Crece la violencia institucional en Argentina: ¿el Gobierno podrá contener a los uniformados?

Desde que empezó la pandemia y se dictaron las medidas de aislamiento social en Argentina, los casos de violencia institucional crecieron de forma preocupante: la Secretaría de Derechos Humanos acumula 380 intervenciones por situaciones de abusos de autoridad entre el 15 de diciembre e inicios de junio, pero el 70 % del total se produjo a partir del 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria.

El problema se está saliendo de control, y el Gobierno de Alberto Fernández, que apenas supera los seis meses en el poder, lo tiene presente. Las autoridades actuales aseguran estar aplicando políticas para reducir los "exabruptos" de uniformados, pero advierten que la doctrina impartida durante la administración de Mauricio Macri es muy difícil de revertir. Y algo de razón tienen: en 2018 el entonces presidente recibió y felicitó públicamente al agente Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un ladrón en la Ciudad de Buenos Aires, impartiendo un claro mensaje simbólico. No obstante, por estos días las irregularidades crecieron, algo que incomodaría a cualquier administración progresista. 

Gabriel Fuks, secretario nacional de Articulación Federal de la Seguridad

El secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, es uno de los funcionarios que están más pendientes del problema. En entrevista con RT, expresa que la gestión anterior le mostró a un sector social "que iba a usar la mano dura en la lucha contra la delincuencia, aunque nunca se sabe estrictamente cuál es esa lucha". Ello, "retomando la tradición de la construcción del enemigo, con el mapuche terrorista o anarquista", ejemplifica. 

Ahora, Fuks lamenta no haber tenido más tiempo para aplicar los cambios necesarios, mientras el uso desproporcionado de la fuerza se sigue cobrando nuevas vidas. Opina que, al comienzo, la pandemia se planteó como "una oportunidad enorme para constituirse de una manera distinta ante la sociedad", ya que, entiende, "por primera vez en décadas el uso de las fuerzas se ejerce en nombre de las mayorías".

El funcionario asegura que cuando inició la emergencia, más del 90 % de la población aceptaba los mecanismos de control social, algo que "nunca existió en la historia argentina". No obstante, el resquebrajado lazo entre uniformados y los sectores reacios al aparato coercitivo del Estado, no se recompuso.

La dificultad de aplicar cambios en las fuerzas provinciales

En las últimas semanas, algunos graves delitos causaron indignación. Repasemos tan solo algunos: un allanamiento al domicilio equivocado en la Provincia de Buenos Aires acabó con un menor baleado, quien perdió su ojo derecho; un hombre murió asfixiado al ser detenido contra el piso por efectivos en Tucumán, al norte del país; y, en la misma provincia, desapareció un individuo de manera forzada, encontrado sin vida días más tarde en otra jurisdicción. En esos y otros trágicos ejemplos, las fuerzas provinciales fueron señaladas como posibles responsables.

Gabriel Fuks, secretario nacional de Articulación Federal de la Seguridad.

Ahí radica una de las claves. Aunque las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos sean de cumplimiento obligatorio, para todos por igual, lo cierto es que el Ministerio de Seguridad nacional no tiene línea de mando sobre las policías locales. A fines prácticos, por más protocolos y buenas intenciones que se quieran impartir desde Presidencia, los Gobiernos de las distintas jurisdicciones manejan sus fuerzas como prefieren e imparten la doctrina que más les convenga.

No obstante, muchas de las provincias donde se cometieron maltratos abusivos, homicidios y hasta desapariciones forzadas en la pandemia, son gobernadas por importantes aliados de Alberto Fernández. "En todos los casos nosotros mandamos nota a los Gobiernos provinciales, involucrándonos y planteándoles una serie de recomendaciones", afirma Fuks. Incluso subraya: "Frente a la pandemia, hicimos dos reuniones virtuales del Consejo de Seguridad Interior", un espacio para que surjan acuerdos con las carteras de seguridad de todo el país. Por lo pronto, no estaría alcanzando. 

Sin embargo, a nivel federal, muchos efectivos nacionales que dependen exclusivamente del Ejecutivo también se vieron implicados en serios delitos durante el confinamiento. De hecho, hace pocos días un joven murió tras ser baleado en un barrio humilde de la capital, y todas las sospechas apuntan hacia la Gendarmería: "Está interviniendo la Justicia y, por supuesto, vamos a respetar la investigación que está haciendo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", cuyo distrito es gobernado por la oposición. "Una de las recomendaciones que siempre planteamos cuando una fuerza local esté involucrada, es que la investigación no se haga por la misma fuerza, para impedir cadenas de impunidad", explica.

Antes, en los primeros días de la cuarentena, se viralizaron imágenes de gendarmes haciendo "bailar" a jóvenes en la villa porteña 1.11.14, humillándolos: "Inmediatamente pusimos sanciones, los separamos de la fuerza", aclara.  

¿Cómo se puede mejorar la situación?

"Vamos a rediscutir la Ley de Seguridad Interior", adelanta Fuks. Para el entrevistado, hay que diseñar un modelo de formación que instruya a los uniformados bajo una mirada que interprete al conflicto social y su origen. Al respecto, resalta la necesidad de que entiendan a las comunidades indígenas, recordando escándalos de represión a grupos mapuches y qom: "Hay un problema de abordaje, de desconocimiento en las Policías provinciales de los derechos y las normas que rigen a los pueblos originarios. Hay racismo".

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No obstante, cuenta que "muchos de los efectivos policiales tienen sangre indígena". Y sigue: "Aspiraría a que todas las provincias donde hay situaciones de pueblos originarios tengan por lo menos 50 o 100 policías formados antropológica y sociológicamente".

Más en profundidad, considera que la represión no previene el delito, sino que se deben "construir los nuevos paradigmas de investigación criminal". También critica la forma en que se disuelven protestas en muchas provincias: "Existen formas que ya están probadas, que el sistema de Naciones Unidas recomienda. Hay capacitaciones, no es necesario generar situaciones tan violentas".

Otra de sus metas es generar canales de diálogo entre jefaturas policiales y organizaciones sociales, algo que puede ser útil para reducir la tensión en manifestaciones. "Las fuerzas de seguridad no están solo para reprimir movilizaciones", concluye Fuks. 

En las últimas horas, el Gobierno argentino derogó dos decretos firmados por Macri, que autorizaban a las Fuerzas Armadas a actuar en conflictos internos, como redes unificadas de narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Ahora, se vuelve a la política impartida bajo el kirchnerismo: solo se encargarán de cuidar las fronteras y la soberanía del país. 

Leandro Lutzky