Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tienen mucho dolor, pero también esperanzas en que, ahora sí, la investigación avanzará para saber qué pasó con sus hijos y por fin se llegue a la verdad y haya justicia.
Esa fue la principal conclusión del encuentro que el viernes sostuvieron los familiares con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cierre de una semana en la que el caso dio un vuelco por completo gracias a la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes víctima de desaparición forzada.
La confirmación de la identidad de restos óseos se sumó a la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias 'El Mochomo', líder del cártel Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los estudiantes, y al proceso de extradición de Tomáz Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien huyó a Canadá.
Todo ello terminó de derrumbar "la verdad histórica" que quiso imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, al asegurar que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes, según esa versión oficial hoy desacreditada, los terminaron matando y quemando en un basurero.
Los padres y las madres prefirieron no hablar con la prensa después de ver al presidente. No pueden. El duelo interminable se exacerbó con la identificación de Rodríguez Telumbre. Por eso, en su lugar se pronunciaron Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quienes señalaron que el presidente les aclaró que ahora sí empieza "la investigación verdadera".
Cambio de ruta
Rosales explicó que, a pesar de que la noticia generó mucho dolor en todos, especialmente en el padre y la madre del joven asesinado, también ofrecía "una porción de verdad" que es necesaria.
"Resta ahora continuar las investigaciones para sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Las madres y los padres tienen claro que el hecho de que este hallazgo muestra que fue falsa la versión oficial, viene a marcar una ruta diferente", dijo.
Más allá del debate sobre si se terminó "la verdad histórica", agregó, hoy se tiene la certeza de que se está investigando y buscando el paradero de los estudiantes en distintos puntos, contrario a lo que hizo el gobierno de Peña Nieto que quiso cerrar el caso.
Rosales aseguró que en la reunión, en la que participaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense, las familias reconocieron la voluntad del gobierno de López Obrador para cambiar la narrativa de la desaparición masiva forzada que conmocionó a la sociedad mexicana.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, explicó que, con las últimas novedades del caso, los familiares confirmaron que lo que se les había dicho en estos seis años era mentira.
"La 'verdad histórica' ya venía, en realidad, evidenciada en sus realidades y debilidades, pero es real que no se había dado con el paradero de alguna víctima y en ese sentido este hallazgo marca un punto inflexión", señaló al recordar que durante estos años las familias de los desaparecidos y sus representantes tuvieron que luchar para delinear otras líneas de investigación.
Rosales y Aguirre afirmaron que López Obrador se comprometió a que la investigación continuará hasta encontrar a las víctimas y detener a los responsables.
'Ayotzinapos' inconformes
Las novedades no son bienvenidas por todos. Estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, nucleados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), denunciaron en un comunicado que el gobierno está lanzando "cortinas de humo" para usar el caso a su favor.
"Noticias estelares, comunicados de casos emblemáticos son muy convenientes para el gobierno en tiempos de crisis política y económica. Recientemente, como era de esperarse ante las críticas hacia el gobierno actual por el mal manejo de la pandemia, la crisis económica que se agudiza, el tren maya, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al líder del imperialismo yanqui, se está tirando del hilo del caso Ayotzinapa, a lo cual nos oponemos por ser solamente un instrumento mediático al servicio del Estado", aseguraron los estudiantes que forman parte del grupo más radicalizado de las escuelas normales rurales del país.
Se refirieron en particular a que, en plena pandemia, se anunciara "con bombo y platillo", la detención de 'El Mochomo', además de que advirtieron que las familias se enteran de los avances a través de las noticias y las redes sociales, y no por las autoridades.
Por otra parte, Rosario Piedra de Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró en entrevista con la revista Proceso que los estudiantes seguirán siendo buscados con vida hasta que haya pruebas de lo contrario, lo que también representa un cambio en el enfoque de la investigación.
"Hay siempre que partir de la presunción de que están vivos. ¿Qué hicieron los expertos internacionales? Ellos no partían de que estaban muertos, al menos lo que yo fui a escucharles. Ellos partían la búsqueda, viendo donde los habían secuestrado, a donde los habían llevado, si se los llevaron en un autobús. En fin, muchas interrogantes para seguir a una línea de investigación", dijo.
La extradición de Zerón
El mismo día de la reunión entre López Obrador y los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el canciller Marcelo Ebrard reveló que Tomáz Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal que ideó 'la verdad histórica', se encuentra prófugo en Canadá, por lo que ya comenzó el proceso de extradición.
"Impunidad no va a haber", prometió diez días después de que el fiscal general Alejandro Gertz advirtiera que Interpol buscaba a Zerón en más de 190 países. El exfuncionario está acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
El fiscal también anunció que se han girado órdenes de aprehensión en contra de 46 funcionarios del estado de Guerrero, que estaban acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.
En todos los casos, dijo, se trataba de líneas de investigación que no habían sido abordadas en el gobierno pasado, lo que confirma el giro dado por la gestión de López Obrador.