La Justicia Federal de EE.UU. emitió una orden para decomisar cuatro buques iraníes que trasladan combustible hacia Venezuela, por considerar que la transacción beneficia a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han sido catalogados por la Casa Blanca como una supuesta "organización terrorista".
El dictamen del juez James Boasberg responde al pedido de cuatro fiscales, y pretende el decomiso de aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina, que son trasladados actualmente por los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, hacia Venezuela.
De acuerdo con Boasberg, esta gasolina quedará bajo jurisdicción exclusiva de la corte federal para el Distrito de Columbia. Sin embargo, no indica qué métodos aplicará el gobierno de EE.UU. para confiscar las cargas.
El Departamento de Justicia estadounidense mostró su apoyo a la medida, al considerar que las ganancias por la venta de este combustible supuestamente "respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria", incluyendo "terrorismo y abusos contra los derechos humanos".
Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, los buques iraníes Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon, ignoraron las amenazas del gobierno de EE.UU. y se trasladaron a Venezuela, con un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Sin embargo, los barcos Bella y Bering desistieron de la transacción para evitar las sanciones de Washington.
Dos semanas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista de sancionados a los capitanes de estos cinco barcos, por "apoyar a grupos terroristas y dictadores".
En esa oportunidad, el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que ese organismo perseguirá "a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los EE.UU. y que además permita un comportamiento desestabilizador en todo el mundo".
Venezuela ha registrado problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las medidas unilaterales y coercitivas aplicadas por EE.UU., que no solo implican sanciones a altos funcionarios del Gobierno y el bloqueo de sus activos, sino que también contemplan amenazas a cualquier país que intente establecer relaciones comerciales con Caracas.