Juez identifica un nuevo centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura argentina

El juez Daniel Rafecas reveló la identificación de un nuevo centro clandestino de detención, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en donde se cometieron secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, y que funcionó durante la última dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983.

Durante esos años, los represores crearon más 150 cárceles clandestinas, pero el hallazgo de Rafecas confirma que a pesar de los 37 años transcurridos desde el fin de la dictadura, todavía falta mucho para esclarecer todos los crímenes cometidos.

El magistrado explicó que el descubrimiento se llevó a cabo en el marco de las investigaciones por el centro clandestino de detención 'Automotores Orletti', que operó en 1976 en el barrio Bajo Flores de Buenos Aires.

Agregó que varios testimonios mencionaban un centro cercano, ubicado en la calle Bacacay, que habría funcionario antes o de manera simultánea a Orletti, pero los datos no eran suficientes para identificar ningún inmueble.

"La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surge en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico-militar de nuestro país, en los cuales se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)", dijo.

La vivienda, agregó, está en la misma manzana en la que funcionaba 'Automotores Orletti', y conserva todavía el salón en el que fueron alojadas las víctimas.

Entre los represores implicados se encuentran Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci y Honorio Carlos Martínez Ruíz, quienes ya fueron condenados por delitos de lesa humanidad.

Según los avances que se han realizado en la causa, el centro clandestino de Bacacay habría funcionado al menos a principios de 1976, y ahí las víctimas eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picanas en una habitación acondicionada para ello.

Además, no se descarta que este lugar haya servido también para las operaciones del 'Plan Cóndor', la estrategia que siguieron las dictaduras latinoamericanas durante los años 70 para perseguir, secuestrar e intercambiar a opositores, más allá de las fronteras de cada país.

En la identificación del nuevo centro clandestino fueron esenciales las declaraciones prestadas por dos víctimas, que fueron secuestradas en este centro clandestino. Una de ellas habló ante la Secretaría de Derechos Humanos y la otra frente a personal del juzgado a fines de mayo y de manera virtual, debido a la cuarentena obligatoria que rige en Argentina por la pandemia de coronavirus.

Su descripción del lugar, con la ubicación precisa de la cocina, el baño, el sótano, la entrada y el patio, coincidió con la información que brindó una mujer que compró el inmueble en 1977, y que recordó que al ocupar la casa había encontrado unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo, junto con zapatos de hombre.

Después de identificar el lugar, el juez ordenó la realización de un registro fílmico y fotográfico del sótano y de los otros sitios, para que eventualmente puedan ser reconocidos por víctimas que hayan sido secuestradas,lo que fue celebrado por organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde que en 2003 se reactivaron los juicios de lesa humanidad en Argentina, se ha imputado a 3.315 personas, de las cuales 968 han sido condenadas y 637 gozan de arresto domiciliario. Solo 276 permanecen en unidades del servicio penitenciario o cárceles especiales.

Actualmente hay 532 causas en trámite, de las cuales solo el 3,0 % está en la etapa de juicio oral, por lo que los organismos exigen que los procesos se aceleren a pesar de la pandemia.