La Fiscalía brasileña pidió la destitución del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por "destrucción dolosa de las estructuras de protección ambiental" que han contribuido "decisivamente" a aumentar la deforestación y los incendios, especialmente en la región amazónica.
Doce fiscales solicitan de manera urgente que Salles sea condenado por irregularidad administrativa a penas como la pérdida del servicio público, la suspensión de sus derechos políticos, el pago de una multa y la prohibición de recibir beneficios e incentivos fiscales.
Asimismo, a través de una nota, la Fiscalía señala que los actos de Salles al frente de la cartera apuntan hacia una dirección "contraria a la efectividad del proyecto constitucional para el medio ambiente".
También se recuerda que con los incendios de 2019, se perdieron 318.000 kilómetros cuadrados de bosques, un récord histórico, y que desde que Salles asumió el cargo, el 2 de enero de 2019, la deforestación ha ido en aumento.
"Esos resultados son una consecuencia directa de la serie de medidas que Ricardo Salles tomó para debilitar la protección ambiental", destaca el texto, que añade que, desde que dirige la cartera, se ha registrado el menor número de multas por delitos ambientales en 20 años.
Reducción de presupuesto
Asimismo, se acusa al ministro de reducir el presupuesto ambiental en un 25 % y paralizar el Fondo Amazonas, destinado a la lucha contra la deforestación.
Los fiscales destacan que en 2020, Salles destituyó a tres coordinadores del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), tras una operación en la que se destruyeron unas 100 máquinas y equipos utilizados para cometer delitos ambientales. "En lugar de ser reconocidos por la efectividad de su trabajo, perdieron sus puestos", critican.
Por último, la Fiscalía apunta que las declaraciones que realizó en abril el ministro durante una reunión ministerial no dejan ninguna duda sobre sus actos. En ella, Salles dijo que la pandemia del coronavirus era una "oportunidad" para modificar las reglas y adoptar acciones sin pasar por el Congreso.
En una nota, enviada a los medios, el Ministerio de Medio Ambiente calificó las acusaciones contra el ministro de "argumentos infundados".
"La acción del grupo de fiscales tiene posiciones con evidente sesgo político-ideológico con un claro intento de interferir en las políticas públicas del Gobierno Federal", agregó.