a finales de mayo solo había entregado 150 del total. Además, las sospechas de fraude abarcan contratos de compras de otros equipamientos como medidores de oxígeno o uniformes. Una de las investigaciones rastrea el gasto de más de 17 millones de euros (104 millones de reales) en mascarillas.
Incluso en pequeños gastos se han descubierto casos de fraude. Uno de ellos es el de un pequeño municipio del estado de Paraíba que gastó 2.500 euros (15.000 reales) para imprimir folletos informativos de prevención en una imprenta gráfica fantasma. La empresa cobró el dinero pero el material nunca existió.
@LunaGamp