La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en Minessotta (EE.UU.) tras ser inmovilizado por un policía ha elevado a nivel global la sensibilidad contra los casos de abusos de autoridad o de brutalidad policial. Ello ha puesto de manifiesto que este tipo de prácticas se llevan a cabo en numerosos lugares del mundo y que, como norma general, quienes más los sufren son determinadas minorías étnicas y los inmigrantes en situaciones irregulares.
España no es una excepción. Sentencias judiciales nacionales e internacionales han determinado que en el territorio español existen casos acreditados de tortura, y la cifra de muertes de personas bajo custodia policial alcanza allí los 72 casos en la última década.
Así lo detalla Francisco Miguel Fernández Caparrós, director del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que lleva años denunciando "las condiciones de detención y custodia que rigen dentro del Estado español", tal como él mismo explica.
"En España se tortura"
"El consejo de Europa, en su última visita a España en 2017, constató que en algunos comisarías se llegaron a encontrar hasta bates de béisbol en salas de interrogatorio", cuenta este activista, como ejemplo del grado de brutalidad que pueden alcanzar las prácticas abusivas o intimidatorias empleadas por los cuerpos policiales.
Preguntado directamente sobre si puede afirmarse que en España se recurre a la tortura, Fernández Caparrós explica que "España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por tortura, y existen condenas de los tribunales españoles a funcionarios del Estado también por tortura; por lo tanto, en España se tortura, por supuesto". Además, el activista añade que se trata de "una prácticaextendida en todo el ámbito de la Unión Europea (UE)". "Por desgracia no es una práctica que se haya erradicado de las instituciones públicas", agrega.
Para Fernández Caparrós, a la gravedad de estos hechos se suele sumar otra circunstancia igualmente preocupante: "Que una vez que ocurra no se investigue". "La mayor parte de las condenas al Estado español respecto a torturas o trato inhumano degradante han sido precisamente por no investigar suficientemente las denuncias", señala a este respecto el coordinador de APDHA.
El activista detalla también que "las personas migrantes en situación administrativa irregular o colectivos racializados como la población gitana" suelen sufrir estos tipos de violencia policial represiva con más frecuencia.