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Fiscalía de Colombia investiga nueve casos más de violencia sexual contra menores indígenas
Esta semana siete soldados fueron privados de libertad por haber abusado sexualmente a una niña indígena del departamento de Risaralda.
La Fiscalía de Colombia informó que actualmente investiga nueve casos de violencia sexual en contra de menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas.
La vicefiscal Martha Mancera aseveró que los casos de violencia sexual son priorizados por esa institución y actualmente 40 han pasado a la etapa de juicio.
Este balance de la Fiscalía ocurre un día después de que se conociera que una menor de la comunidad indígena nukak makú habría sido víctima de agresión sexual el 8 de septiembre de 2019, por parte de soldados que prestaban servicio militar en la vereda de Charras, en el municipio San José de Guaviare, en el departamento del Guaviare.
La investigación de los hechos que atentan contra la niñez es prioridad para #Fiscalía. "Se diseñó una política integral que incluye atención oportuna de los menores, así como la judicialización efectiva de los responsables": Vicefiscal, sobre caso de menor indígena en #Guaviare. pic.twitter.com/xXSPp4wRvT
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 30, 2020
Según Mancera, un fiscal de la Dirección Seccional del Guaviare (en la región de la Amazonía) conoció el 19 de septiembre de 2019 la situación de la niña por información del personal del Hospital de San José, en la capital.
Otro caso previo
Previamente, a través de un comunicado, enviado a la prensa, el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, adscrita a la Cuarta División, informó sobre el hecho y señaló que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido se inició la indagación disciplinaria.
Este nuevo caso se hace público en medio del proceso legal que enfrentan siete militares por la violación de una adolescente indígena, de 14 años, de la comunidad Embera Chamí.
El hecho ocurrió el pasado 21 de junio, en el municipio Pueblo Rico, ubicado en el departamento de Risaralda, en el centro-oeste del país. Tras las indagaciones, los militares reconocieron su responsabilidad en el hecho y se enfrentan a un proceso judicial que podría acarrearles una pena de 30 años de prisión.
Esta denuncia desató protestas en algunas ciudades de Colombia que alertan sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y centró el debate público en los escándalos previos de corrupción, espionaje masivo y operativos ilegales para dar de baja o capturar a personas sin el debido proceso, conocidos como 'falsos positivos', en los que se ha vinculado al Ejército.
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