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El exdiplomático Bill Richardson viajará a Caracas para negociar la liberación de los estadounidenses implicados en la incursión marítima en Venezuela

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El viaje se hace "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses".

El exdiplomático Bill Richardson tiene previsto viajar a Caracas para negociar con el Gobierno venezolano la liberación de dos ciudadanos estadounidenses, detenidos tras la fallida incursión militar en las costas del país suramericano, informó este lunes el Centro Richardson.

De acuerdo a la organización, que busca la libertad para los estadounidenses en manos de gobiernos extranjeros, Richardson tiene previsto reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Entre los detenidos están dos exboinas verdes, aprehendidos durante la frustrada 'Operación Gedeón', ocurrida el pasado 3 de mayo.

De acuerdo al Centro Richardson, el exdiplomático accedió a hacer el viaje "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses".

Su propósito, además, es constatar el estado de los prisioneros y "otros asuntos humanitarios", supuestamente relacionados con el tema de la pandemia del nuevo coronavirus, según la organización.

Actualmente, en Venezuela están detenidos Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, ambos exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU., quienes fueron aprehendidos tras la fallida operación armada en la costa norte del país.

Además, están detenidos Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira, seis ejecutivos petroleros, exfuncionarios de la corporación petrolera Citgo. Cinco de ellos son venezolanoestadounidenses y uno residente permanente de EE.UU.

Estos hombres fueron aprehendidos en noviembre de 2017, bajo los cargos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.

Entonces, el fiscal venezolano, Tarek William Saab, afirmó que esos directivos "habrían fungido como facilitadores para la presión internacional de EE.UU. contra el país", al solicitar un préstamo por 4.000 millones de dólares, que ponía como garantía a la propia filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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