El inédito acoso de la extrema derecha al domicilio de un vicepresidente y una ministra en España cumple más de dos meses: ¿qué hay detrás?

Desde hace más de dos meses, el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ambos diputados de Unidas Podemos, tienen frente a su vivienda una multitud —normalmente decenas, pero en ocasiones centenas de personas— que exhibe pancartas y banderas de España, golpean cacerolas, gritan e insultan hasta altas horas de la noche.

Se trata de una situación inédita, que muchos califican de acoso, al afectar a dos miembros de un Ejecutivo elegido en las urnas que, además, conviven con sus tres niños: dos mellizos que acaban de cumplir dos años, y una bebé que todavía no alcanza el año de edad.

Lo que comenzó como un escrache espontáneo al albur de lo que se conoció como la protesta de los 'Cayetanos' —manifestaciones en el barrio más rico de Madrid contra el confinamiento decretado por el Gobierno para luchar contra la pandemia de coronavirus— se ha convertido en actos diarios organizados, que ya superan las 70 jornadas consecutivas.

Organizado por simpatizantes de extrema derecha

Las protestas a las puertas de la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar, un municipio de 33.000 habitantes a poco más de 30 kilómetros de Madrid, no reivindican ninguna política o medida legislativa concreta, sino que su objetivo es "echar" a los dos políticos del lugar e incluso, del país.

Así lo resumió el pasado 8 de junio Cristina Gómez Carvajal, concejal de Vox en el Consistorio de Galapagar y una de las impulsoras de estas concentraciones, de las que ha publicado numerosos videos.

"Nos vais a tener aquí todos los días, no os preocupéis, que somos muy bien mandados, hasta que os aburramos y os vayáis a Venezuela con Maduro", decía en una de esas grabaciones.

Otro de los promotores de las 'guardias' en este domicilio familiar es Francisco Zugasti, presidente de la Asociación Projusticia, contraria a la ley de Violencia de Género y que niega la existencia de esta violencia machista.

Zugasti es simpatizante y votante de Vox, y acude todos los días a las puertas de los Iglesias-Montero, a pesar de vivir casi a 40 kilómetros. Asiste al domicilio siempre cargado con banderas de España, tanto constitucionales comofranquistas; con cacerolas y otros utensilios, antes de que empezaran a multarles por el ruido; y con varios carteles y pancartas.

Las protestas que lleva a cabo Zugasti tienen un claro componente ideológico, pero no expresan reivindicaciones políticas concretas, sino que exhibe ataques personales y simbología franquista.

Así, pasea en ocasiones con la bandera vigente bajo la dictadura, pone a todo volumen el 'Cara al Sol' (uno de los himnos oficiales del franquismo), muestra pancartas en las que llama a Iglesias "hijo de terrorista" e insulta de forma machista a Montero, diciendo que su único mérito "es tener las rodilleras gastadas".

La Justicia archiva la querella

Por el momento, la Justicia no ha dado la razón a los dos políticos. A finales de junio, Montero interpuso una querella contra Cristina Gómez por los delitos de acoso y coacciones. 

La magistrada del juzgado número 4 de Collado Villalba ha archivado esta querella, amparando las manifestaciones alrededor de la casa bajo la libertad de expresión: "Ninguna alteración grave de la vida cotidiana de la querellante se ha constatado, ni tampoco se ha concretado por la reseñada en qué medida se ha producido esa alteración", sostiene el auto de la magistrada.

Lo cierto es que la vida privada de estos dos políticos ha cambiado desde el pasado 17 de mayo, cuando todavía estaba vigente el estado de alarma, que obligaba al confinamiento de la población. Montero ha recurrido el archivo.

La crisis económica abrió las puertas a los escraches

A partir del año 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) dio a conocer en España los escraches, que se popularizaron en Argentina. En aquel momento, cuando se desahuciaba a más de 500 personas cada día (lo que provocó el suicidio de muchas de ellas), el objetivo de estas protestas fueron políticos del Partido Popular (PP), entonces en el Gobierno, a los que se culpaba de las medidas que dieron lugar a estos sucesos y se les exigía la aprobación de la dación en pago, entre otras medidas. 

Se trataba de protestas de calle o en las puertas de sus domicilios, que duraban unos minutos y en ocasiones un par de horas, y que reclamaban medidas políticas específicas.

Algunos de los políticos que los sufrieron fueron la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro; o la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ahora se debate sobre si son comparables unas protestas puntuales para exigir cambios legislativos, frente a unas manifestaciones que duran ya dos meses y medio a las puertas del hogar de una familia con menores de edad.

Nuria López