Exhumación de fosas comunes e ilegalización de la Fundación Francisco Franco: el Gobierno de España impulsa una reforma a la Ley de Memoria Histórica
La vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha anunciado este martes la intención de llevar este mes de julio al Consejo de Ministros un proyecto de ley para modificar la Ley de Memoria Democrática impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 que, entre otras cuestiones, contemplaría la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
Tras la exhumación del pasado otoño de los restos del dictador español del macromonumento del Valle de los Caídos, ahora la intención es acabar con el ducado de Franco, que concedió el rey Juan Carlos I a la familia del dictador en 1975, e ilegalizar las organizaciones que inciten directa o indirectamente al odio contra las víctimas de la guerra civil española y del franquismo.
Además, el gobierno bicolor de socialistas y Unidas Podemos también tiene la intención de recuperar el Pazo de Meiras, voluntad que se encuentra recogida en acuerdo de coalición firmado por ambas formaciones políticas. Se trata de una gran propiedad con un castillo que fue residencia de la importante escritora Emilia Pardo Bazán, y que las autoridades franquistas de A Coruña decidieron ofrecer a Franco como residencia veraniega recaudando dinero a través de donativos en parte forzosos.
Acabar con las fosas comunes
El otro gran objetivo de esta reforma legislativa es la de acabar con las fosas comunes que pueblan todos los rincones del país, albergando más de 130.000 víctimas (según datos de las asociaciones de Memoria Histórica) y que se estima que convierten a España en el segundo país como más víctimas sin recuperar en este tipo de enterramientos.
Entre la aprobación de la ley en 2007 y 2011 se realizaron 370 exhumaciones y se recuperaron 6.000 cuerpos. En 2011 llegó al Gobierno de Mariano Rajoy, que se jactó de haber destinado en los siete años en los que fue presidente del Ejecutivo cero euros a dotar a la Ley de Memoria Histórica, lo que paralizó estos trabajos.
Ahora se pretende dar un impulso a las exhumaciones, tanto en fosas como en el Valle de los Caídos, pues a este monumento fueron trasladados 33.000 cuerpos, muchos de ellos sin el consentimiento e, incluso, sin el conocimiento de sus familiares.
Además, se prevé la creación de un banco de ADN de las víctimas, para identificar los cuerpos que sean recuperados y para facilitar el encuentro de los familiares desaparecidos durante el franquismo. Asimismo, se contempla la creación de un Censo Nacional de Víctimas para los casos de bebés robados, ya que se estima que durante el franquismo e, incluso, durante los primeros años de la democracia española, más de 300.000 recién nacidos habrían sido robados a sus madres y entregados a otras familias.
Si se cumplen los plazos anunciados por Calvo, la nueva normativa podría comenzar su tramitación parlamentaria en próximo otoño.